A un mes de la denuncia pública, no se sabe dónde están los papeles que respaldan las inversiones.
El 22 de septiembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el Instituto de Seguridad de la Policía (Isspol) se involucró, desde hace más de cinco años, en inversiones sospechosas y posiblemente fraudulentas, las cuales comprometen $534 millones de un portafolio total de $1.500 millones.
Esas inversiones se agrupan en dos grandes operaciones. Por un lado, $207 millones en repos o acuerdos de recompra con deuda externa ecuatoriana; y por otro, $327 millones en un canje de bonos locales por certificados de “global depositary notes” (GDNs).
El problema central es que Isspol apenas recibió $30 millones de los dividendos que le corresponden y nunca tuvo en su poder los papeles que debió recibir a cambio por los bonos. Cuando se pidió explicación al intermediario de las operaciones, Jorge Chérrez, dijo que no tenía liquidez para asumir los pagos, tampoco aclaró con qué bancos o instituciones del exterior se hizo las inversiones, o dónde estarían los papeles que avalan la propiedad de la Isspol.
Camino incierto
Según Romo, después de varias semanas de informaciones contradictorias, el Depósito Centralizado de Valores (Decevale), que es donde supuestamente estaban custodiados los papeles, aceptó que nunca tuvo nada y que el depositario era una empresa en Estados Unidos.
Al hacer las averiguaciones correspondientes, las autoridades nacionales descubrieron que esa empresa es Institucional Custody Services, pero está inactiva desde hace dos años y es propiedad del mismo Chérrez. Ahí tampoco se encontró ningún valor a nombre de Isspol.
El único rastro certero, que se ha podido seguir lleva, hasta Citibank NA Nats Cumco, que es una compañía incluida dentro del Citigroup. Se presume que $200 millones de los $534 millones de Isspol están en la cuenta que esa compañía tiene en la custodia de valores del Banco Central del Ecuador (BCE).
Sin embargo, no se sabe cómo llegaron hasta allá y quiénes son los actuales dueños, por eso las autoridades nacionales han pedido que no se hagan transacciones con esos valores hasta que se pueda demostrar que el Instituto de la Policía es el propietario.
Incierto futuro para Decevale
Ayer, el Gobierno realizó el pedido formal, ante la superintendencia de Compañías, para que se inicie el proceso de liquidación definitiva de Decevale. Romo considera inaceptable que no tengan ningún soporte de las inversiones y que, como defensa, se haya argumentado que nunca supieron de las operaciones porque todo fue manejado, a título personal, entre Luis Álvarez, exgerente operativo, Jorge Chérrez y el exdirector de Isspol, General David Proaño.
La Ministra de Gobierno aseguró que el Depósito y Custodia de Valores del Banco Central (DCV) podría suplir las funciones de Decevale sin provocar problemas en el mercado de valores.
Antonio Cornejo, experto y Gerente Fondos de Inversión Fiducia S.A, explicó que la liquidación de Decevale es grave porque esa compañía es el custodio, compensador y liquidador del 90% de las operaciones bursátiles del sector privado.
“Más que de un proceso de liquidación se debería hablar, si acaso, de cambio de control o una nueva compañía con un nuevo grupo de accionistas y controladores. El traspaso de responsabilidades podría durar semanas y meses”, acotó
Además, la liquidación solo podrá ser decidida por la Superintendencia de Compañías luego de que la intervención de Decevale arroje evidencias sobre incumplimientos expresos establecidos en el artículo 361 de la Ley de Compañías. Todo ese proceso podría tomar años.
Investigación dispersa
Patricio Carrillo, comandante general de la Policía, lamentó que esa dispersión de las demandas (ver recuadro) haya impedido que se avance en las investigaciones y se pueda construir una teoría del caso. “Hacemos un pedido a la Fiscalía General para que se agrupe todo en un solo proceso”.
Romo reconoció que el sistema judicial no tiene expertos en operaciones bursátiles y en los organismos de control tampoco hay el personal que se necesita para esclarecer el caso. “El Ministerio de Economía contratará , lo más pronto posible, a una empresa internacional que realice una auditoría forense”, acotó.
Los nulos avances judiciales provocaron que, el 29 de septiembre, uno de los principales involucrados, Luis Álvarez, haya salido del país sin ningún tipo de impedimento.
Carrillo considera que se puede configurar una “gigantesca colusión” de actores públicos y privados, incluyendo a las ex autoridades de las Superintendencias de Compañías y Bancos, debido a la falta de control. Sin embargo, nada se puede esclarecer sin un adecuado manejo judicial. (JS)
“La recuperación de las inversiones y el dinero tomará mucho tiempo. Los papeles que hemos detectado, si bien no están perdidos, tampoco podemos decir que son nuestros hasta que se complete el periodo de investigación”. María Paula Romo, ministra de Gobierno.
Demandas y culpables
- A la fecha, tanto autoridades de Gobierno como de Isspol y la misma Superintendencia de Compañías han presentado seis demandas penales y dos civiles.
- Sin embargo, todos los procesos han recaído en diferentes fiscalías de Quito y Guayaquil.
- Hasta el momento, los principales responsables de la trama detectados por el Gobierno son: Jorge Chérrez, Luis Álvarez, exdirector del Isspol; el general David Proaño y Decevale.
