Un comunicado del Comité de solidaridad Furukawa ha expresado sobre el caso Furukawa que: “el juez Carlos David Vera Cedeño, de la Unidad de Violencia de la Mujer en Santo Domingo inadmitió la acción de protección presentada el 12 de diciembre en contra de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y del Estado ecuatoriano. Denunciamos que esta decisión constituye una nueva violación a los derechos humanos de los trabajadores de la compañía en tanto dificulta el acceso a la Justicia y a la tutela judicial oportuna y efectiva”.
Sobre el tema, Fernanda Poveda, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa que el argumento de la inadmisión por falta de competencias es errado y el último lunes colocaron una apelación. Ahora, están a la espera de la resolución, pues lo que se busca es que se declare la vulneración de derechos humanos por parte de la empresa Furukawa por acción y por omisión del Estado.
El comunicado también informa que “durante la última semana, las y los trabajadores del de la hacienda Vilma C, ubicado en el kilómetro 33 de la vía a Quevedo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, denunciaron la demolición de otro campamento. Este hecho implicaría un nuevo desplazamiento forzado de las víctimas quienes, frente a la inacción deliberada del Estado ecuatoriano y la impunidad, continuaban habitando en sus tierras, cosechando y produciendo fibra de abacá para la empresa Furukawa.
Un comunicado del Comité de solidaridad Furukawa ha expresado sobre el caso Furukawa que: “el juez Carlos David Vera Cedeño, de la Unidad de Violencia de la Mujer en Santo Domingo inadmitió la acción de protección presentada el 12 de diciembre en contra de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y del Estado ecuatoriano. Denunciamos que esta decisión constituye una nueva violación a los derechos humanos de los trabajadores de la compañía en tanto dificulta el acceso a la Justicia y a la tutela judicial oportuna y efectiva”.
Sobre el tema, Fernanda Poveda, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa que el argumento de la inadmisión por falta de competencias es errado y el último lunes colocaron una apelación. Ahora, están a la espera de la resolución, pues lo que se busca es que se declare la vulneración de derechos humanos por parte de la empresa Furukawa por acción y por omisión del Estado.
El comunicado también informa que “durante la última semana, las y los trabajadores del de la hacienda Vilma C, ubicado en el kilómetro 33 de la vía a Quevedo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, denunciaron la demolición de otro campamento. Este hecho implicaría un nuevo desplazamiento forzado de las víctimas quienes, frente a la inacción deliberada del Estado ecuatoriano y la impunidad, continuaban habitando en sus tierras, cosechando y produciendo fibra de abacá para la empresa Furukawa.
Un comunicado del Comité de solidaridad Furukawa ha expresado sobre el caso Furukawa que: “el juez Carlos David Vera Cedeño, de la Unidad de Violencia de la Mujer en Santo Domingo inadmitió la acción de protección presentada el 12 de diciembre en contra de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y del Estado ecuatoriano. Denunciamos que esta decisión constituye una nueva violación a los derechos humanos de los trabajadores de la compañía en tanto dificulta el acceso a la Justicia y a la tutela judicial oportuna y efectiva”.
Sobre el tema, Fernanda Poveda, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa que el argumento de la inadmisión por falta de competencias es errado y el último lunes colocaron una apelación. Ahora, están a la espera de la resolución, pues lo que se busca es que se declare la vulneración de derechos humanos por parte de la empresa Furukawa por acción y por omisión del Estado.
El comunicado también informa que “durante la última semana, las y los trabajadores del de la hacienda Vilma C, ubicado en el kilómetro 33 de la vía a Quevedo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, denunciaron la demolición de otro campamento. Este hecho implicaría un nuevo desplazamiento forzado de las víctimas quienes, frente a la inacción deliberada del Estado ecuatoriano y la impunidad, continuaban habitando en sus tierras, cosechando y produciendo fibra de abacá para la empresa Furukawa.
Un comunicado del Comité de solidaridad Furukawa ha expresado sobre el caso Furukawa que: “el juez Carlos David Vera Cedeño, de la Unidad de Violencia de la Mujer en Santo Domingo inadmitió la acción de protección presentada el 12 de diciembre en contra de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y del Estado ecuatoriano. Denunciamos que esta decisión constituye una nueva violación a los derechos humanos de los trabajadores de la compañía en tanto dificulta el acceso a la Justicia y a la tutela judicial oportuna y efectiva”.
Sobre el tema, Fernanda Poveda, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos expresa que el argumento de la inadmisión por falta de competencias es errado y el último lunes colocaron una apelación. Ahora, están a la espera de la resolución, pues lo que se busca es que se declare la vulneración de derechos humanos por parte de la empresa Furukawa por acción y por omisión del Estado.
El comunicado también informa que “durante la última semana, las y los trabajadores del de la hacienda Vilma C, ubicado en el kilómetro 33 de la vía a Quevedo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, denunciaron la demolición de otro campamento. Este hecho implicaría un nuevo desplazamiento forzado de las víctimas quienes, frente a la inacción deliberada del Estado ecuatoriano y la impunidad, continuaban habitando en sus tierras, cosechando y produciendo fibra de abacá para la empresa Furukawa.