Reservas del Banco Central utilizadas para gasto público se recuperarían en 10 años

El Banco Central custodia dineros de bancos e instituciones públicas

Entre 2014 y 2017, durante el último periodo de Correa, se utilizó recursos del Banco Central para gasto público. Esas reservas no se podrán recuperar en menos de 10 años. La recientemente aprobada Ley de Defensa de la Dolarización busca evitar que la historia se repita.

La Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada  con 86 votos positivos en la Asamblea Nacional, tiene entre sus principales objetivos cerrar el paso para que se utilicen las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE), como caja chica del Gobierno de turno.

Gasto público

Entre 2014 y 2017, la administración de Rafael Correa hizo que esa institución le prestara a la banca pública y al ministerio de Economía más de $6.000 millones, es decir, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ese dinero se utilizó para gasto público y para tratar de mover las actividades económicas en medio de una creciente crisis. Sin embargo, el Banco central no es propietario de esos recursos, los cuales provienen del sistema financiero privado, Gobiernos locales e instituciones como el IESS.

En otras palabras, se sacó dinero ajeno para tratar de reactivar la economía, pero sin ni siquiera tener, hasta la fecha, un detalle de cómo se gastó. Además, según Verónica Artola, gerente del BCE, en los últimos 4 años solo se ha podido recuperar $1.000 millones de lo prestado. Para los más de 5.000 millones restantes se necesitaría, al menos, 10 años.

Dolarización en riesgo

Según Artola, durante una entrevista al medio español El país, si continuaban con la lógica de usar indiscriminadamente las reservas del BCE, tanto esa institución como el sistema de dolarización se ponían en riesgo.

Por eso, una de las principales metas de la Ley de Defensa de La Dolarización es cerrar las vías de cualquier préstamo al Gobierno de turno y restablecer el sistema cuatro balances. Así, se puede saber exactamente cuánto dinero tiene el BCE y cómo se lo utiliza.

Directorio

En esa misma línea, la normativa crea una Junta de Regulación Monetario, que hará las funciones de un directorio del BCE. Sus miembros son nominados por el ejecutivo, pero designados por la Asamblea. El objetivo es que esa institución no sea una dependencia del ejecutivo y pueda tomar decisiones autónomas.(JS)

DATO: La aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización está dentro del acuerdo con el FMI. En junio 2021 llegaría el primer desembolso de 2021 por $450 millones

 

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Asamblea aprueba la Ley de Defensa de la Dolarización

El segundo debate de la Ley tuvo la participación de 135 asambleístas

La Asamblea aprobó la Ley de Defensa de la Dolarización, con votos 86 de las bancadas de CREO, socialcristianos, independientes y una parte de Alianza País.

La autonomía del Banco Central y el blindaje de las reservas internacionales son los principales temas que plantea la Ley de la Dolarización aprobada por la Asamblea Nacional.

A dos días que se cumplan el plazo máximo, los 86 votos de CREO, socialcristianos, independientes y una parte de Alianza País aprobaron la Ley de Defensa de la Dolarización.
Esa aprobación es uno de los principales requisitos para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolse $450 millones a Ecuador.

En principio, esos recursos debían llegar al mediados de este mes (abril), pero el proyecto fue rechazado dos veces en la Asamblea antes de la aprobación de hoy, 22 de abril de 2021.

El ministro de Economía, Mauricio Pozo, explicó que los $450 millones llegarían en junio 2021, es decir, el gobierno entrante será el beneficiario.

“La planificación hasta el cambio de mando, es decir, hasta el 24 de mayo 2021, está estructurada sin tomar en cuenta esos recursos”, dijo

Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, puntualizó que la principal ventaja de la ley es que se le da autonomía al Banco Central y se cierran todas las puertas para que cualquier Gobierno de turno utilice las reservas de esa institución para gasto público.

Por su parte, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, legisladores como Lira Villalba rechazaron la iniciativa bajo argumentos como que es inconstitucional que una junta independiente del ejecutivo establezca la política monetaria.

