Varios problemas en la Función Judicial en la provincia fueron develados por la directora provincial.
Redacción IMBABURA
“No tenemos insumos, no tenemos el suficiente personal y la infraestructura no puede ser atendida”, afirmó María Fernanda Echeverría, directora provincial del Consejo de la Judicatura en Imbabura.
Tras su posesión, el 1 de marzo de 2023, Echeverría conoció los problemas que atraviesa la Función Judicial en Imbabura, que impiden cumplir con el despacho de causas con celeridad y brindar un buen servicio a la ciudadanía.
Faltan jueces
Según Echeverría, se necesita el número óptimo de ayudantes judiciales, de médicos, de secretarios y de jueces para una buena atención ciudadana. Actualmente, existen quejas de la comunidad jurídica sobre tiempos excesivos para el señalamiento de audiencias en determinadas unidades judiciales de Imbabura.
“Esto ocurre debido a que no tenemos el número adecuado de jueces, por tanto se van a arbitrar toda las medidas necesarias para poder sostener este inesperado asunto sobre los jueces”, expuso.
De forma puntual, dijo que se tiene problemas en la Corte Provincial de Justicia, en la Sala de lo Civil y en el Tribunal de Garantías Penales, donde hay jueces que han cesado sus funciones y no se ha podido incorporar a nuevos funcionarios.
“Nos faltan dos jueces en la Corte Provincial, por ausencias que no han sido sustituidas”, afirmó, al tiempo de señalar que con esos dos jueces, la Corte Provincial podría solucionar los problemas. “Tenemos el sistema de oralidad, lo que hace que los jueces deban estar constantemente en audiencias; es decir, dividir su tiempo en audiencias, en despacho y en la realización de sus sentencias”.
También se requieren dos jueces en el Tribunal de Garantías Penales, “considerando la sensibilidad de la materia y de que cuidamos que no exista ninguna caducidad de prisión preventiva”, dijo.
Según Echeverría, se han hecho los pedidos y gestiones para que se otorgue, lo más pronto posible, estos jueces faltantes: “Estamos tomando todas las medidas necesarias para poder contar con jueces. Imbabura no se va a quedar de brazos cruzados a esperar que siga pasando el tiempo para que puedan darse las resoluciones o sentencias”.
Problemas económicos
Otro de los inconvenientes de la Función Judicial en la provincia es la reducción de su presupuesto, que bordea los $9 millones para este año.
“Un punto importante es la situación presupuestaria de la Función Judicial, que está tan venida a menos que no permite que se pueda dar un servicio óptimo y eficiente a la ciudadanía. El presupuesto asignado para la Función Judicial en Imbabura en 2023 es de $9’648.000, pero estamos hablando de una disminución de casi $215.000 para el ejercicio fiscal de este año en la provincia”, dijo Echeverría.
Infraestructura deficiente
Según la directora del Consejo de la Judicatura en Imbabura, en la provincia hay problemas en la infraestructura de los edificios, como en el complejo judicial de Otavalo, donde dos torres están inclinadas y registran daños en ventanales y paredes.
“A simple vista se miran las inclinaciones de las torres 1 y 3, lo cual ha ocasionado que se rompan vidrios, que se fisuren las paredes; y por supuesto que se encuentra en peligro el personal”, comentó.
Echeverría agregó que en Otavalo solo hay actas de entrega del edificio y existe una pugna entre el Consejo de la Judicatura y el contratista, por una obra que se entregó oficialmente en abril de 2013.
De igual forma, afirmó que no es posible dar una atención oportuna a la ciudadanía si no se cuenta con los archivos adecuados. “Los archivos han colapsado, los procesos se encuentran en cajas recicladas, en el piso. Esto ocasiona que se traspapelen los expedientes. Y si esto ocurre, la ciudadanía no puede tener un servicio óptimo, por tanto necesitamos que se mejore el presupuesto para una atención digna”, expuso.
El complejo judicial de Otavalo se construyó con más del 50% de sobreprecio, según afirmó en 2018 el Consejo de la Judicatura.