En 2018, un policía fue acusado de extralimitación de la fuerza, tras matar a una persona en un destacamento policial.
Redacción IMBABURA
Una tercera instancia judicial, en la Corte Nacional, abordará el caso Mascarilla, tras cuatro años del suceso ocurrido en la provincia de Imbabura.
Los hechos se remontan a agosto de 2018, cuando en un operativo policial buscaba evitar el secuestro de una grúa y un vehículo involucrado en un siniestro de tránsito registrado ese día, a pocos metros del destacamento policial ubicado en el Valle del Chota.
Tras una persecución, se registraron enfrentamientos entre policías y moradores del sector. La disputa terminó con la muerte de Andrés Padilla, tras un disparo del policía David Velasteguí.
“Mi país, donde después de casi cinco años hoy la Fiscalía solicita mi detención o cambio de medidas, como el peor delincuente del mundo. Aquí estoy y aquí estaré siempre trabajando con la cabeza en alto”, informó Velasteguí el 1 de septiembre de 2022.
“Ni a los que ponen bombas, ni a los que asaltan, ni a los peores criminales, pero sí a un policía. Que tanto odio tienen contras los policías”, agregó.
Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, expuso que este tipo de casos “son los que afectan la tranquilidad de una institución que lucha por trabajar y cumplir su deber”.
Sobre el caso de Velasteguí, puntualizó que la etapa actual, cuatro años después de los sucesos de agosto de 2018 en Mascarilla, se resolverá en la Corte Nacional de Justicia. “Declararon la nulidad procesal a partir de una providencia, quedando el caso en estado de volver a convocarse la audiencia de fundamentación de los recursos de apelación”.
Etapas pasadas
Hace cuatro años, Velasteguí fue detenido por sus compañeros, apenas ocurridos los hechos en Mascarilla, para que enfrente a la Justicia.
En primera instancia se lo declaró culpable de extralimitación de la fuerza, lo que además le costó permanecer un año y medio recluido en la cárcel 4 de Quito.
En una segunda instancia legal, un nuevo tribunal lo declaró inocente, en diciembre de 2019, con argumentos de que la muerte de Padilla se dio en legítima defensa y determinando que hubo riesgo inminente no solo para Velasteguí, sino también para sus compañeros policías involucrados en el hecho.
En ese tribunal se destacó que el policía fue atacado, amedrentado y su vida estuvo en latente peligro, situación que lo motivó a hacer uso de su arma de dotación en legítima defensa.
En la motivación del dictamen de aquel entonces se mencionó que tampoco encontraron dolo, ni conciencia o voluntad de perjuicio, ni intencionalidad vengativa, ni planeamiento de la muerte de Padilla, quien al contrario, en reiteradas ocasiones atentó contra la integridad del efectivo policial, por lo que no encontraron responsabilidad penal en Velasteguí, asegurando que la muerte de Padilla no sucedió como consecuencia de un acto de extralimitación de funciones y que el uso progresivo de la fuerza se adecuaba a las circunstancias que se registraron en el momento.
Quemaron el destacamento
El suceso quedó grabado por cámaras del ECU-911, que registraron los momentos de la persecución policial, así como el ataque en el destacamento de Mascarilla y su posterior incineración. La muerte de Padilla aumentó la ira de quienes estaban involucrados en el enfrentamiento y terminaron destruyendo la infraestructura, con bienes policiales, entre patrulleros, motos y todo lo que encontraron a su paso.
Salinas también criticó que cuatro años después de lo sucedido se vuelva a poner la mirada sobre el policía que disparó, pero no se tenga ningún procesado por la destrucción total del destacamento policial.
“Bienes, vehículos, motocicletas fueron incendiados y destruidos totalmente, pero todavía no tenemos una respuesta contundente por parte de la Justicia por estos hechos, para los daños que produjeron estas personas que violaron la ley”, expuso.
Según reportó LA HORA, en ese entonces, las pericias valoraron los daños al control policial de Mascarilla en $316.861.