Entre 2014 y 2017, durante el último periodo de Correa, se utilizó recursos del Banco Central para gasto público. Esas reservas no se podrán recuperar en menos de 10 años. La recientemente aprobada Ley de Defensa de la Dolarización busca evitar que la historia se repita.
La Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada con 86 votos positivos en la Asamblea Nacional, tiene entre sus principales objetivos cerrar el paso para que se utilicen las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE), como caja chica del Gobierno de turno.
Gasto público
Entre 2014 y 2017, la administración de Rafael Correa hizo que esa institución le prestara a la banca pública y al ministerio de Economía más de $6.000 millones, es decir, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ese dinero se utilizó para gasto público y para tratar de mover las actividades económicas en medio de una creciente crisis. Sin embargo, el Banco central no es propietario de esos recursos, los cuales provienen del sistema financiero privado, Gobiernos locales e instituciones como el IESS.
En otras palabras, se sacó dinero ajeno para tratar de reactivar la economía, pero sin ni siquiera tener, hasta la fecha, un detalle de cómo se gastó. Además, según Verónica Artola, gerente del BCE, en los últimos 4 años solo se ha podido recuperar $1.000 millones de lo prestado. Para los más de 5.000 millones restantes se necesitaría, al menos, 10 años.
Dolarización en riesgo
Según Artola, durante una entrevista al medio español El país, si continuaban con la lógica de usar indiscriminadamente las reservas del BCE, tanto esa institución como el sistema de dolarización se ponían en riesgo.
Por eso, una de las principales metas de la Ley de Defensa de La Dolarización es cerrar las vías de cualquier préstamo al Gobierno de turno y restablecer el sistema cuatro balances. Así, se puede saber exactamente cuánto dinero tiene el BCE y cómo se lo utiliza.
Directorio
En esa misma línea, la normativa crea una Junta de Regulación Monetario, que hará las funciones de un directorio del BCE. Sus miembros son nominados por el ejecutivo, pero designados por la Asamblea. El objetivo es que esa institución no sea una dependencia del ejecutivo y pueda tomar decisiones autónomas.(JS)
DATO: La aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización está dentro del acuerdo con el FMI. En junio 2021 llegaría el primer desembolso de 2021 por $450 millones