La producción privada y estatal de petróleo afronta un panorama de inseguridad e incertidumbre, a causa del sabotaje de pobladores amazónicos que protestan contra el gobierno y cuya acción motivó la adopción del estado de emergencia en la provincia de Napo.
Los manifestantes han ocupado estaciones de bombeo, afectando el transporte de crudo por los oleoductos estatal y privado.
Amparado en el estado de excepción, que lo faculta para restringir algunos derechos constitucionales, el presidente Alfredo Palacio dispuso el envío de tropas a la zona paralizada desde el lunes por autoridades y habitantes que reclaman recursos.
«En este momento están reforzadas las guarniciones de todas las estaciones de bombeo del oriente, protegidas las dos tuberías y estamos haciendo los mayores esfuerzos para que el bombeo se reinicie», señaló el secretario de la Administración, Modesto Apolo.
Según el funcionario, el vandalismo le está generando al Estado pérdidas diarias de unos 15 millones de dólares.
Mientras tanto, los precios del petróleo subieron en el mercado internacional luego de los incidentes en Ecuador, según reportó la BBC. El alza fue de más de un dólar en la Bolsa de Londres.
A diferencia de otras huelgas, El presidente Alfredo Palacio ha obrado enérgicamente para sofocar la revuelta en Napo.
Ayer el gobierno sugirió que el ex presidente Lucio Gutiérrez, está detrás de las violentas protestas.
Militares controlan ingreso al Oriente
El intenso frío que se siente en el páramo de Papallacta no es impedimento para que grupos de tres y cuatro militares permanezcan vigilando la carretera Quito-Lago Agrio y todas las instalaciones consideradas sensibles.
Los militares están en la vía, en las estaciones del agua potable que abastece a Quito, las gasolineras y las instalaciones petroleras. Su presencia responde al estado de emergencia decretado la noche del martes en la provincia de Napo, que hasta las 18h00 de ayer mantenía un paro indefinido.
En poder de los militares está casi todo. Hasta las 15h00 de ayer solo les faltaba ingresar a la Estación de Bombeo de Sardinas, perteneciente al Oleoducto de Crudos Pesados (OC), donde unos cien manifestantes permanecían desde el lunes.
En la carretera Baeza-Borja-Chaco-Lago Agrio los militares se dedicaron a mirar a los manifestantes que ondeaban banderas tricolores, y a escuchar gritos como: “Vengan que ya quiero pelear” o “terminemos esto de una vez por todas”, que también se mezclaban con algún golpe en los hierros de la instalación petrolera privada.
Según un vocero de OCP, en el interior de la Estación Sardinas están retenidos 24 técnicos que se encargaban de operar las máquinas. Por seguridad, el bombeo de crudo por ese oleoducto aún estaba suspendido.
Por esa alta sensibilidad, el ingreso a ese lugar se analizaba con mucho detenimiento. Los policías y militares descartaron el uso de bombas lacrimógenas y prefirieron el diálogo, aunque parecía infructuoso.
Desalojados
Bombas lacrimógenas sí usaron los militares y policías en la Y de Baeza. Eran las 12h28 cuando el temor de los manifestantes se hizo realidad. Mientras por un micrófono alguien arengaba a la población a mantener el paro e indicaba que en 15 minutos les desalojarán, las bombas comenzaron a caer.
Una cortina de humo gris comenzó a surgir, mientras los manifestantes corrían, unos por la vía a Baeza antigua, otros por la vía a Borja y otros por los potreros.
El plan A del cual hablaban los dirigentes (una posible emboscada desde lo alto de una montaña) no funcionó. Los militares los sorprendieron y a punta de bombas lacrimógenas ahuyentaron a los manifestantes.
Para lograr el desalojo de unos 200 manifestantes, los militares avanzaban por las calles pavimentadas, mientras los policías iban por los potreros y las montañas, pero siempre lanzando bombas lacrimógenas.
Así lograron que las personas se vayan de la Y de Baeza, pero quedaron escombros, tierra y piedras que impedían el paso. Los que sí avanzaron la marcha fueron los militares: rumbo a Sardinas.