Puntos principales

  1. Junta Regulación Monetaria: Cumplirá las funciones de una especie de Directorio del Banco Central.
  2. Junta de Política y Regulación Financiera: Los tres miembros de una cada de esas instancias serán propuestos por el presidente de la República (ternas) y nombrados por la Asamblea Nacional.
  3. Poder de remoción: La Asamblea tendrá la facultad de verificar tanto la idoneidad de la designación como el control del correcto ejercicio de las funciones de los miembros de las juntas. Así, no solo el ejecutivo los podrá remover del cargo
  4. Acumulación de reservas: El Banco Central deberá cumplir la meta de acumular gradualmente más reservas internacionales para que se pueda respaldar la totalidad de los recursos del sistema financiero nacional y del sector público depositados en el organismo, así como la moneda faccionaria en circulación.
  5. Banco Central no puede financiar al Gobierno: Se prohíben expresamente que se hagan préstamos al Gobierno o se compren papeles del Estado con las reservas internacionales. En otras palabras, se cierra el paso a financiar el gasto.
  6. Creación y publicación de cuatro sistemas en el balance: Se establece que se publiquen los cuatro sistemas dentro del balance del Banco Central. Esto significa que se obliga a que, por cada dólar de depósitos, la institución tenga un dólar en reservas. El banco Central custodia dinero del sistema financiero, gobiernos locales, instituciones públicas como el IESS.
  7. Escrutinio y rendición de cuentas: El Banco central y las dos juntas deberán someterse al escrutinio de terceros, publicar resoluciones y entregar una rendición de cuenta periódica.
  8. Estados financieros: Se debe presentar los estados financieros anuales auditados a través de una firma externa de reconocido prestigio.
  9. Cierre de crisis de 1999: se establece que para proteger el patrimonio del Banco Central de problemas legales se crea la Unidad de Gestión y Regularización. Esa unidad se encargará del cálculo y cobro de las deudas que mantengan accionista de bancos cerrados.
  10. Equiparar normativa para todo el sistema financiero: Se ordena que se equipare, adecue, actualice y racionalice la normativa sobre el sector financiero popular y solidario (cooperativas) en el Código Monetario Financiero.
  11. Normativa internacional para Cosede: Se establece que la normativa de la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede) debe cumplir estándares internacionales.

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La aprobación del proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización permitiría la continuidad del acuerdo con el FMI

La aprobación del proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización permitiría la continuidad del acuerdo con el FMI

DESPILFARRO. Entre 2014 y 2017 el Gobierno se llevó $7.000 millones de las reservas del Banco Central para gasto corriente.

El trámite en la Asamblea transcurre sin posiciones claras en la mayoría de los bloques, a excepción del correísmo. El acuerdo con el FMI está en juego.

A 14 días de que se acabe el plazo para que la Asamblea apruebe o niegue la Ley de Defensa de la Dolarización, las posiciones de la mayoría de los bloques no están claras y dependen de la postura del nuevo Presidente sobre la normativa.

El ministro de Economía, Mauricio Pozo, aseguró que se han concretado acercamientos y conversaciones con todos, a excepción del grupo de la Revolución Ciudadana, debido su oposición a la Ley, que ha estado clara e inamovible desde el principio.

Según el funcionario, en el actual Gobierno hay un cauto optimismo de que se puedan sumar los 70 votos mínimos necesarios con apoyo de legisladores de CREO, PSC, SUMA y algunos independientes. En el caso de Alianza País, todavía persisten dudas, pero se ha trabajado en limar asperezas con gente como Ana Belén Marín, que persiste en sus dudas sobre la constitucionalidad de temas como la creación de la Junta de Regulación Monetaria (directorio del Banco Central).

Los tres operadores políticos ante la Asamblea son Pozo y los ministros de Gobierno, Gabriel Martínez, y de Trabajo, Andrés Isch. En el último caso, su papel es menos importante porque está enfrentando el proceso de un juicio político.

Acuerdo con FMI y tenedores de bonos

La aprobación del proyecto de Ley, que llegó al Legislativo como económico urgente, permitiría la continuación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la llegada de $1.500 millones hasta finales de 2021, de los cuales $450 millones ingresarán durante los primeros días del nuevo Gobierno.

Pero si se lo niega y archiva, no solo se pondría en riesgo ese acuerdo, sino también la renegociación de la deuda externa en bonos, alcanzada en 2020 durante los meses más duros de la pandemia.

Andrés Morales, economista e investigador, recordó que una de las principales condiciones de los tenedores de los bonos fue que Ecuador tenga un programa de financiamiento con el FMI, como una forma de asegurarse que se manejará bien las cuentas fiscales y podrán recibir los pagos con el nuevo cronograma.

“Si esa renegociación queda sin efecto, el nuevo Gobierno tendría que pagar $11.000 millones por intereses y servicio de deuda hasta 2025. Además, $16.000 millones adicionales tendrían que desembolsarse los siguientes cinco años. Todo eso quedó aplazado para 2030 a 2040”, acotó Morales.

En otras palabras, en el periodo presidencial de 2021 a 2025, se tendría que buscar deuda adicional de $2.200 millones cada año para poder pagar los vencimientos de esos bonos.

