Javier Milei anunció que llamará a consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el cambio económico. Los detalles.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este martes que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.
«Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular«, ha declarado en una entrevista con La Nación+ en la que ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se «oponen a algo que beneficia a la gente», recoge la agencia de noticias Télam.
Milei ha considerado que quienes se oponen «no tienen conciencia de la gravedad de la situación» y ha alegado que quienes se manifiestan en contra de sus medidas «no pueden aceptar que perdieron» y que la «población eligió otra cosa».
«Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley», ha aseverado el mandatario ultraderechista, que ha apuntado a que los legisladores contrarios «no pueden morder» más sobornos.
Mientras que ha retado a sus opositores a que «intenten» desestabilizar su administración, ha aseverado que «los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo» que supongan sus medidas económicas, a pesar de que ha confirmado que a corto plazo no aumentará el salario de los empleados públicos ni beneficiará a los autónomos.
El mandatario ha manifestado que sus anuncios demuestran que su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha sido «consistente» con lo prometido y ha señalado que «no hay tiempo» y que se requiere de «un shock de libertad y anticasta» en la economía porque «la situación es realmente complicada».
El pasado fin de semana, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 argentino, a cargo de Esteban Furnari, admitió un recurso de amparo que pide la declaración de inconstitucionalidad contra el DNU, alegando que la norma implica una «desviación de poder y un abuso de derecho público». (Europa Press)