El pasado 26 de Julio, trabajadores de la Facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, presuntamente por orden de un funcionario y sin notificación de desalojo previo, a decir del afectado, Carlos Paladines, procedieron a realizar la destrucción de un kiosco de madera ubicado en la parte baja de los predios donde funciona el área antes mencionada. «Hace un mes recibí una llamada de una persona que me supo manifestar que debía abandonar las instalaciones porque desde la pandemia no era permitido que ningún kiosco esté funcionando en los predios universitarios. Les solicité que esperen hasta el mes de agosto para poder remodelarlo».
Carlos señala que como persona con discapacidad visual recibió por el ex decano de la Facultad de Salud de la UNL, Max González, la autorización para la ubicación del kiosco en la parte baja de las instalaciones . En 2006 se renovó este acuerdo. Además, habría solicitado una autorización para la renovación del permiso durante los años 2021 y 2022 sin tener una respuesta por parte del Rector de la institución.
Jorge Aguilar, abogado, se ha encargado de llevar el caso. «Muy gentilmente el abogado nos está ayudando en materia legal. Hemos enviado un documento a la Defensoría del Pueblo en Loja, esperaremos y obtengamos un resultado positivo para volver a realizar mis labores», mencionó.
A pesar de ser docente jubilado, su pensión, más la labor que realizaba en este lugar, eran el ingreso para apoyar a su familia. «Duro perder de un momento a otro tu fuente de trabajo, más aún cuando eres el apoyo económico de un menor de 11 años y su mamá. Con mi trabajo en mi kiosco he podido dar alimentación y educación», resaltó.
Geovanni Aguinsaca, abogado en libre ejercicio, explica que se estarían vulnerando varios derechos de Carlos. ”Si la institución no realizó la notificación correspondiente se está violentando el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad que están establecidos en la carta magna. Si a esto le sumamos que existe una vulneración al derecho al trabajo como vulnerabilidad a persona con discapacidad por parte de la institución o la persona que dio la orden de ejecutar esta acción, Carlos puede tomar las medidas correspondientes para hacer respetar sus derechos ante la justicia. No se puede permitir que en un estado de derecho que es el estado ecuatoriano, se siga afectando a las personas que únicamente trabajan y buscan su modo de vida actualmente», recalcó.
El jurista mencionó que, si existió una autorización o contrato de por medio, la institución debería haber tomado en cuenta los 23 años que lleva Paladines trabajando en el lugar para ir a las instancias judiciales para proceder a las acciones correspondientes. “Existe una vulneración flagrante en contra del señor Carlos. Si se inició o se iniciará un proceso legal, serán los operadores de justicia con la presentación de las pruebas respectivas de los involucrados en el tema y la investigación pertinente, se podrá dar una resolución final sobre este tema».
TOME NOTA
La ciudadanía interesada en ayudar a Carlos Paladines puede comunicarse al 0981982907.