Tres escenarios posibles

  1. La Asamblea niega el proyecto de Ley.

Si esto sucede, el nuevo Presidente podría enviar una nueva iniciativa, tal vez más corta y concisa, donde sobre todo se insista en el blindaje de las reservas internacionales del Banco Central y su no utilización para financiar el gasto público del Gobierno de turno.

Esa iniciativa tendría que ser el primer insumo de la renegociación del acuerdo con el FMI.

Luis Gerado Prato, economista de Torino Economics, explicó que el organismo multilateral está dispuesto a ser extremadamente flexible para mantener el programa con Ecuador.

  1. Aprueban el proyecto, pero con modificaciones sustanciales.

Bajo este panorama, el Gobierno entrante y saliente deberán sentarse a acordar en veto ejecutivo y una estrategia de negociación ante la Asamblea.

En ese escenario entra en juego todos los cabildeos y acercamientos que ya están haciendo los legisladores electos de cara a su posesión oficial el 14 de mayo 2021.

  1. Se aprueba sin cambios y se pone en práctica.

Finalmente, la tercera opción es que hasta el 25 de abril de 2021 la Asamblea dé paso a la normativa sin cambios sustanciales y se agilite, incluso antes del cambio de mando en la Presidencia, la llegada de los $450 millones. (JS)

Sin la Ley de Defensa de la Dolarización

  • Se pierden $1.500 millones de desembolsos para 2021
  • Aumentan en $2.200 millones las necesidades de nueva deuda para 2020
  • Se tendrá que negociar préstamos por al menos $2.400 millones con China a cambio de petróleo
  • Buscar otras opciones de financiamiento caro
  • Renegociación cuesta arriba con el FMI

Con la Ley de Defensa de la Dolarización

  • Se reciben $1.500 millones del FMI y se abre el camino para la renegociación del acuerdo
  • Se mantiene los plazos de gracia de la renegociación de la deuda en bonos
  • Se puede ampliar las líneas de crédito con otros multilaterales a bajo costo
  • Renegociación con el FMI con base en metas cumplidas

 $1.000 millones de ayuda de emergencia

En los próximos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría aprobar una emisión de $600 billones de Derechos Especiales de Giro (DEG), que es la moneda de los créditos de ese organismo multilateral.

Si eso ocurre, Ecuador, al igual que el resto de las naciones miembros de la institución, tendría acceso a recursos adicionales para enfrentar la persistente crisis sanitaria. En total, el país accedería a $1.000 millones de libre disponibilidad, es decir, sin condicionamientos ni destinos específicos de gastos. Esa ayuda no tiene nada que ver con que se tenga o no un acuerdo con el FMI.

Alberto Acosta Burneo, analista económico, recalcó que esos $1.000 millones son como una especie de lotería o dinero caído del cielo, pero que no debe tomarse como una excusa para no hacer los ajustes necesarios y manejar responsablemente los dineros públicos.

Para cumplir con todas sus obligaciones y financiar el funcionamiento del Estado, este 2021 se necesitan alrededor de $7.000 millones de nueva deuda, donde casi $5.000 millones vendrán de organismos multilaterales si Ecuador cumple con sus compromisos.

Ley de Defensa de la Dolarización tiene vía libre para tratarse en la Asamblea

El Banco Central custodia dineros de bancos e instituciones públicas

El Consejo Administrativo de la Asamblea (CAL) aprobó que se tramite la Ley de Defensa de la Dolarización en la Comisión de Régimen Económico.

La tercera fue la vencida. La mañana del 29 de marzo 2021, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), luego de dos rechazos previos, aprobó que se dé paso al trámite de la Ley de Defensa de la Dolarización.

Con seis votos a favor y una abstención, se decidió que el proyecto sea procesado y discutido, en primera instancia en la Comisión de Régimen Económico. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea y miembro del CAL, aseveró que la decisión fue posible gracias a que “se disiparon las dudas”, sobre todo con respecto a la constitucionalidad del proyecto.

“En la comisión deberán propiciar el debate más amplio posible, con actores del sector público y privado, además de representantes de la sociedad civil”, acotó. Los plazos son muy cortos porque la ley fue enviada por el Ejecutivo con carácter de económica urgente.

Es decir que en solo 30 días se debe discutir en la comisión; elaborar un primer informe para el debate inicial en el pleno de la Asamblea; elaborar un segundo informe en la comisión y hace un segundo debate definitivo otra vez en el pleno.

