La aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, propuesta por el presidente Daniel Noboa, ha generado incertidumbre y opiniones divididas. Analistas resaltan la importancia de la socialización y enfrentan desafíos en la implementación.
Geovanni Carrión, analista económico, hizo énfasis al artículo 25, que incentiva el uso de métodos electrónicos para transacciones financieras superiores a $500 para prevenir el lavado de activos. “Dejemos claro que la ley no prohíbe realizar pagos en efectivo cuando sobrepasa los $500, lo que, sí establece que en lo que, se refiere, deducciones o impuesto a la renta y devoluciones del IVA entra en vigencia la utilización obligatoria de estos canales tecnológicos para realizar transacciones bancarias”.
También señaló que no solo reduce costos asociados a la emisión de papel moneda, considerando que los dólares son emitidos por Estados Unidos, sino también protege a los sectores comerciales del crimen organizado al disminuir el manejo de efectivo.
Socialización
El analista enfatizó que el Gobierno debe trabajar en una campaña de difusión masiva, informativa y cultural para dar a conocer estos recursos que tiene el Sistema Nacional Financiero. Según los datos del Banco Central aproximadamente el 30% de la población rural aún no utiliza estas tecnologías. Se hace hincapié en la necesidad de que la banca pública facilite el acceso y que la privada amplíe servicios en áreas rurales.
«Aquí es donde se debe jugar un papel fundamental: la banca pública debe canalizar acciones para llegar con un mensaje claro y dar facilidades. Asimismo, la banca privada debería ampliar más servicios financieros e inclusión de nuevas agencias para llegar asertivamente a los ciudadanos del área rural», agregó.
Además, mencionó la importancia de auditorías y controles por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia de Bancos para evitar abusos por parte de cooperativas y bancos privados. Señaló la necesidad de revisar otras normativas para garantizar una lucha eficaz contra el lavado de activos.
Carrión criticó la falta de soluciones a problemas estructurales y enfatizó la polémica en la condonación de intereses, multas y recargos a deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI).