Imparcialidad: reto de la comisión para investigar protestas

POSTURA. Bancadas quieren determinar a los responsables de la violencia en las protestas.
POSTURA. Bancadas quieren determinar a los responsables de la violencia en las protestas.
POSTURA. Bancadas quieren determinar a los responsables de la violencia en las protestas.
POSTURA. Bancadas quieren determinar a los responsables de la violencia en las protestas.
POSTURA. Bancadas quieren determinar a los responsables de la violencia en las protestas.
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POSTURA. Bancadas quieren determinar a los responsables de la violencia en las protestas.
POSTURA. Bancadas quieren determinar a los responsables de la violencia en las protestas.

A pesar de las acusaciones y discrepancias en la Asamblea sobre las protestas por las medidas económicas del Gobierno, hay una cosa en la que todos los legisladores coinciden: es necesario investigar qué pasó durante los 11 días de manifestaciones y determinar a los responsables.

El Pleno aprobó una resolución que, además de reafirmar el respaldo al régimen democrático, propone conformar una comisión ocasional multipartidista, integrada por siete legisladores, uno por cada agrupación política: PAIS, CREO, SUMA, Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y las bancadas BIN y BADI.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá sesionar la próxima semana para aprobar la conformación de la Comisión, para que sea el Pleno el que defina los integrantes. Por eso, lo bloques también ya analizan quiénes serán sus delegados para trabajar durante 30 días en el proceso de fiscalización y control político.

¿Qué harán?
La resolución establece que la Comisión analizará el período del 2 al 13 de octubre. El objetivo es fiscalizar “las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia y realizar un seguimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo”.

El presidente de la Asamblea solicitará que se convoque a una mesa interinstitucional conformada por la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Conferencia Episcopal, universidades y otros organismos para que presenten sus observaciones.

Aunque los lineamientos generales están definidos, todavía hay preguntas pendientes: ¿Qué autoridades deberían comparecer? ¿Se debe investigar si hubo legisladores que incidieron en la desestabilización? ¿Se debe analizar la teoría oficialista de un intento de golpe de Estado desde el correísmo?

Posiciones
Desde PAIS, Ximena Peña y Ana Belén Marín insisten en que se debe tener “insumos objetivos de lo que pasó” y que no tenga “sesgos políticos ni persecuciones”, respectivamente. Creen que no ameritaría una investigación a los tres legisladores correístas, que buscan asilo en la embajada de México, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, pues no existe ningún elemento en su contra.

EL DATO
El informe que realice la comisión multipartidista se enviará a las instancias correspondientes, en caso de que existan indicios de responsabilidades penales.En ese punto, Raúl Tello (BADI) discrepa: “Es menester que se investigue si han existido responsabilidades en hechos delictivos de determinados asambleístas”. A su criterio, además, los ministros de Gobierno, María Paula Romo; Defensa, Oswaldo Jarrín, y Finanzas, Richard Martínez, deben comparecer en la mesa.

Eddy Peñafiel (BIN) coincide porque cree que hay presunciones “que no solamente fue una manifestación del pueblo, sino también de desestabilizar al régimen y un golpe de Estado”. Él cree que se debe llamar a la fiscal general, Diana Salazar, y al responsable del Servicio de Inteligencia para explicar por qué no se alertó sobre la situación.

Por su parte, Héctor Muñoz (SUMA) sostiene que se debe determinar cuál será el alcance de la Comisión, que a criterio de Doris Soliz (RC) debe garantizar una investigación imparcial que determine “realmente de dónde se generaron los actos de violencia”. (AGO)

A pesar de las acusaciones y discrepancias en la Asamblea sobre las protestas por las medidas económicas del Gobierno, hay una cosa en la que todos los legisladores coinciden: es necesario investigar qué pasó durante los 11 días de manifestaciones y determinar a los responsables.

El Pleno aprobó una resolución que, además de reafirmar el respaldo al régimen democrático, propone conformar una comisión ocasional multipartidista, integrada por siete legisladores, uno por cada agrupación política: PAIS, CREO, SUMA, Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y las bancadas BIN y BADI.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá sesionar la próxima semana para aprobar la conformación de la Comisión, para que sea el Pleno el que defina los integrantes. Por eso, lo bloques también ya analizan quiénes serán sus delegados para trabajar durante 30 días en el proceso de fiscalización y control político.

