Ocho dispositivos están ubicados en el ingreso y salida de Quevedo. Transportistas están de acuerdo con que no funcionen.
Los radares en el país, con excepción de Santo Domingo, dejaron de operar, según un fallo judicial.
Estos dispositivos electrónicos permanecerán inactivos durante seis meses, ya que las autoridades municipales responsables del tránsito no han proporcionado los estudios e inspecciones técnicas necesarios para respaldar su revisión. Además, el magistrado dispuso que los agentes de tránsito en esas jurisdicciones reciban capacitación para actualizar sus conocimientos.
La decisión fue tomada después de que el gremio de transportistas a nivel nacional presentara una medida de acción de protección solicitando la revisión previa a la instalación y operación de estos dispositivos.
Argumentaron que, debido al elevado nivel de inseguridad en el país, no pueden circular tranquilos, especialmente en tramos donde las condiciones son peligrosas y controladas por organizaciones delictivas. Un ejemplo mencionado fue el Anillo Vial de Quevedo, sitio en el que se han reportado numerosos casos de robos, asaltos, secuestros y muertes.
Características
En su resolución, Emerson Curipallo, juez, destacó que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tiene la responsabilidad de asegurar que estos dispositivos electrónicos cumplan con los estándares nacionales de homologación, ubicación, calibración, señalización y socialización.
Además, señaló que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) debe informar a la ANT en caso de inconsistencias en los radares, al igual que los municipios, ya que, según él, no están cumpliendo con sus obligaciones.
El magistrado había solicitado previamente a los municipios información sobre el estado de sus dispositivos, pero ninguno respondió a la solicitud, excepto Santo Domingo.
Por lo tanto, determinó que solo en ese cantón se cumplen con los estándares, convirtiéndose en la única ciudad del país donde los dispositivos de velocidad seguirán siendo operativos.
Rechazo
En Valencia, hace una semana, el gremio de choferes y conductores, tanto profesionales como no profesionales, expresó su rechazo ante la instalación de cuatro radares en los tramos Valencia- La Maná y Valencia- Quevedo.
Ángel Navarro, secretario General del Sindicato de Choferes de dicho cantón, destacó que en esas vías existen tramos que se han convertido en refugio de delincuentes que, en repetidas ocasiones, asaltan a los transportistas, especialmente a los de pasajeros, sin que nadie pueda intervenir.
Estos motivos llevaron al gremio a reunirse con el alcalde, buscando su apoyo en esta protesta y esperando que las autoridades competentes escuchen sus preocupaciones, ya que alegan sentirse afectados económicamente y temen que al reducir la velocidad se conviertan en presa fácil para los maleantes.
Daniel Macías, alcalde, expresó que una vez emitida la resolución del juez, estarán a la expectativa de que los radares no entren en funcionamiento. Consideró que su uso no es prudente, ya que estas vías se encuentran en un estado deplorable debido a la falta de mantenimiento; responsabilidad que recae en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Además, también ratificó el peligro adicional de viajar por estas carreteras durante la noche, debido a la presencia de ‘amigos de lo ajeno’.
En Quevedo
En la ‘Ciudad del Río’, específicamente en las vías de ingreso y salida de la ciudad, así como en el Anillo Vial, se han instalado ocho fotorradares que hasta el momento no están operativos.
Alexis Matute, alcalde, señaló que estos dispositivos no entrarán en funcionamiento hasta que se garantice la seguridad por parte del Gobierno Central.
El motivo detrás de esta decisión es la insuficiencia del apoyo proporcionado por el municipio a la Policía en esas jurisdicciones ante la falta de presupuesto, lo que podría poner en riesgo la integridad de los conductores que transitan por esas vías, según se ha informado.
Carlos Morocho, transportista de Valencia, comentó que estaba de acuerdo con la decisión del juez, ya que considera que esto garantiza que, bajo sus propias medidas, podrán seguir protegiéndose de la delincuencia.
Mencionó que han optado por organizarse y viajar con sus productos y mercadería en convoy o grupos, acompañados por el resguardo de un contingente de policías.
Agregó que esta estrategia se mantendrá hasta que el Gobierno tome medidas efectivas para hacer frente a las organizaciones delictivas que generan inseguridad y preocupación entre los transportistas. (LL)