El nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, busca que tengan credibilidad al realizar denuncias.
La violación de los derechos humanos son la causa primordial de los conflictos familiares y sociales. El incumplimiento de las normas y la falta de protección a los grupos vulnerables, debilitan las acciones para establecer, mantener y consolidar la paz, y más aún, en época de pandemia.
Brenda Valdivieso, abogada de profesión y coordinadora técnica de Proyectos de Desarrollo en la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), considera que el rostro visibilizado de la pandemia han sido los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, que han tenido que permanecer en sus hogares, junto a los agresores. Destaca que es importante aprovechar la nueva normalidad a raíz de la crisis sanitaria, a fin de utilizar a la educación como un instrumento de cambio, dirigido a la sociedad, pero con especificidad a funcionarios públicos, responsables de otorgar medidas de protección, así como a los abogados y activistas defensores de derechos.
¿Cuál es la propuesta que plantean?
Desde la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), se viene trabajando en iniciativas para fomentar la igualdad, a través de la gestión de proyectos que promuevan el reconocimiento de derechos relacionados con el liderazgo, participación, empoderamiento, y, sobre todo, en la erradicación de la violencia en todas sus formas. Bajo este concepto, en la actualidad se lleva a cabo el tratamiento del segundo debate del proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Copina).
Como MEGA, también hemos contribuido con elementos técnicos y propuestas de reforma, para que sean consideradas en el nuevo Código, mediante conversaciones individuales y de análisis con diferentes legisladores que son parte de la Comisión para la construcción de este cuerpo legal. Es así como en el mes de octubre del 2021 comparecimos oralmente en la Asamblea Nacional, emitiendo aportes técnicos que generen criterios unificados, y que permitan la aplicación del otorgamiento de medidas de protección para los grupos víctimas de violencia.
De esta manera, se busca que el Copina sea un instrumento jurídico que proteja a los niños, niñas y adolescentes, ya que el Estado tiene una deuda social muy significativa.
¿Qué medidas de protección contempla?
Las medidas de protección son consideradas como acciones preventivas que se otorgan a niños, niñas, adolescentes, mujeres y demás miembros del núcleo familiar que se encuentren en una condición de vulnerabilidad o riesgo. El propósito de estas medidas es brindar protección y atención, desde el instante en que la persona fue violentada, amenazada, intimidada; hasta el momento en que un juzgador o juzgadora considere pertinente.
En este contexto, y bajo la premisa de que el Estado ecuatoriano no tolere ningún tipo de violencia o maltrato en contra de niños, niñas y adolescentes, es obligación de los representantes y servidores públicos, el garantizar estas medidas. Lamentablemente, hoy en día se puede evidenciar que los funcionarios públicos administrativos, quienes son los encargados de otorgar estas medidas, exigen ciertos formalismos o documentos que no son necesarios. Por este motivo, es importante capacitar a los funcionarios y ciudadanía en general, para que conozcan del tema y sepan cómo actuar.
Para evitar formalismos, lo que proponemos desde MEGA es que la víctima (persona agredida) nos relate los hechos, independientemente de su edad; esto no constituye prejuzgamiento y no atentan contra el principio e inocencia, sin embargo, su importancia radica en el efecto disuasivo que sí genera frente a la persona agresora. Además, debe ser considerado como un medio que permite el empoderamiento de nuestros derechos, a fin de sentirnos respaldados y atendidos por el Estado.
¿Qué recomendaciones dieron a la Asamblea?
Lo que se persigue es la armonización de la legislación, para que se incluya procedimientos claros, la identificación de los sujetos de protección en cada uno de los cuerpos legales, y la definición de los roles de las autoridades competentes para emitir medidas administrativas inmediatas de protección. Además, se insta a la revisión del conjunto de medidas de protección, dotarlas de autonomía, entre otras recomendaciones.
¿Cómo empoderar a las víctimas de violencia para que denuncien al agresor?
Dentro del Copina también se propone que los niños sean considerados personas con credibilidad, en quienes podamos confiar. Esto abre la posibilidad de que realicen una denuncia por su propia cuenta.
¿Quién financiará la ejecución de las medidas que plantean?
Le corresponde al Estado dotar de recursos financieros para establecer políticas públicas a favor de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos.
Como sociedad civil también podemos aportar con criterios y consejos para evitar actos de desprotección, y vigilar que los procesos se cumplan.
TOME NOTA La legislación también beneficiará a niños, niñas y adolescentes extranjeros, residentes en Ecuador. EL DATO Los seguimientos respectivos al avance de la legislación se hacen, por el momento, de manera virtual. EXTRACTO “Hago un llamado a la ciudadanía en general, para que en cada uno de sus espacios se vigilen estos procesos”.