El proceso legal en torno a la empresa Safety se mantiene en vilo, mientras se intenta defender los intereses del Municipio y los ciudadanos lojanos.
Max Ochoa, procurador síndico del Municipio de Loja, indicó que la actual administración recibió el proceso en dos instancias desde el 2021, por lo que se presentó una Acción de Protección en el cantón Quevedo, ya que la empresa señalaba una vulneración de derechos constitucionales, pese a que no era la vía aceptaron este recurso.
La sentencia de segunda instancia, disponía que se efectuara un cálculo del perjuicio que habría tenido la empresa desde el 2015 hasta el 2019, tiempo que estuvo vigente el contrato, supuestamente no existió nunca Ordenanza que regule los límites de velocidad en el cantón.
El 29 julio de 2022, se procedió a realizar la notificación de la sentencia por escrito de la resolución de segunda instancia y la administración del Municipio de ese entonces, no puso una Acción Extraordinaria de Protección.
“Quien aplicó este recurso fue la Procuraduría General del Estado por los derechos que tiene para representar al Estado. Esto se está debatiendo en la Corte Constitucional, nosotros el 23 de mayo inmediatamente pusimos un escrito de amicus curiae para que se nos tome en cuenta, pese a que no tenemos legitimación o no somos parte procesal”, puntualizó.
Avance
El jurista señala que vienen insistiendo semanalmente en el proceso con la finalidad de que la Corte Constitucional le dé la atención prioritaria correspondiente.
“Tenemos otro proceso judicial que se derivó de la acción constitucional que está en Guayaquil, en este tema es la reparación económica, ratificando que el perjuicio será por $12 millones que tendría la empresa en cálculo a un informe pericial presentado en la acción de protección”, explicó
Aseguró que el 09 de agosto se procedió a entregar toda la documentación al Tribunal para hacerle llegar a la perito del caso.
“Ha solicitado una prórroga de 20 días por ser un expediente de 20 cuerpos que está en Guayaquil y estamos a la espera de la respuesta”, puntualizó.
Pagos
Indicó que mientras no exista un mandamiento de ejecución en firme no se puede desembolsar ningún valor. Una vez se entregue el informe pericial, se realizarán observaciones y contrastación.
“Lo que no se había hecho antes, es segmentar las multas que no entraron al Municipio, anteriormente se metían en el mismo saco todas sin tener en cuenta que el contrato establece que el 45% de los valores cobrados era para la empresa y el 55% para la institución”, puntualizó
Es claro en manifestar que existieron valores que fueron impugnados por la ciudadanía a través de los mecanismos legales.
“La municipalidad no puede pagar estos rubros porque no entraron a las arcas municipales”.
Un adelantamiento cronológico de la Corte Constitucional, sería clave para evitar que el Municipio pague el valor que reclama la empresa Safety. “Cuando nos llamen a la audiencia haremos respetar los derechos de la institución y de todos los lojanos”.
Reacción
John Espinosa, concejal de Loja, comentó esperar que la Municipalidad pueda salir avante debido a que se ha utilizado una garantía constitucional de una forma indebida. “Nos queda esperar el pronunciamiento de la Corte, la defensa se encuentra dando el seguimiento diario al tema”.