Sobre el Consejo de Participación Ciudadana
(Consulta popular)
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?
Al proponer esta pregunta, el Gobierno asegura que el Consejo de Participación Ciudadana se ha limitado a cumplir un rol formalista que ha sido cuestionado por la ciudadanía, en cuanto al grado de su intervención en los procedimientos de selección a su cargo, “atentando de tal manera contra la misma participación ciudadana que debía fortalecer”.
“En la práctica, el Consejo no ha podido cumplir sus objetivos y propósitos como parte de la Función de Transparencia y Control Social, su institucionalidad se ha puesto en crisis, mostrándose insuficiente para lograr la alta tarea que le ha sido encomendada”, consta en la justificación remitida a la Corte Constitucional.
Por eso, considera que es necesario que se reemplace la conformación del Consejo, de siete miembros. Para hacerlo se propone cesar a los actuales consejeros para que la designación de los nuevos se cumpla a través de votación popular durante las elecciones seccionales de 2019.
Entre la normativa legal que se propone para que se lleve a efecto esta elección, consta que los partidos y movimientos no podrán postular candidatos. Además, se reduce su periodo de gestión a cuatro años y no cinco, como en la actualidad.
Como requisitos, los postulantes deberán tener trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción, entre otros. No podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos cinco años.
Mientras se prepara la elección directa a través del voto, se integrará un Consejo Transitorio. Para la elección de este Consejo de transición, el Ejecutivo enviará siete ternas a la Asamblea para que designe a los siete miembros. Si la Asamblea no realiza el nombramiento luego de 20 días, asumirán los cargos los primeros de las ternas.
Este Consejo de Transición evaluará, en un plazo máximos de seis meses, el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo actual y tendrá la potestad de dar por terminados de manera anticipada sus periodos y, de hacerlo, convocará a nuevos procesos de selección.
El Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal, el Contralor, el Consejo Nacional Electoral y El Tribunal Contencioso Electoral son las autoridades que designa el Consejo a través de concursos de mérito y oposición. Por ternas designa al Procurador, los superintendentes, entre otros.
Las reflexiones
David Rosero, exmiembro del Consejo, manifestó que es positiva la elección mediante voto popular para tengan legitimidad social, pero que lo ideal hubiese sido cesar a todas las autoridades para que sean elegidas a través de ese mecanismo. Agregó que para la conformación de las ternas deben estar personas de las organizaciones de trabajadores, sociales, estudiantiles, entre otras y que no se incluya a miembros que tengan pasado correísta. “Solo así se garantiza que ese Consejo Transitorio, que tiene la potestad de evaluar a las autoridades de control, pueda cumplir esa misión de una forma transparente”, argumentó.
Sin embargo, Augusto Espinosa, asambleísta por PAIS, cuestiona el posible Consejo de Transición. Cree que “lo que sucederá, en la práctica, es que el Presidente (Lenín Moreno) pondrá tres miembros con plenos poderes. Es decir, el Presidente podrá remover a todas las autoridades de control y eso no es conveniente”.
Agregó que más que reemplazar a los actuales consejeros, se debería haber revisado el sistema de designación que podría haber sido resuelto en la propia Asamblea. “Es inconveniente que se haga esta pregunta cuando se puede resolver en la Asamblea a través de una reforma a la Ley”, dijo Espinosa. (HCR)
Se admite a trámite consulta popular
La Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC), integrada por las juezas constitucionales Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote, admitió a trámite el pedido de consulta popular presentado por el Ejecutivo el lunes.
Las magistradas verificaron el cumplimiento de los presupuestos de forma, para que continúen a la fase de sustanciación. Ahora se sorteará a un juez para que prepare el proyecto de resolución sobre la constitucionalidad de las preguntas, cuyo informe deberá pasar al Pleno de la Corte para que dicte su fallo definitivo.
Mientras tanto, la consulta suma apoyos. El Frente Unitario de Trabajadores pidió a todos los sectores que voten por el Sí, aunque considera que hay algunos vacíos en el temario. Mientras que la Comisión Nacional Anticorrupción también aseguró que apoyan las preguntas.
FRASES
“(No debe haber miembros correístas) Solo así se garantiza que ese Consejo Transitorio, que tiene la potestad de evaluar a las autoridades de control, pueda cumplir esa misión de una forma transparente”. David Rosero, exconsejero de Participación Ciudadana
“El Presidente podrá remover a todas las autoridades de control y eso no es conveniente”. Augusto Espinosa, asambleísta de PAIS