Sobre la corrupción (Consulta popular)
¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?
Los fundamentos del Gobierno para plantear esta pregunta a la ciudadanía, conocida como ‘muerte civil’ para los sentenciados por corrupción, según consta en el documento entregado en la Corte Constitucional (CC), es que ha iniciado un proceso de lucha contra la corrupción descubierta en algunos procesos de contratación de obras.
Además, que las investigaciones de los actos irregulares han sido dirigidas en contra de múltiples funcionarios y personas particulares. “Los medios y ardides utilizados para lesionar y evitar su intervención, alcanzan el uso de empresas nacionales, compañías en paraísos fiscales, así como cuentas y transferencias en esas jurisdicciones y desde esas jurisdicciones”, consta en el documento.
Por eso, se considera necesario impedir que los condenados por actos de corrupción puedan, una vez cumplida la sentencia, reincorporarse o participar en funciones públicas y prohibir que celebren contratos con el Estado. Además, de que los bienes mal habidos y el producto de los actos de corrupción sean revertidos al Estado.
Cambios en la normativa
De aprobarse esta pregunta, será necesario introducir cambios en la Constitución, pero también en varias leyes y códigos. En el caso de la Constitución, al artículo 233 se añadirá un inciso en el que se establecería que “las personas contra quienes exista condena ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como lavado de activos asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución”.
Normativa que deberá ser incluida en el Código de la Democracia, en el artículo 96, relativo a quiénes no pueden ser candidatos de elección popular; y en el artículo 10 de la Ley de Servicio Público, referente a las prohibiciones para el desempeño de un puesto en el sector público. Mientras que en el Código Penal se reformarán seis artículos.
‘Un primer paso’
Esta es, al menos en los primeros días del debate público, una de las preguntas a las que nadie se opone. La asambleísta Wilma Andrade (ID) aseguró que esta pregunta para combatir la corrupción está bastante completa, pero que se debía incluir un registro de inhabilitados a cargo de una unidad de la Función Judicial.
Agregó que es una medida necesaria, tomando en cuenta que hay un sistema de control que ella considera fallido y, como evidencia, recuerda que el excontralor, Carlos Pólit, se encuentra procesado por presuntos actos de corrupción pero que está fuera del país. Además, citó el caso del exfiscal Galo Chiriboga que “archivó todas las denuncias” que se presentaron.
“Se han buscado mecanismos para evitar la corrupción, pero cuando esos mecanismos los conocen los funcionarios que no funcionan, pueden hacer y deshacer”, dijo la legisladora.
Por su parte, María Arboleda, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, agregó que la ‘muerte civil’ es un primer paso para combatir la corrupción pero que, a futuro, se debería tomar otras medidas, como la creación de un ente anticorrupción independiente del poder y con gran participación ciudadana, autónomo, ético y conformado por personas probas.
Justificó que se sancione con la pérdida de los derechos de participación política, ya que cuando una persona es elegida como autoridad recibe la confianza del pueblo y tiene que responder a esa confianza.
Pero que en los últimos meses se ha visto que el sistema de corrupción ha sido tan grande que se necesita poner un ejemplo para que estas personas sentenciadas por corrupción no regresen al escenario político. “Si les permitimos regresar es como otra forma de impunidad”, concluyó Arboleda. (HCR)
FRASES
“Se han buscado mecanismos para evitar la corrupción, pero cuando esos mecanismos los conocen los funcionarios que no funcionan, pueden hacer y deshacer”. Wilma Andrade, asambleísta de ID
“Si les permitimos regresar es como otra forma de impunidad”. María Arboleda, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción