Presupuestos de varias instituciones estatales para que ejecuten obras, de acuerdo a sus competencias, fueron “desviados” por el Gobierno de Rafael Correa para su campaña sobre el 30-S, a través de la cual intentó posicionar la idea de que se trató de un golpe de Estado donde se atentó contra la democracia.
Esto se desprende de un examen especial realizado por la Contraloría, cuyo informe borrador se dio lectura ayer.
De acuerdo al documento ‘Utilización de fondos públicos para los festejos y gastos relacionados con la conmemoración del 30-S por la Presidencia de la República y entidades relacionadas’, entre las instituciones involucradas están la propia Presidencia, el Ministerio Coordinador de la Política, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Cultura, el de Justicia, el de Coordinador de Seguridad, entre otros.
Detalles
Para conmemorar esa fecha, estas entidades habrían realizado pagos sin sustento legal por 1’561.000 dólares.
De esos recursos, $1’032.000 corresponden a gastos de la Presidencia a través de sus diferentes departamentos. Recursos que se destinaron a producción y difusión de cuñas, spot publicitarios, vallas, etc., sin observar procedimientos legales y sin identificación de quiénes realizaban los materiales, y sobre todo generando disminución de recursos institucionales.
En este contexto, el informe establece que la Secretaría de Administración Pública solicitó un reembolso de 174 dólares por haber registrado las marcas ‘30-S’ y ‘Prohibido olvidar’, y además ordenó un pautaje en medios por $495.000 relacionados a esa fecha.
EL DATO
El examen especial corresponde al periodo entre el primero de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2016.Mientras que el Ministerio Coordinador de la Política sacó de su presupuesto más de $13.000 para la impresión y distribución de libros como ‘30-S, la contrarrevolución’.
El entonces Ministerio de Justicia tampoco se libró de este mal uso de fondos públicos. Por solicitud de Diario El Telégrafo fue el auspiciante de un DVD llamado ‘Muchedumbre’ y desembolsó $5.550 con el condicionamiento de que conste su logo en el material. También, $4.950 corresponden al Ministerio de Cultura para servicios de comunicación y trasporte de material fotográfico dirigido a estudiantes y público en general.
El Ministerio Coordinador de Seguridad gastó 29.000 en 13.000 boletines informativos tipo revistas que fueron repartidos a ocho entidades. Y al SRI se le ordenó difundir en todos los monitores de la entidad de todas las agencias mensajes recordatorios a la fecha.
Otras instituciones
El informe de Contraloría establece que la ex Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) sí financió actividades de la Comisión 30-S, que presidió Carlos Baca, quien luego se desempeñó como fiscal general.
El informe establece que la Comisión solicitó a la Senain recursos de su presupuesto para armar un plan de comunicación cuyo presupuesto se fijó en 337.900 dólares.
La Fiscalía General también interviene en ese mal manejo de recursos. El examen especial preliminar determina que, en 2014, se organizaron talleres de trabajo con fiscales de todo el país que manejaban casos del 30-S. Se gastó $5.763 dólares en servicio de alimentación. Los involucrados tienen cinco días para presentar sus argumentos. (HCR)
En general
° Las conclusiones generales señalan que se usaron recursos institucionales sin el debido sustento legal; que son recursos de las instituciones que se usaron para promocionar cuestiones que no eran de su competencia; que con esto se disminuyeron recursos propios de las entidades; que en muchos casos las campañas o festejos o recordatorios se cumplieron después de varios años de haberse dado el 30-S.