Fiscalía ‘afina’ protocolos forenses para búsqueda de mujeres desaparecidas

JUSTICIA. Este 2 de diciembre de 2021 se realizará la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Valentina Cosios, la niña fue encontrada muerta dentro de su colegio. Tras cinco años no hay respuestas.

Es la primera vez que Ecuador tiene un Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas

Aunque desde 2015, Ecuador usa el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género de Naciones Unidas, los protocolos para investigar desapariciones y muertes de mujeres tenían falencias respecto a la aplicación de las normas internacionales. Esto ponía trabas al momento de recabar pericias.

Esto ha sido comprobado por las familias de las víctimas, que entregan años de sus vidas a la búsqueda de justicia.

Es el caso de Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, una niña que fue encontrada muerta en el patio de su escuela, en 2016.

En una entrevista con LA HORA, Montenegro detalló que en el caso de su hija se han necesitado pericias a escala internacional “porque no hay peritos aquí en el país y el Estado dice que no tiene recursos”.

Otro caso es el de Lisbeth Baquerizo, cuyo esposo intentó hacer pasar su muerte como un accidente. Y que tras la insistencia de los padres de la víctima se realizó una nueva autopsia que determinó que se trató de un femicidio.

Las falencias, detalla Adriana Molina, abogada experta en criminalística, se dan porque la norma internacional no es específica los tipos de muestras a tomar cuando se recaban pruebas. “Es un protocolo de actuación muy general que es una base, para que cada nación pueda crear una norma acorde a su realidad”, dice.

Un paso a paso de cómo actuar

 El 24 de noviembre de 2021 la Fiscalía General del Estado (FGE) suscribió un nuevo protocolo de acción que establece el rol de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía y el ECU 911.

El documento detalla que las primeras horas posteriores a la muerte violenta de una mujer o niña son cruciales para la investigación, es ahí que se debe levantar la mayor cantidad de evidencias, lo que permite encontrar a los responsables. En el caso de Lisbeth Baquerizo, por ejemplo, se encontró en sus uñas ADN de su esposo, mismo que se dio a la fuga durante el velorio.

Molina indica que el nuevo protocolo delinea “muy bien” las directrices para proteger la escena del crimen, así como a los testigos. “Mientras más rápido se actúe, no solo es más probable dar con los culpables; sino que se evita procesos doloroso y revictimizantes para las familias”.

 “Implementar un protocolo forense aterrizado a la realidad nacional hace que se pueda tomar, en las primeras horas, muestras biológicas de las mujeres víctimas de femicidios o muertes violentas. Actualmente, se trabaja bajo un modelo de exhumaciones a los cuerpos, que no solo dilatan más los procesos, sino que hacen que se vaya perdiendo evidencia”, agrega.

Falencias del sistema

El mismo protocolo indica que tras un diagnóstico se ha determinado que los actores que deben investigar este tipo de hecho tienen falta de conocimiento sobre el fenómeno del femicidio (relaciones de poder, tipos de femicidio, entre otros). Además, se evidencia una falta de coordinación entre las distintas entidades que atienden en primera instancia las muertes violentas de mujeres y niñas, lo cual afecta al levantamiento de indicios; la multiplicidad de actores que intervienen en las investigaciones no cuentan con criterios unificados para el levantamiento de pruebas; falta de participación de las víctimas en el diseño y solicitud de las medidas de reparación integral; y, carencia de estrategias para prevenir y atender el burnout derivado de la atención de casos.

Molina espera que al reconocer estas falencias casos como los de Valentina Cosíos no se repitan. Su madre, Ruth Montenegro, insiste en que ha existido negligencia desde el levantamiento del cuerpo (forenses) hasta en la ejecución de los sistemas de justicia; tanto así que su caso se ha mantenido en indagación previa por cinco años, cuando el plazo normal son dos años.

Este 2 de diciembre de 2021 se realizará la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Valentina, donde seis personas están vinculadas. (AVV)