El proceso de contratación de asfalto de los 10 barrios del cantón Loja continúa presentando irregularidades en el campo jurídico, entre las principales están la suscripción de un contrato complementario por parte de la exalcaldesa, Patricia Picoita, con el gerente de la Empresa Simar. El concejal, Pablo Carrión, manifiesta que no hay disponible un informe jurídico que sustente la realización del contrato, adicional a esto cuando fue suscrito no contaba con partida presupuestaria lo que violenta las normas de planificación y control de las finanzas públicas.
El contrato estaría violentando lo que estipula la ley de compras públicas, seguridad jurídica, igualdad de condiciones para el resto de participantes al modificar las normas contractuales, creando un pago de un anticipo del 50% sobre los montos pendientes de pago que no estaba contemplado en el contrato original, genera esta irregularidad jurídica, el pago efectuado de $ 3´754.000 dólares que se pagaron directamente a la empresa.
La cláusula contractual establece que la empresa tiene la obligación de presentar los cinco primeros días laborables de cada mes, el planillaje de avance de obra y gastos efectuados tiene que ser entregada oportunamente al fiscalizador del contrato, el mismo que tiene cinco días para revisar si se está cumpliendo lo estipulado para así poder llevar un registro contable, dicho esto si se encuentra irregularidades dentro de las planillas, estas son devueltas a la empresa para que realice correcciones en los cinco días siguientes.
Estas planillas habrían sido devueltas a la empresa que no entregó a tiempo las respuestas, generando varios días de retraso en el proceso de entrega habitual, esto lleva a cobrar una multa del uno por mil diario sobre el monto a facturar.
Es por eso que en la actual administración está en la responsabilidad de solicitar al fiscalizador y al administrador que efectúen acciones administrativas pertinentes para proceder con el cobro de esta multa obligatoria. Han transcurrido dos meses de la administración de Franco Quezada y no se ha efectuado ningún tipo de acción que garantice la solución de este problema que viene siendo arrastrado desde la administración anterior.
“Actualmente la empresa no culmina con el contrato de asfalto establecido, causando varios estragos a los moradores de los barrios donde se están llevando a cabo estos trabajos.