¿Qué harán?
La resolución establece que la Comisión analizará el período del 2 al 13 de octubre. El objetivo es fiscalizar “las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia y realizar un seguimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo”.

El presidente de la Asamblea solicitará que se convoque a una mesa interinstitucional conformada por la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Conferencia Episcopal, universidades y otros organismos para que presenten sus observaciones.

Aunque los lineamientos generales están definidos, todavía hay preguntas pendientes: ¿Qué autoridades deberían comparecer? ¿Se debe investigar si hubo legisladores que incidieron en la desestabilización? ¿Se debe analizar la teoría oficialista de un intento de golpe de Estado desde el correísmo?

Posiciones
Desde PAIS, Ximena Peña y Ana Belén Marín insisten en que se debe tener “insumos objetivos de lo que pasó” y que no tenga “sesgos políticos ni persecuciones”, respectivamente. Creen que no ameritaría una investigación a los tres legisladores correístas, que buscan asilo en la embajada de México, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, pues no existe ningún elemento en su contra.

EL DATO
El informe que realice la comisión multipartidista se enviará a las instancias correspondientes, en caso de que existan indicios de responsabilidades penales.En ese punto, Raúl Tello (BADI) discrepa: “Es menester que se investigue si han existido responsabilidades en hechos delictivos de determinados asambleístas”. A su criterio, además, los ministros de Gobierno, María Paula Romo; Defensa, Oswaldo Jarrín, y Finanzas, Richard Martínez, deben comparecer en la mesa.

Eddy Peñafiel (BIN) coincide porque cree que hay presunciones “que no solamente fue una manifestación del pueblo, sino también de desestabilizar al régimen y un golpe de Estado”. Él cree que se debe llamar a la fiscal general, Diana Salazar, y al responsable del Servicio de Inteligencia para explicar por qué no se alertó sobre la situación.

Por su parte, Héctor Muñoz (SUMA) sostiene que se debe determinar cuál será el alcance de la Comisión, que a criterio de Doris Soliz (RC) debe garantizar una investigación imparcial que determine “realmente de dónde se generaron los actos de violencia”. (AGO)

A pesar de las acusaciones y discrepancias en la Asamblea sobre las protestas por las medidas económicas del Gobierno, hay una cosa en la que todos los legisladores coinciden: es necesario investigar qué pasó durante los 11 días de manifestaciones y determinar a los responsables.

El Pleno aprobó una resolución que, además de reafirmar el respaldo al régimen democrático, propone conformar una comisión ocasional multipartidista, integrada por siete legisladores, uno por cada agrupación política: PAIS, CREO, SUMA, Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y las bancadas BIN y BADI.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá sesionar la próxima semana para aprobar la conformación de la Comisión, para que sea el Pleno el que defina los integrantes. Por eso, lo bloques también ya analizan quiénes serán sus delegados para trabajar durante 30 días en el proceso de fiscalización y control político.

¿Qué harán?
La resolución establece que la Comisión analizará el período del 2 al 13 de octubre. El objetivo es fiscalizar “las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia y realizar un seguimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo”.

El presidente de la Asamblea solicitará que se convoque a una mesa interinstitucional conformada por la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Conferencia Episcopal, universidades y otros organismos para que presenten sus observaciones.

Aunque los lineamientos generales están definidos, todavía hay preguntas pendientes: ¿Qué autoridades deberían comparecer? ¿Se debe investigar si hubo legisladores que incidieron en la desestabilización? ¿Se debe analizar la teoría oficialista de un intento de golpe de Estado desde el correísmo?

Posiciones
Desde PAIS, Ximena Peña y Ana Belén Marín insisten en que se debe tener “insumos objetivos de lo que pasó” y que no tenga “sesgos políticos ni persecuciones”, respectivamente. Creen que no ameritaría una investigación a los tres legisladores correístas, que buscan asilo en la embajada de México, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, pues no existe ningún elemento en su contra.

