Los colectivos rechazaron la sentencia de la justicia ecuatoriana en el ‘Caso Ana’, pues no se calificó el delito como violación, sino como abuso sexual a pesar de las pruebas presentadas.
“Justicia. Ni una menos. No estás sola. Si tocan a una respondemos todas”.
Esas fueron algunas de las frases que se leían en cartulinas la mañana de este jueves, 14 de julio de 2022, en un plantón realizado por colectivos sociales de Loja.
Estos se concentraron en los exteriores de la Unidad Judicial Penal de la ciudad para exigir justicia y reparación a la joven francesa Ana, víctima de violación en el cantón Saraguro en 2018.
La audiencia de formulación de cargos efectuada este mismo día, resolvió declarar culpable a Erick J.B. por el delito de abuso sexual con una pena de cinco años de prisión sin atenuantes ni agravantes y 800 salarios básicos de multa, disculpas públicas en un periódico de Saraguro o Loja.
Además, se abrirá una nueva investigación por el delito de violación.
Precisamente, uno de los señalamientos de los colectivos fue a la justicia ecuatoriana, pues el fiscal de la jurisdicción del cantón donde sucedieron los hechos, habría incurrido en varios actos y omisiones que significaron revictimización para la joven. La fundación ‘Idea Dignidad’ ha expuesto los siguientes.
- A pocos días de la violación, mientras la víctima esperaba los resultados de los exámenes médicos, el fiscal se contactó con ella para decirle (en palabras de Ana) “que todavía no habían salido los resultados de este examen, (…) que no se había resistido, que no existían huellas de violencia y, sobre todo, insistió sobre el hecho de que no había sido virgen.”
- Posteriormente, el fiscal le pidió que se presente sola en su despacho y procedió a preguntarle por su vida privada. Específicamente (en palabras de Ana) “quería saber con quién me había acostado por última vez, cuando fue, con quién fue, su nacionalidad y dónde vivía, si había tenido un novio en Saraguro, etc.”
- El fiscal intentó disuadir a la víctima de presentar la denuncia 3 o 4 veces, a pesar de que ella manifestó expresamente su voluntad de hacerlo.
- Pese a la solicitud de la víctima de que se reciba la versión de un testigo importante, presentada de manera oportuna, el fiscal hizo caso omiso y dicha versión fue tomada varios meses después.
- La ciudadana informó oportunamente al fiscal sobre los actos de hostigamiento e intimidación que recibía mediante llamadas y correos electrónicos de parte de Erick Bravo y de sus familiares y este en ningún momento solicitó al juez medidas de protección a favor de la víctima, pese a que ella ya había pedido dichas medidas con anterioridad.
- Ana se sentía en inseguridad permanente, aun así, dada su condición de extranjera, ella fue advertida por el fiscal, erróneamente, que tenía que quedarse en Ecuador durante tiempo indeterminado si quería que las investigaciones se lleven a cabo.
- Una vez emitidos los exámenes médicos de la víctima, ella intentó comunicarse con la fiscalía de Saraguro varias veces con el propósito de recibir información sobre su caso. No obstante, la fiscalía se negó a brindar cualquier ayuda y a contestar sus preguntas.
- En vista de lo anterior, envió a un amigo que reside en Saraguro para solicitar información directamente en fiscalía, donde se le informó, erróneamente, que la víctima tenía menos de dos semanas para hacer su denuncia o si no, no podría seguir con el caso.