Allí la situación era más tensa. La fuerza pública actuaba con tino, pues estaban conscientes del peligro que representaba el hecho de que una estación petrolera esté en manos de los protestantes.
En horas de la tarde las protestas retornaron a la vía a Baeza antigua, y también en Tena se habrían recrudecido, al conocer que el Gobierno mantenía inalterable su posición de no dialogar.
Descartan represión
Temprano, el secretario de la Administración Pública, José Modesto Apolo, estimó que los pedidos de las provincias amazónicas, son aspiraciones “represadas desde hace 30 años”.
A esto añade que ello significa “que el Gobierno de Palacio deba enfrentar aspiraciones represadas que se están reprogramando para poder cumplir de una manera eficaz y dentro de las posibilidades del régimen”.
Apolo confirmó que el ministro de Economía, Diego Borja, será el encargado de llevar a cabo las negociaciones y de establecer una agenda de pago. “Se van a atender las demandas priorizadamente y con agenda”, dijo Apolo.
Además, señaló que las protestas parecerían dirigidas desde la Cárcel 4, en alusión al ex presidente Lucio Gutiérrez.
De su lado, el ministro de Energía, Iván Rodríguez, responsabilizó a Petroecuador de lo que está ocurriendo. “Parecería ser que las personas que han hecho estos ataques tendrían información de gente de adentro”, dijo.
No acepta renuncia
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, no aceptó la renuncia del coronel Marco Miño, gobernador de Napo, por haber sido un buen mediador. Pero Miño manifestó su posición a favor de su pueblo que dijo ha esperado más de ocho meses para realizar un diálogo.
Ante la dimisión de Miño, la Gobernación estaba encargada a Virgilio Tobar.
Policías y militares
– Los policías formaron un cordón de seguridad en el sector de Guagrayacu, impidiendo el ingreso de toda persona o vehículo hacia Baeza.
– La policía movilizó a unos 400 efectivos. Y los militares utilizaron a mil. Se esperaba que lleguen refuerzos del cuerpo de ingenieros.
– Entre algunos habitantes se rumoraba el uso de dinamita para emboscar a las fuerzas públicas. Dos policías fueron heridos con dinamita.
– Los choferes de los camiones que mueven mercadería hacia el Oriente permanecen en Guagrayacu, jugando 40 o fútbol.
Autoridades – Fueron liberados
– Gina Sanmiguel, prefecta del Napo.
– Washington Varela, alcalde de Tena.
– Rigoberto Reyes, alcalde de Santa Clara.
– Había ocho manifestantes detenidos.
– Tito Benavides, comunicador, está entre los presos.
Los heridos
Civiles
– Daniel Guzmán, grave.
– Joel Vargas, grave.
– Dos policías: Gonzalo Mora y Leonardo Oviedo, con daños en las extremidades inferiores.
– 11 serían los heridos en total. Cinco policías entre ellos.
El Decreto – Lo que afecta
– Suspende la libertad de opinión y expresión.
– Autoriza allanar los domicilios, la correspondencia y se prohíbe la libertad de asociación y de reuniones.
– Ordena la movilización de recurso humano y económico.
– Ordena sancionar penalmente los sabotajes o la paralización de los servicios públicos.
OPINIONES
“El Estado de emergencia viola los derechos de la población del Napo”.
Javier Cajilema, diputado del MPD.
“A Napo solo le atienden cuando paraliza la producción de petróleo”.
Domingo Tanguila, diputado de Pachakutik.
“Responsabilizamos al ministro de Gobierno por la seguridad de los habitantes”.
José Pérez, diputado independiente.
ANÁLISIS
La lucha es del pueblo
Mario Montes, consejero del Napo.
Los petitorios son parte de la lucha del pueblo de Napo y no de momentos electorales. Si se ha perdido la venta de crudo, es culpa del Gobierno, por no dar una solución rápida para terminar con la medida de hecho. Hoy se le cobra la factura al Gobierno por no cumplir, ha preferido pagar compromisos externos.