Una vez más, los moradores de la parroquia del cantón Urcuquí obstaculizaron el paso de maquinaria y personal, con resguardo policial, en un problema que lleva más de dos años.
Redacción IMBABURA
Videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos de policías y militares con comuneros de la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, desde el 24 de enero de 2023.
El detonante habría sido el resguardo militar y policial que se brindaba a los trabajadores de la empresa minera internacional Hanrine, para que instalen un campamento en la concesión que el Estado les otorgó para explotar los minerales en más de 20.000 hectáreas, donde predominan los yacimientos de oro. Los trabajos, sin embargo, no se pueden hacer desde hace dos años, principalmente por la oposición de una sector de la población.
Con plantones, protestas y confrontaciones con la fuerza, durante todo este tiempo han impedido que Hanrine, subsidiaria de la firma Hancock Prospecting, instale sus campamentos y comience sus labores.
Retirados del lugar
Este 25 de enero de 2023, el Frente Nacional Antiminero informó que tras “jornadas de resistencia”, que incluyeron una marcha nocturna de comuneros de Buenos Aires contra la minería, “la empresa minera se retira del sector El Triunfo, en donde pretendía levantar un campamento…”.
Agregaron que esto se dio tras la visita de la Defensoría del Pueblo a la zona, donde “se reconoció la represión y vulneración de derechos”, por lo que Hanrine procedió a retirar toda la maquinaria, personal y equipos que había trasladado hasta el sector El Triunfo, en la parroquia Buenos Aires.
Desde el Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte de Ecuador (Omasne) adujeron que el Estado “reprime, agrede y criminaliza a las comunidades de La Merced de Buenos Aires, quienes se oponen al ingreso de la empresa minera australiana Hanrine con maquinaria y la construcción de campamentos”.
Apoyo estatal
A pesar de que desde la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o la misma empresa minera internacional Hanrine no se han emitido declaraciones sobre lo sucedido esta semana en Buenos Aires, desde el Gobierno Nacional se anunció, este 26 de enero de 2023, que se respaldará a todas las concesiones mineras legalmente establecidas, para que puedan ejercer sus actividades en ejecución de sus contratos, licencias y autorizaciones.
Las declaraciones las hizo Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública, al término de la última reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe). El funcionario agregó que las fuerzas del orden tendrán la obligación del aseguramiento de todo el territorio nacional para garantizar la paz y el cumplimiento de actividades legalmente autorizadas. (FV)
Impiden el ingreso de Hanrine desde hace más de dos años
Desde abril de 2021, cuando comuneros de la zona tomaron el control total del ingreso a la parroquia, todos los días la empresa minera Hanrine intenta avanzar, a la fuerza, según moradores de Buenos Aires.
“Estamos enfrentándonos pueblo contra pueblo”, dijo en ese entonces Lucía Chicaiza.
En su momento, desde Hanrine, la única persona que abordó el tema fue el entonces jefe de Operaciones, Favio Ocampo, quien en declaraciones a un medio afirmó que los problemas en Buenos Aires, tras la salida de los mineros ilegales en 2019, se dan desde agosto de 2020, con los comuneros, cuando campamentos de la empresa terminaron en llamas.
“Al momento tenemos peleas legales no solo con los mineros ilegales sino con algunas autoridades locales (…). Hanrine ha intentado ingresar a la concesión ‘Imba01’, donde no hay prohibición de realizar actividades, pero nuestros intentos han sido bloqueados por estas personas que se han tomado el ingreso de la parroquia La Merced de Buenos Aires, a vista y paciencia de la Policía”, declaró.
Acechados por la minería ilegal
Mientras los comuneros enfrentan a una empresa minera internacional que recibió la adjudicación del Estado para explotar un área de casi 23.000 hectáreas, entre Imbabura y Carchi, la Policía y las Fuerzas Armadas también luchan contra la minería ilegal en una zona que en 2019 protagonizó uno de los mayores focos de explotación irregular del país.
Tres años después, el problema no ha podido ser erradicado del todo, incluso con reportes policiales y militares de que bandas narcodelictivas, como los Lobos, estarían detrás del negocio de la minería ilegal para financiar sus actividades ilícitas a escala nacional.