Mauricio Pozo, ministro de Economía, aseguró que se han hecho acercamientos con todos los bloques legislativos, con miras a lograr los 70 votos mínimos necesarios para que se apruebe el proyecto. De esa aprobación, depende la llegada de $450 millones de un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Las mesas técnicas que se hicieron en las últimas semanas sirvieron para pulir temas legales y aclarar dudas con abogados de todos los sectores de la Asamblea!, aseguró.
Entre los cambios sustanciales con respecto a las otras versiones de la Ley de Defensa de la Dolarización, el Ministro resaltó que se establecen claramente los mecanismos para que los legisladores puedan remover a los miembros de la Junta de Regulación Monetaria, que es como se denomina en la normativa al directorio del Banco Central del Ecuador (BCE).

 

Presupuesto estatal inició 2021 con $548 millones menos

Entre enero y febrero se recibieron $2.231 millones. Con la baja producción petrolera y la crisis en el resto de los sectores, el financiamiento externo es vital.

La reducción de más del 14% en el gasto público no fue suficiente, pues las cuentas fiscales continúan desequilibradas. Entre enero y febrero de 2021, el Presupuesto General del Estado (PGE) recibió $2.231 millones, lo que representa $548 millones menos en comparación con 2020.

Esa reducción equivale a 3,5 veces la inversión anual en el sector agropecuario o casi cinco meses de gastos del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Ingresos al Presupuesto General del Estado (USD millones)

 

Gastos al Presupuesto General del Estado (USD millones)

 

 

Sin recursos

Con 17 de 24 sectores económicos sin recuperación, el aporte de los impuestos cayó en $123 millones. Mientras que por otras fuentes, como el financiamiento externo, se recibieron $283 millones menos que en el inicio de 2020.

Fausto Ortiz, exministro de Economía, comentó que, entre enero y febrero de 2021, solo desde China llegó más crédito. Por eso, el analista consideró que, desde la Asamblea y otros sectores políticos, se debería tomar mayor consciencia de la importancia de los $450 millones que podría llegar hasta mayo si se cumple con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin ese desembolso, atado a la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización, el gobierno entrante podría heredar un mayor y el nivel de atrasos y gastos pendientes, tanto con proveedores, gobiernos locales e incluso la nómina del sector público.

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Ingresos petroleros no ‘levantan cabeza’

Al inicio de 2020, el PGE recibió $165 millones procedentes de exportaciones petroleras. Sin embargo, este año esos ingresos fueron de $23 millones, lo que representa una caída de más del 86%.

A pesar de que los precios internacionales del petróleo están promediando los $60 por barril, la caja fiscal recibe menos. El volumen de producción de Petroecuador está 20.000 barriles diarios por debajo de lo que se registraba el año anterior.

Más del 80% de los campos petroleros del país, controlados por el Estado, producen 398.000 barriles. Según información revelada durante la última semana, el Gobierno hará un esfuerzo adicional para subir el nivel hasta los 400.000 barriles diarios hasta antes del 24 de mayo de 2021.

Para eso, se invertirá en la perforación de ocho pozos en el campo Tambococha, que es parte del bloque 43 ITT, y otros cinco en Sacha. Rodrigo Muñoz, experto petrolero, comentó que el sector ha sido mal manejado durante más de una década, lo que da como resultado que perdamos millones de dólares en ingresos.

Una ‘bola de nieve’

Entre enero y febrero de 2021, el gasto público se redujo un 14,3%, pasando de $2.398 millones a $1.881 millones. El ajuste suma $421 millones en sueldos y compras públicas; además, la renegociación de la deuda externa en bonos permitió que se pague $295 millones menos en intereses.

Sin embargo, las transferencias corrientes, que incluyen los desembolsos a Gobiernos locales, aumentaron un 73%, desde $284 millones a $491 millones.

Esa austeridad en el gasto no compensa el desplome en los ingresos, por lo que el déficit fiscal se disparó este año un 400%. Así, el hueco en la caja ha ido de $33 millones en 2020 a $180 millones en la actualidad. (JS)

Gobierno envía por tercera vez la Ley de Defensa de la Dolarización a la Asamblea

La aprobación de la normativa, que incluye reformas para darle autonomía al Banco Central, es requisito para recibir un desembolso de $450 millones del FMI hasta mayo 2021.

La mañana de hoy, 25 de marzo 2021, desde el Ministerio de Economía se anunció que se volvió a enviar el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización para que se tramite en la Asamblea. Este es el tercer intento del Ejecutivo para que la normativa sea discutida y aprobada por los legisladores.

