Luego de un pedido de Unidad Popular, incluyó este tema en el análisis que hace a la Vicepresidencia.
El pasado jueves, Día de los Difuntos, el vicepresidente, Jorge Glas, cumplió un mes tras las rejas por la prisión preventiva que en su contra se dictó dentro del caso de asociación ilícita por la corrupción de Odebrecht. Según el segundo mandatario y su defensa, goza de vacaciones con sueldo y por octubre, pese a que no trabajó, recibió su salario de 6.011 dólares.
Alonso López y Jorge Escala, militantes de Unidad Popular, han venido presionando a la Contraloría para que suspenda ese sueldo. Argumentan, entre otras cosas, que en su momento ese organismo dejó sin sueldo a la exlegisladora oficialista Esperanza Galván, procesada por corrupción y encarcelada mientras desempeñaba el cargo.
La Contraloría analiza ese pedido dentro de un “examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Vicepresidencia por el periodo comprendido entre el 2 de agosto y el 4 de octubre de 2017”.
Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, explicó que basaron el pedido en el hecho de que el numeral 2 del artículo 53 de la Ley de la Contraloría establece como “pago indebido” a “cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o sin que el beneficiario hubiera prestado servicio, o lo hubiere cumplido parcialmente”.
“No se puede pagar por un trabajo no realizado. Él está ausente, ha sido reemplazado, el Estado no puede pagar doble sueldo por una función”, dice Atarihuana.
Análisis
Según el constitucionalista Juan Pablo Aguilar, de determinar la Contraloría, luego de su examen, que el pago del sueldo fue indebido, debe ordenar el reintegro de lo pagado. “Si el pago no es legal, procede la devolución de la plata y ordenar que, en adelante, no se pague”, sostiene.
6.011
dólares es el sueldo del Vicepresidente de la República. Sin embargo, aclara que ese escenario solo es posible si se determina jurídicamente la ilegalidad del pago, ya que si se acoge la teoría de Glas de que goza de sus vacaciones, el pago no sería ilegal.
Consultado sobre su posición al respecto, el abogado del Vicepresidente, Eduardo Franco Loor, prefirió no pronunciarse por el momento. (MMD)
El ‘antecedente Galván’
En el informe a la nación del 24 de mayo de 2015, el expresidente Rafael Correa anunció uno de los casos de corrupción que involucraron a gente de su partido, Alianza PAIS. Al salir de esa ceremonia, la asambleísta Esperanza Galván fue detenida y luego condenada por haber exigido 800.000 dólares para gestionar un contrato de la empresa de Agua Potable de Esmeraldas.
Tras su detención, la Asamblea no le retiró el sueldo, hasta que la Contraloría se pronunció, expresando que era un pago indebido. En noviembre de 2015, Galván fue declarada culpable del delito de cohecho y sentenciada a 3 años de prisión.