Consulta: 2 preguntas marcan la polémica en la Corte Constitucional

Magistrados. Siete jueces constitucionales estuvieron presentes en la audiencia.
Magistrados. Siete jueces constitucionales estuvieron presentes en la audiencia.

Se escucharon 41 intervenciones. La reelección y el cese al CPC coparon todo.

Las preguntas sobre la prohibición de la reelección indefinida y el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) centraron ayer la polémica en las audiencias que la Corte Constitucional (CC) llevó a cabo para escuchar los argumentos sobre la consulta popular. La diligencia estuvo presidida por la magistrada Tatiana Ordeñana, a quien acompañaron otros seis magistrados.

La jornada se caracterizó por la presencia de dos sectores: los que defienden la legalidad de esas preguntas y los que las impugnan, en su mayoría nombrados o vinculados en su momento al Gobierno de Rafael Correa.

Pero hubo un tercer grupo: los funcionarios de la Presidencia de la República, quienes por la naturaleza de sus cargos explicaron y defendieron la legalidad del proceso impulsado por Lenín Moreno.

Fue precisamente Diego Guarderas, subsecretario jurídico de la Presidencia, el primero en intervenir. Empezó así: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad”.

Dijo que las preguntas son de interés nacional y resultado de un proceso de diálogo. Que no alteran la estructura fundamental de la Constitución, por lo que pidió a la Corte que autorice que se expida el decreto de convocatoria.

7
preguntas tiene la consulta. Intervinieron otros cinco funcionarios de la Presidencia, cada uno para argumentar una pregunta concreta, ya que las dos restantes son analizadas por otra jueza constitucional. Gustavo Bedón, asesor de la Secretaría Jurídica, lo hizo sobre la reelección y dijo que la prohibición no establece restricciones a los derechos o las garantías. “El objetivo no es eliminar la institución jurídica de la reelección. Es cambiar una modalidad de reelección por otra, como en 2015”.

Mientras que Francisco Rites, del mismo departamento, expuso sobre la pregunta del Consejo de Participación y aseguró que los actuales miembros no han cumplido con sus objetivos. “Su cesación responde al clamor popular”, aseguró.

Opositores
Desde el otro lado del torrente intervinieron, entre otros, las asambleístas de PAIS Gabriela Rivadeneira y Verónica Arias, quienes cuestionaron la pregunta sobre la reelección. “La alternancia siempre la definirá el pueblo”, dijo Arias.

6
meses cumplirá Moreno en el poder la próxima semana.Pero fue Marcela Aguiñaga, también asambleísta de PAIS, la que cuestionó duramente la consulta, ya que dijo que es “mañosa” y maquillada, que busca engañar al pueblo. Y sus críticas fueron directas a los funcionarios del Gobierno. “Veo con sorpresa que funcionarios del anterior Gobierno que antes defendían la reelección, hoy defienden lo contrario”, expresó.

Mientras que para cuestionar la pregunta sobre el Consejo de Participación estuvieron su vicepresidente Edwin Jarrín y Fernando Cordero, superintendente de Territorio.

A favor
Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, acudió para defender la constitucionalidad de las preguntas. Dijo que la alternabilidad es un principio básico de la democracia y que quienes se oponen “son algunas viudas del viejo Régimen”, y que quienes se oponen al cese de funciones de los miembros del Consejo son aquellos que están preocupados de perder sus cargos.

“Aquí van a desfilar superintendentes, Defensor del Pueblo, miembros del Consejo de Participación. (…) Con el debido respeto a quienes se sientan aludidos”, añadió.

Las audiencias iniciaron a las 09:30 y se cerraron pasadas las 17:00, tras 41 intervenciones. (HCR)

Frases

Si cambiar la modalidad de un sistema de reelección fue constitucional en 2015, es constitucional en 2017”. Gustavo Bedón, asesor de la secretaría jurídica de la Presidencia.

A los adversarios políticos se derrota en las urnas, no a través de consultas mañosas”. Marcela Aguiñaga, asambleísta de PAIS.

La reelección indefinida es contraria al Estado constitucional de derechos”. Ernesto Pazmiño, defensor público.