En dos ocasiones, primero por defectos de forma y luego por supuestas inconstitucionalidades, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechazó el proyecto. Ahora, luego de dos semanas de mesas técnicas, diálogos y revisiones, el Gobierno se juega su última oportunidad de cumplir con el requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar, hasta mayo de 2021, $450 millones dentro del acuerdo de financiamiento entre nuestro país y el multilateral.

Según Mauricio Pozo, ministro de Economía, la nueva propuesta fue depurada por un grupo amplio de abogados, con lo que se espera que no se repitan errores pasados. Además, hizo votos para que haya una discusión sensata, madura y técnica porque es un proyecto que el país requiere.

También aseguró que el espíritu de la ley se mantendrá. Esto quiere decir que se insiste en la independencia del BCE. El funcionario explicó que se habló con miembros del CAL para que se dé paso al trámite.

Pozo, sin embargo, consideró que el problema que tiene en este momento la ley es que, al estar en un momento electoral, “nadie quiere arrimarse al Gobierno”, pues todo lo que diga el Ejecutivo es usado para oponerse. Sin embargo, dijo que quienes quieren defender la dolarización deberían apoyarla. (JS)

EL DATO: La ley Defensa de la Dolarización está dentro del acuerdo con el FMI. De su aprobación depende desembolsos de ese y otros multilaterales durante 2021.

Próximo gobierno deberá negociar desembolsos pendientes con el FMI

REALIDAD. Moreno no ha podido avanzar en el acuerdo con el FMI durante 2021.

La aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización no se ve viable antes del 24 de mayo de 2021. El organismo multilateral está dispuesto a flexibilizar las metas del acuerdo.

 

Aunque el ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo que la Ley de Defensa de la Dolarización se volverá a enviar a la Asamblea antes del cambio de Gobierno, el 24 de mayo de 2021, no se ve viable que su aprobación se concrete en el corto plazo.

 

En primera instancia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía previsto hacer una nueva revisión del acuerdo con Ecuador a mediados de abril de 2021, pero ahora se prevé aplazar hasta después de que el nuevo presidente se instale en Carondelet.

 

Esa revisión, que incluía el establecimiento de la normativa para fortalecer la autonomía del Banco Central, habría permitido que el país reciba $450 millones más hasta inicios de mayo de este año.

 

Esos recursos ya no llegarán en esas fechas y las nuevas autoridades deberán, de manera inmediata, buscar una renegociación de condiciones y plazos; y, a la par, buscar fuentes alternativas de financiamiento con otros organismos financieros internacionales, bancas de inversión y otros países.

 

Luis Gerardo Prato, economista de Torino Economics, explicó que el FMI está abierto a flexibilizar las metas y encontrar nuevos puntos de entendimiento. “El multilateral está consciente de la difícil situación en Ecuador y no va a presionar por resultados rápidos, pero se debe establecer una estrategia clara. A nadie le conviene una ruptura del acuerdo y se prevé que sea quien sea el presidente se siente a negociar”, acotó.

 

Cambio de estrategia

La aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización se puede dejar para más tarde, pero no es posible descartarla definitivamente, porque es considerada vital para el manejo monetario y fiscal del Ecuador.

 

Según Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), se debe cambiar de estrategia para desactivar la oposición al proyecto; lo que significa que se lo reenvíe a la Asamblea sin los aspectos más polémicos.

 

El experto aconseja que no se incluya, por ejemplo, el tema del directorio independiente del Banco Central que, a criterio de la mayoría del Consejo de Administración Legislativa (CAL), es inconstitucional.

 

Sin embargo, se debe mantener la prohibición de que se financie gasto público con las reservas de la institución y la obligación del 100% de cobertura sobre los depósitos del Banco Central : bancos privados, gobiernos locales, IESS, entre otros.

 

Los dos candidatos finalistas tienen libreto propio

Tanto Guillermo Lasso (CREO) como Andrés Arauz (UNES), candidatos a la Presidencia, han manifestado que renegociarán el acuerdo con el FMI. Ninguno habla de ruptura. Sin embargo, todo dependerá de si el plan alternativo que presenten convence a los técnicos del multilateral.

 

En el caso de Arauz, la mayor preocupación es su rechazo radical a la Ley de Defensa de la Dolarización, pero Prato considera que, a pesar del discurso, sí hay espacio para consensos mínimos. Con Lasso, la autonomía del Banco Central no es un problema.

 

Ambos no están de acuerdo con una reforma tributaria que suba impuestos como el IVA,y sus contrapropuestas se enfocan en más cargas a los que más tienen (Arauz), menos gasto público y más producción petrolera (Lasso). (JS)