Esta semana comenzó la formulación de cargos, por lo sucedido en 2018 en Imbabura, donde incluso murió una persona.
Redacción IBARRA
Luego de dos años del enfrentamiento entre policías y civiles, donde murió una persona, la Fiscalía involucra a tres personas en los sucesos que se desencadenaron, precisamente, tras el fallecimiento de Andrés Padilla.
Durante la presente semana, el martes, se instaló la audiencia, en una de las salas de la Corte de Justicia de Imbabura, donde se formuló cargos contra Diego A., Cynthia C. y Luis B., por su presunta responsabilidad en el delito de daño a bien ajeno. Según la Fiscalía, ellos habrían participado en los desmanes ocurridos el 23 de agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura, sin embargo habría más involucrados.
En su intervención, el fiscal Jhonny Hurtado expresó que los procesados, junto a otras personas, habrían destruido las instalaciones del retén policial de ese lugar, agrediendo a personal uniformado que allí se encontraba e incinerado los bienes, entre estos un patrullero.
Los daños ocasionados a las instalaciones, según la pericia de reconocimiento y avalúo, serían de 316 mil 861,19 dólares, que deberán pagar los implicados en este caso, de ser encontrados culpables tras pasar todo el proceso judicial respectivo.
En un comunicado, desde la Fiscalía, detallaron que también se presentó otros elementos de convicción recabados durante la etapa de investigación, como la pericia de identidad humana, versiones de los procesados, versiones de los policías que estuvieron en el lugar de los hechos y que reconocieron a estas personas como las que habrían ocasionado los daños al Control Integrado de Mascarilla, actualmente denominado Control Integrado de Tababuela.
Al finalizar la audiencia, que se desarrolló con medidas especiales de control policial, como ha sido la tónica en todas las diligencias en torno a este caso, el juez Edison Cisneros acogió el pedido de la Fiscalía y dictó a los procesados prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes por los 316 mil 861,19 dólares a cada uno y la presentación periódica ante los jueces, mientras dura la instrucción fiscal, que demorará al menos 90 días para profundizar las investigaciones y poder vincular al proceso a más personas, de ser el caso.
¿Qué ocurrió en 2018?
Previo a los ataques al control policial, en agosto de 2018, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) acudieron a un llamado del ECU – 911, que reportó un incidente en el sector de Salinas (Ibarra), desde donde se inició la persecución de un remolque que trasladaba una camioneta que previamente había participado en un accidente de tránsito y que había sido tomado a la fuerza por ciudadanos del Valle del Chota.
Posteriormente, el vehículo, que en videos se muestra iba protegido por varios automotores civiles y perseguido por patrullas y motocicletas de la Policía Nacional, llegó al control de Mascarilla, donde tuvo que detener su marcha debido a que la vía había sido cerrada por las fuerzas del orden que se encontraban en ese punto. Allí se produjo un incidente en el que Andrés Padilla fue impactado por una bala en la cabeza, que posteriormente le causó la muerte.
Enardecidos por el fallecimiento del muchacho, que en ese entonces tenía 26 años, decenas de personas de la zona incineraron un patrullero y prácticamente todo el cuartel policial del lugar, que además fue saqueado.
Un reporte de La Hora menciona que videos del ECU – 911 revelaron el desastre, cuando televisores, prendas de vestir, objetos de valor, motos, entre otros, fueron robados de las habitaciones y demás áreas del control.
316 mil 861,19 dólares es el avalúo de los daños en Mascarilla.El ataque fue tal, que una vez cometido el saqueo, no conforme con ello, el grupo de comuneros rompió ventanas, puertas de vidrio, para luego prenderle fuego a todo el lugar, e incluso intentar asesinar a los canes detectores droga, que eran parte del Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) de Imbabura.
16 meses preso y siete en libertad
Por la muerte de Andrés Padilla se siguió un proceso judicial contra el policía David Velasteguí, quien fue declarado inocente tras estar 16 meses en prisión, precisamente desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019, cuando se reintegró a las filas policiales.
En el dictamen final se estableció que nunca hubo intencionalidad ni dolo en el actuar del uniformado, sino legítima defensa. En todos los testimonios dados en la audiencia de juzgamiento se expuso el riesgo inminente en el que David Velasteguí y sus compañeros policías se encontraron, durante el hecho registrado el 23 de agosto de 2018.
Esto fue considerado por los jueces, quienes determinaron que el policía fue atacado, amedrentado y su vida estuvo en latente peligro, situación que lo motivó a hacer uso de su arma de dotación en legítima defensa.