Uno de los que tendrían impunidad es el principal sospechoso del atentado al expresidente Iván Duque. Para Gustavo Petro esos grupos, incluso llamados narcoguerrillas, tienen un peso político y social.
El Gobierno de Colombia ha pedido a la Fiscalía General que cancele las órdenes de captura que pesan sobre varios de los cabecillas de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, entre ellas la de Javier Veloza García, alias ‘Jhon Mechas’, responsable del magnicidio fallido del expresidente Iván Duque.
La petición se sostiene en base a la posibilidad de que «el disidente» pueda ser representante del Estado Mayor Central de las antiguas FARC, en el marco de las conversaciones que el Gobierno colombiano anunció que promovería con hasta otros cuatro grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La medida implica también a otra veintena de personas que forman parte de esta disidencia liderada por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, de quien ‘Jhon Mechas’ es subordinado, así como de la Segunda Marquetalia, de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.
‘Jhon Mechas’ es el jefe del Frente 33 de las antiguas FARC y es considerado el responsable del ataque que sufrió el expresidente Duque en junio de 2021 cuando sobrevolaba en helicóptero la ciudad de Cúcuta. En marzo del año siguiente fue acusado de participar en un atentado contra un centro policial en el sur de Bogotá.
Las autoridades ofrecen por información que ayude a su detención una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos colombianos (cerca de 950.000 euros). Sobre él pesan acusaciones de terrorismo, tráfico ilegal de armas, asociación para delinquir y homicidio agravado en grado de tentativa, informa RCN Radio.
El radio de actuación de ‘Jhon Mechas’ es la región de Catatumbo y Norte de Santander, utilizando la porosa frontera con Venezuela de escondite. La Interpol ha emitido una circular roja contra él y es uno de los protagonistas del conflicto interno armado colombiano que reclama la Justicia de Estados Unidos.
Mientras que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, reconoce el cariz político y social de la guerrilla del ELN -de ahí las peculiaridades presentes en las negociaciones- las disidencias de las FARC y los grupos paramilitares que han mostrado interés en dialogar deberán someterse a la Justicia ordinaria. (Europa Press)