Daniela Salazar es vicedecana de Jurisprudencia de la USFQ y hace un balance profundo tras la denuncias de injerencia del anterior Gobierno.
POR: Alexis Serrano Carmona
En una de las paredes hay una biblioteca llena de libros jurídicos. Unos en inglés, otros en español. Pero sobre el escritorio hay uno que ocupa un pedestal de plástico, como si la doctora Daniela Salazar quisiera que todo el que entra sepa que ese es su favorito. El libro se llama ‘My own words’ (Mis propias palabras) y lo escribió Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en convertirse en jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien se ha caracterizado por sus luchas por los Derechos Humanos y las minorías.
Daniela Salazar es abogada y vicedecana de Jurisprudencia en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). A sus 38 años, sus alumnos la identifican como una ‘profe’ estricta, que lleva un océano de documentos a sus clases, pero, fundamentalmente, entregada a los Derechos Humanos y las minorías.
Decidió que quería enfrentar esas batallas cuando estudiaba la USFQ, pero desde el colegio se recuerda ‘rebelde’. De eso se trata a veces, dice, la lucha por los Derechos Humanos, “de ponerle límites al poder”.
Tal vez por eso el libro de la jueza Bader Ginsburg está en primerísimo primer plano, tal vez por eso en otra de las paredes de su oficina está un cuadro con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal vez por eso la doctora Salazar nunca ha tenido filiación política y tal vez por eso está calificada para hablar ahora, desde la técnica, de un tema que preocupa a todo un país: las denuncias y las pruebas sobre la injerencia que tuvo el anterior Gobierno en la Justicia, la famosa ‘metida de mano’.
¿Qué significa para un país que la gente desconfíe de su Justicia?
La confianza en la Justicia está totalmente minada. No confiar en los jueces significa no confiar en el organismo al que le hemos confiado la tarea de que la Constitución y las leyes se cumplan por sobre la voluntad del Gobierno de turno. La independencia judicial tiene que ser, pero también tiene que parecer. Es muy grave lo que está sucediendo.
¿Usted cree en las pruebas que están saliendo a la luz?
Cada vez hay más pruebas de que lo que prevalecía no eran las leyes sino la voluntad del proyecto político. De hecho, creo que los casos que están saliendo a la luz van a ser los menos. Primero, es muy difícil conseguir pruebas y, segundo, si bien debe haber personas que las tienen, todavía sienten miedo.
¿Por qué miedo?
Porque su salario a fin de mes depende de eso. El Consejo de la Judicatura tiene el poder de dejarlos sin trabajo. Pero cada vez hay más pruebas y, a mi juicio, son escandalosas. Creo en esas pruebas y nadie las ha negado. Nadie ha negado los correos, ni la veracidad de esos audios.
No los han negado, pero han dicho que solo pedían criterios sobre alguna ley o defendían el dinero de todos.
Bajo el pretexto de la coordinación entre funciones se ha conseguido un espacio para que la voluntad del Presidente de la República prevalezca sobre las decisiones que deberían ser independientes. El Presidente de la República puede hacer una consulta al Presidente de la Judicatura pero, ¿cuál debería ser la respuesta? Frenarle el carro y decirle: “Esto es materia de los jueces; ni yo ni usted debemos intervenir”.
¿Cree que hay pruebas suficientes para hablar de falta de independencia?
Los correos de Gustavo Jalkh al expresidente Correa tienen un tono de sumisión, de reverencia. Y no fueron solo correos o llamadas. Las sabatinas, por ejemplo, eran formas de presión. Esto se naturalizó, esta costumbre que tenía el expresidente de pronunciarse en sus sabatinas o en conferencias de prensa sobre casos que aún se estaban conociendo. Teníamos un presidente que el sábado decía: “La Fiscalía se equivocó” y el lunes estaba la Fiscalía rectificando.
El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, decía, sin embargo, que eran los jueces los llamados a no recibir esas llamadas, esos correos.
No creo que exista un juez que pueda decir ‘nunca tuve una presión indebida por parte del Ejecutivo o del Consejo de la Judicatura’. Lo que está tratando de hacer en sus entrevistas el doctor Jalkh es trasladar la responsabilidad de este escándalo a los jueces.
¿Pero no cree que tenían la obligación de denunciar, que debieron decirlo en ese momento?
Por supuesto que los jueces tienen el deber de denunciar. Y sí es un poco extemporáneo. Pero la pregunta que no le hacen a Jalkh es: ¿Por qué no lo hicieron antes?
¿Por qué?
Digamos que mis estudiantes tienen un problema con un profesor que está abusando de su poder, los está maltratando. Si yo no los protejo, ¿cómo espero que denuncien? Si los jueces no tienen garantías reforzadas, de estabilidad en sus cargos, no se les puede pedir que denuncien. Ese es el temor a este poder arbitrario que tiene el Consejo de la Judicatura para disciplinarlos.
Jalkh dice que la Judicatura puede ejecutar directamente la figura del error inexcusable, que ha sido la principal causa de destitución de jueces. Pero otros dice que no. ¿Cómo es esto?
Si hay un juez que recibe un ‘pen drive’ con una sentencia, o recibe dinero, debe haber un régimen disciplinario. Pero para que haya sanción deben existir causales muy concretas. En un país con independencia judicial, un juez superior podría decir: ‘aquí hubo dolo, manifiesta negligencia’. Pero tiene que determinarlo otro juez y luego trasladarlo al Consejo de la Judicatura para que decida sobre la sanción. Un órgano judicial y no uno administrativo debería decir si hubo ese error.
Usted dice que así debería ser, pero ¿qué establece la Ley?
El Código Orgánico de la Función Judicial no es claro. Hubo una pésima técnica legislativa. Establece que sí es una facultad de los jueces determinar un error inexcusable, pero no deja claro que debe ser un requisito previo a que actúe la Judicatura. Entonces, el Consejo se ha arrogado esta función y ha hecho un uso arbitrario. Pero, ante esta ambigüedad, la Judicatura debería hacer prevalecer la Constitución, que garantiza la independencia de funciones. Nunca un juez debería ser removido por su criterio jurídico.
Si usted estuviera en los zapatos de Jalkh, ¿qué solución propondría para este escándalo?
Si yo estuviera en los zapatos de Jalkh, ya habría renunciado.
De acuerdo. Replanteo la pregunta. ¿Qué propondría usted para devolverle a la gente la confianza en la Justicia?
No hay una solución mágica. Lo que se hizo en 2011, a través de la consulta popular, fue diseñar un sistema que permitió que el Ejecutivo tenga representación en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura y, finalmente, representación en la Función Judicial. Deconstruir eso no va a ser fácil. Debe haber reformas a la Constitución, a las leyes.
¿Es un buen inicio que el presidente, Lenín Moreno, diga que no va a llamar a presionar a ningún juez?
Es absolutamente insuficiente. Nos acostumbramos tanto a que el Presidente pueda ejercer esa presión, nos parecía ya tan normal, que aplaudimos que el nuevo Presidente diga que no lo va a hacer. ¡No me parece digno de aplaudir!
FRASES
No creo que exista un juez que pueda decir ‘nunca tuve una presión indebida por parte del Ejecutivo o del Consejo de la Judicatura’.
Cada vez hay más pruebas de que lo que realmente prevalecía no eran las leyes sino la voluntad del proyecto político”.
“Nos acostumbramos tanto a que el Presidente pueda ejercer esa presión, nos parecía ya tan normal, que aplaudimos que el nuevo Presidente diga que no lo va a hacer. ¡No me parece digno de aplaudir!”.
“Nunca un juez debería ser removido por su criterio jurídico”.