Tras detallar de una en una las obras entregadas por Odebrecht al Estado ecuatoriano, el Gobierno, por medio de un comunicado, aseguró que todos los contratos a la brasileña, salvo uno, fueron adjudicados mediante concurso público. Asimismo, advirtió que “no permitirá” que las denuncias sean “selectivas”, como sucedió con los ‘Panama Papers’, donde se involucró al vicepresidente, Jorge Glas.
«La conducta del Gobierno Nacional siempre ha sido transparente y decidida en función de los intereses de la Patria”, cita el documento. Sin embargo, también advierte “tampoco permitiremos que ocurra lo que sucedió con los llamados ‘Panama Papers’, donde las denuncias fueron selectivas y algunas veces claramente sesgadas, tratando de involucrar por motivaciones políticas hasta al propio Vicepresidente de la República (Jorge Glas)”.
El Gobierno aseguró que tampoco acepará “sin pruebas ni beneficio de inventario” las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción.
Las obras con el Estado
Odebrecht inició sus operaciones en Ecuador en 1987, con la construcción del trasvase Santa Elena, en Guayas. Fue expulsada en 2008 tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, pero volvió a trabajar con el Estado en julio de 2010, luego de que aceptara las condiciones exigidas por el Gobierno.
Con eso, la firma brasileña debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55,7 millones de dólares, así como pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central.
Los contratos con la firma que el Gobierno ha ejecutado después de 2010 son el trasvase Daule Vinces, por $299,36 millones; la central hidroeléctrica de Manduriacu, por $199,9 millones; la preparación de terreno para la refinería del Pacífico por $303 millones; el acueducto La Esperanza por $296,01 millones; y el poliducto Pascuales-Cuenca, por $547 millones. “En todas estas obras, Odebrecht participó y ganó en concursos abiertos”, se indicó.
Según el comunicado del Gobierno, la única obra que la empresa ejecutó por emergencia fue la reparación urgente de la hidroeléctrica Pucará, inaugurada en 1977, cuyo túnel colapsó en octubre de 2011 debido a fallas geológicas. El monto del contrato fue de $24,2 millones y la central volvió a entrar en operación en noviembre de 2012. (LGP)}
Póngale el ojo
° Ayer también se conoció que el Consejo de Participación Ciudadana dispuso a su Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que “se inicien las acciones necesarias para apoyar la investigación de la Fiscalía”.
Por otro lado, el candidato a asambleísta César Montúfar anunció que hoy acudirá a la Fiscalía General del Estado para entregar un documento con un conjunto de acciones basadas en la Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), para recabar información crucial en el mencionado caso y agilitar el proceso de investigación.