Después de la presentación del borrador del informe del examen a la deuda del Estado, el excontralor Marcelo Merlo, quien es parte del equipo de veedores, explicó que las 30 autoridades del ciclo 2012-2017 involucradas en el informe tendrán un plazo de cinco días a partir de la recepción del documento para presentar sus argumentos u objeciones.
Todo el proceso, desde la conformación de la veeduría, hasta que Contraloría emita un informe final, cuenta con un plazo de 180 días, plazo que termina a finales de abril.
“Pero Contraloría podría terminar un poco antes”, explica. “Se establecerán responsabilidades que pueden ser administrativas o civiles, como órdenes de reintegro, multas o glosas; incluso responsabilidades penales”, agrega. En el caso de haber indicios de responsabilidad penal, el proceso pasaría a manos de la Fiscalía General.
Crítica
“El país se excedió considerablemente del límite endeudamiento, de forma forzada, cuando lo que se requería es enviar un plan de recuperación y sostenimiento económicos para aprobación de la Asamblea”, dice, de su lado, el analista Ramiro Crespo, también veedor.
Coincide el exvicepresidente León Roldós. Como veedor destaca que esta cifra de pasivos e incluso la de endeudamiento “difieren considerablemente de las expuestas por el Gobierno de Correa”. Agrega que estas cifras todavía deben ser revisadas y los montos podría ser mayores.
La variación, explica Crespo, se debe a que faltó información por parte de las personas auditadas. Explicó que a la Contraloría “se le ha dado información incompleta, distorsionada y desordenada”, dijo. “El juez de cuentas tuvo mucha dificultad en poder realizar la auditoría de cuentas”.
De su parte, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, considera que el anterior Gobierno “modificó la normativa para manipular la deuda”, comentó.
En este sentido, destaca que no están claro los rubros de la preventa petrolera y la declaratoria de reserva a gran parte de la información económica sobre la deuda. (LGP/IFP)
Algunas inobservancias dentro de un proceso que buscaba liquidez
1.- Se limitó “indebidamente” el acceso a la información, en tanto el equipo de auditores no contó oportunamente con documentación certificada. Desde enero de 2017 la página web del Ministerio de Economía y Finanzas ya no se ubicaban los boletines sobre la deuda.
2.- No se observó la prohibición de que los gastos se financien con recursos provenientes de la deuda, lo cual incumple el artículo 290 de la Constitución.
3- La documentación de la deuda se mantuvo como un secreto. Por ello, se considera que esta actuación del Ministerio de Economía y Finanzas fue una limitación indebida en el acceso a la información.
4.- Los valores por la venta anticipada de petróleo no se registraron en las estadísticas de la deuda pública. Al 31 de diciembre de 2016, la deuda relacionada con la venta anticipada de petróleo, sumó USD 1.679 millones. Por tanto, si se añade dicho valor con el estimado de la deuda para entonces, USD 38.000 millones, ya se había pasado el límite legal de endeudamiento, con un 41,38% en relación al PIB, cuando el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que el techo es del 40%.
5.- Estas operaciones de deuda, según los hallazgos de los auditores, no fueron satisfechas únicamente con crudo sino también con pagos en dólares. Así, al 24 de mayo de 2017, el saldo de la deuda relacionada con la venta anticipada de petróleo alcanzó los USD 2.367 millones. En esa fecha, por tanto, el dato macro de la deuda trepó al 41,84% en relación con el PIB.
6.- El Decreto 1218 determinó que la deuda interna no sea registrada dentro del monto total de la deuda pública. Esto supuso que alrededor de USD 12.000 millones de deuda interna no se incluyan en los montos globales de deuda pública.
7.- La relación entre Petroecuador y el Bank of China. Por un convenio de 2014 entre la estatal petrolera y el Ministerio de Finanzas, Petroecuador se ocupó de la consecución de recursos en los mercados internacionales. Esto contraviene el artículo 315 de la Constitución que dicta las funciones de las empresas públicas.