En las principales cárceles de estas dos provincias del norte del Ecuador, los reclusos se acomodan como pueden, en espacios reducidos.
Redacción IBARRA – TULCÁN
A pesar de no reportar amotinamientos y matanzas similares a las sucedidas en otras cárceles del país en lo que va del 2022, la crisis penitenciaria que atraviesa el Ecuador no es ajena a provincias como Imbabura y Carchi, donde el hacinamiento obliga a que en todas las celdas tengan que dormir el doble y hasta el triple de personas para las que fueron creadas.
Además, el decomiso de drogas y armas, así como celulares u otro tipo de objetos prohibidos, se reportan semanalmente en cada operativo sorpresa que organiza la Policía Nacional, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad carcelarios.
Según las estadísticas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), a nivel nacional, hasta abril de 2022, en 36 cárceles del país estaban recluidos un total de 33.541 personas (31.393 son hombres y 2.148 mujeres), con un hacinamiento promedio del 12%. Es decir, faltan plazas para 4.222 privados de libertad, pues la capacidad máxima penitenciaria a nivel nacional es de 30.169.
Más del 50% en Imbabura y Carchi
Sin embargo, en Imbabura y Carchi el porcentaje de hacinamiento sobrepasa el 50% en cada una de las prisiones, ubicadas en las capitales provinciales, Ibarra y Tulcán, respectivamente.
Por ejemplo, en Tulcán están recluidas, según el SNAI, 840 personas, pero la cárcel solo tiene espacio para 550, por lo que faltan 290 plazas, que sería el 52% de la capacidad instalada en esta prisión.
Mientras que en Imbabura faltan 173 espacios, pues el SNAI menciona que tiene cabida para 302 reclusos, pero están, hasta abril de 2022, 475 personas. Es decir, el hacinamiento en esta cárcel sería del 57%.
Más extranjeros que nacionales
De los 800 a 850 presos, en promedio, que alberga la cárcel de Tulcán, en la provincia de Carchi, al norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, más del 50% corresponde a ciudadanos extranjeros.
Hasta marzo de 2022, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) registraba un promedio de 3.500 privados de libertad extranjeros a escala nacional, de los cuales alrededor de 500 estaban recluidos en Carchi. Esto último, versus los alrededor de 350 ecuatorianos que ocupan la prisión de Tulcán.
En todo el Ecuador, los presos de nacionalidad colombiana superan a los de otras nacionalidades, como la venezolana, peruana, mexicana, cubana…
Pero, a pesar de que, en el caso de Carchi, la población carcelaria extranjera supera a la local y con la repatriación a sus respectivos países se podría solucionar el problema de hacinamiento, jurídicamente este proceso no es tan sencillo.
Desde la Defensoría Pública se expuso que las repatriaciones de privados de libertad de otras nacionalidades, desde el Ecuador a sus respectivos países de origen, se cumplen luego de contar con una serie de requisitos, que son analizados junto a los consulados o cancillerías de cada país.
Agregaron que el trámite también depende de los acuerdos o tratados que existen entre ambas naciones, así como su legislación local, donde se analiza, por ejemplo, que el delito por el que fue condenado en Ecuador también esté tipificado en ese país.
Sin embargo, una de las condiciones para poder ser repatriados es que cada uno de los sentenciados tenga la voluntad de retornar a su nación de origen, caso contrario el trámite no se puede efectuar.
Por ejemplo, de los más de 450 extranjeros detenidos en Carchi, menos de 10 son los que han mostrado intenciones de ser repatriados, mientras el resto afirma que terminará su sentencia en la localidad.
Presos y estudiantes son vecinos
La cárcel de Ibarra, que data de hace 100 años, aparte del problema de hacinamiento, presenta dificultades por su ubicación, pues prácticamente está en el centro de la ciudad, junto a una escuela.
Los intentos para que se reubique la cárcel pública de Ibarra han sido innumerables, pero no han existido ni las voluntades políticas ni los recursos para crear un nuevo centro penitenciario en la localidad y abandonar el antiguo sitio, ubicado en un sector residencial, comercial y educativo.
“Hoy son latentes los problemas de las cárceles del país, que es algo estructural y le corresponde al Gobierno Central tomar las medidas, pero nosotros, como ciudad, somos dueños de este predio y debemos exigir que la cárcel sea reubicada, porque debemos defender ese derecho a la educación, debemos cuidar la integridad de nuestros estudiantes”, argumentó, sobre el tema, la concejal Miriam Salgado, en una de las sesiones de Concejo a finales de marzo de 2022.
Aquel día, la concejala presentó la moción de solicitar formalmente al Gobierno Nacional la reubicación del centro penitenciario, así como pedir al Ministerio de Educación que defienda a la Unidad Educativa 28 de Septiembre y a sus estudiantes, para que el traslado a otro lugar sea de los casi 750 presos que tiene Ibarra y no de los más de 750 estudiantes.
En Carchi, de toda la población carcelaria, alrededor del 85% está detenido por casos correspondientes a delitos de drogas.
El mes pasado, tres casos de tuberculosis obligaron a suspender todas las visitas en la cárcel de Tulcán.