EL DATO
El informe que realice la comisión multipartidista se enviará a las instancias correspondientes, en caso de que existan indicios de responsabilidades penales.En ese punto, Raúl Tello (BADI) discrepa: “Es menester que se investigue si han existido responsabilidades en hechos delictivos de determinados asambleístas”. A su criterio, además, los ministros de Gobierno, María Paula Romo; Defensa, Oswaldo Jarrín, y Finanzas, Richard Martínez, deben comparecer en la mesa.

Eddy Peñafiel (BIN) coincide porque cree que hay presunciones “que no solamente fue una manifestación del pueblo, sino también de desestabilizar al régimen y un golpe de Estado”. Él cree que se debe llamar a la fiscal general, Diana Salazar, y al responsable del Servicio de Inteligencia para explicar por qué no se alertó sobre la situación.

Por su parte, Héctor Muñoz (SUMA) sostiene que se debe determinar cuál será el alcance de la Comisión, que a criterio de Doris Soliz (RC) debe garantizar una investigación imparcial que determine “realmente de dónde se generaron los actos de violencia”. (AGO)

A pesar de las acusaciones y discrepancias en la Asamblea sobre las protestas por las medidas económicas del Gobierno, hay una cosa en la que todos los legisladores coinciden: es necesario investigar qué pasó durante los 11 días de manifestaciones y determinar a los responsables.

El Pleno aprobó una resolución que, además de reafirmar el respaldo al régimen democrático, propone conformar una comisión ocasional multipartidista, integrada por siete legisladores, uno por cada agrupación política: PAIS, CREO, SUMA, Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y las bancadas BIN y BADI.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá sesionar la próxima semana para aprobar la conformación de la Comisión, para que sea el Pleno el que defina los integrantes. Por eso, lo bloques también ya analizan quiénes serán sus delegados para trabajar durante 30 días en el proceso de fiscalización y control político.

¿Qué harán?
La resolución establece que la Comisión analizará el período del 2 al 13 de octubre. El objetivo es fiscalizar “las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia y realizar un seguimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo”.

El presidente de la Asamblea solicitará que se convoque a una mesa interinstitucional conformada por la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Conferencia Episcopal, universidades y otros organismos para que presenten sus observaciones.

Aunque los lineamientos generales están definidos, todavía hay preguntas pendientes: ¿Qué autoridades deberían comparecer? ¿Se debe investigar si hubo legisladores que incidieron en la desestabilización? ¿Se debe analizar la teoría oficialista de un intento de golpe de Estado desde el correísmo?

Posiciones
Desde PAIS, Ximena Peña y Ana Belén Marín insisten en que se debe tener “insumos objetivos de lo que pasó” y que no tenga “sesgos políticos ni persecuciones”, respectivamente. Creen que no ameritaría una investigación a los tres legisladores correístas, que buscan asilo en la embajada de México, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, pues no existe ningún elemento en su contra.

EL DATO
El informe que realice la comisión multipartidista se enviará a las instancias correspondientes, en caso de que existan indicios de responsabilidades penales.En ese punto, Raúl Tello (BADI) discrepa: “Es menester que se investigue si han existido responsabilidades en hechos delictivos de determinados asambleístas”. A su criterio, además, los ministros de Gobierno, María Paula Romo; Defensa, Oswaldo Jarrín, y Finanzas, Richard Martínez, deben comparecer en la mesa.

Eddy Peñafiel (BIN) coincide porque cree que hay presunciones “que no solamente fue una manifestación del pueblo, sino también de desestabilizar al régimen y un golpe de Estado”. Él cree que se debe llamar a la fiscal general, Diana Salazar, y al responsable del Servicio de Inteligencia para explicar por qué no se alertó sobre la situación.

Por su parte, Héctor Muñoz (SUMA) sostiene que se debe determinar cuál será el alcance de la Comisión, que a criterio de Doris Soliz (RC) debe garantizar una investigación imparcial que determine “realmente de dónde se generaron los actos de violencia”. (AGO)