La sentencia contra la expresidenta Áñez golpea a la institucionalidad boliviana

Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia.

La sentencia de 10 años de cárcel contra Jeanine Áñez preocupa a los organismos de DD.HH. más representativos. El Gobierno socialista los acusa de «injerencia».

La institucionalidad boliviana está en la mira internacional tras varios cuestionamientos de la ONU o la UE a la sentencia de 10 años de cárcel contra Jeanine Áñez por la forma en que se le procesó por asumir la Presidencia interina en 2019, mientras que para el oficialismo es un nuevo intento de «la derecha» para «desestabilizar» la gestión de Luis Arce.

Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos (Oacnudh), el relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, Human Rights Watch (HRW), además del Reino Unido y la Unión Europea están entre las voces que han cuestionado la forma cómo se condujo el proceso judicial «golpe de Estado II».

Las observaciones se orientan desde la aplicación al tipo penal de «incumplimiento de deberes» que es «incompatible» con tratados de derechos humanos, el uso excesivo de la detención preventiva, la no inclusión de testigos y el número de partes acusadoras y la no valoración de un juicio de responsabilidades contra Áñez, así como «injerencia política en la Justicia».

Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS), el Ejecutivo de Luis Arce y sectores afines han buscado mostrar «unidad», pero también se han declarado en «emergencia» y han acusado de «injerencia» a Gobiernos u organismos internacionales que se han pronunciado en contra de la forma del juicio a Áñez.

El expresidente Evo Morales, quien dice fue víctima de un «golpe de Estado» en 2019 en medio de denuncias de fraude electoral a su favor, insiste en que hay una nueva «guerra sucia» de la «derecha golpista» para «desestabilizar la gestión de Arce».

Posibles consecuencias

El fallo de un tribunal de La Paz por los sucesos que ocurrieron entre el 10 de noviembre de 2019, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria, avivó las heridas y las críticas de una crisis que aún divide la opinión de los bolivianos y de la comunidad internacional.

Para el presidente de la Fundación de Estudios Constitucionales y Políticos, Gonzalo Hidalgo, estas declaraciones tienen un efecto «jurídico y moral» sobre la estructura judicial del país ya que abren otros caminos legales a la defensa de Áñez y, por otro, desnudan la «irresponsabilidad del Estado boliviano» en relación a su caso.

En lo jurídico, «la validez de las decisiones (de la Fiscalía y el Poder Judicial) están en cuestionamiento» y en lo moral se advierte que no solo se han vulnerado los valores constitucionales de transparencia, respeto y libertad, sino que se han «quebrado» elementos del debido proceso, aseguró.

Hidalgo consideró que este juicio y lo que ha surgido después «está debilitando políticamente al MAS porque hay una clara injerencia del poder político» sobre la Justicia.

El Gobierno se ha propuesto en varias ocasiones la realización de una reforma judicial que corrija aspectos como la falta de transparencia, corrupción y la mora de los procesos judiciales, sin que aún se establezcan pasos efectivos de esa transformación.

Tras su visita a Bolivia, García-Sayán habló de la necesidad de un gran «pacto nacional» con todos los actores de las sociedad boliviana para efectuar esos cambios tras considerar de que la justicia boliviana «está lejos de la gente».

En ese sentido, el exministro Reymi Ferreira dijo que la Oacnudh hizo una «mala interpretación», pues «se ha enfocado en un tema particular (el de Áñez)», cuando en realidad su labor es «hablar sobre la reforma judicial» en Bolivia.

Ferreira, que fue ministro de Morales, restó importancia a los pronunciamientos internacionales y cuestionó que esos mismos organismos y algunos países «no dijeron nada» cuando en la Administración de Áñez se cometieron delitos de «lesa humanidad» y, por el contrario, «reconocieron a ese Gobierno ilegítimo».

Un fallo ‘injusto’ para todos

Entre los varios cuestionamientos a los jueces que llevaron el juicio están que solo juzgaron sobre la forma cómo Áñez llegó a la Presidencia interina, dejando de lado las causas que llevaron a ese hecho, descartaron los testigos de la defensa, no tomaron declaración alguna a Morales o a la línea de sucesión que renunció junto a él, ni a los legisladores oficialistas que en su momento avalaron la toma de mando de la entonces senadora.

Para Hidalgo, estos pronunciamientos confirman que la acusación de la «autoproclamación» de Áñez «es una falacia» y la exmandataria interina afrontó un proceso «injusto», «inadecuado» e «inconstitucional».

También que así como algunos países y organismos han observado el proceso contra Áñez, otros se han manifestado a favor de que en Bolivia hubo un «golpe de Estado» y que, en ambos casos, las opiniones o pronunciamientos no son necesariamente un acto de «injerencia».

Este juicio no es el único proceso que enfrenta la expresidenta interina, el oficialismo ya pidió a la Justicia que agilicé al menos otros dos casos y también anunció que solicitará que se adelanten acciones judiciales contra otros actores determinantes de la crisis de 2019 como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. (EFE)

Un informe revela que unas 700 personas aún siguen detenidas tras el 11J en Cuba

El 11 de junio del 2021 iniciaron jornadas de protesta en Cuba.

A pocos días del aniversario de la protesta en la Isla, todavía hay detenidos. Organismos de DD.HH. denuncia un «esquema de represión generalizada».  

Un reporte elaborado por dos organizaciones y difundido este jueves refleja que, después de casi un año de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en Cuba, 701 personas siguen detenidas en cárceles de la isla.

El reporte «Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J», hecho por las oenegés Cubalex y Justicia 11J, refleja que en total fueron arrestadas 1.484 personas, de las que 701, con edades comprendidas entre los 12 y 68 años, aún permanecen entre rejas.

De igual manera, hasta la fecha han sido procesadas un total de 622 personas, de las cuales las organizaciones han podido confirmar 584 sentencias, según consta en el reporte.

En su informe, las ONG alertaron de la detención de 57 personas menores de edad, de las cuales cinco continúan privadas de la libertad. La edad mínima penal en la isla es de 16 años.

Según los datos de las organizaciones, 27 personas de entre 16 y 18 años han recibido algún tipo de sanción por su participación en las movilizaciones. Las penas van desde los cinco años de trabajo correccional con o sin internamiento hasta los 19 años de cárcel, mientras que solo uno ha sido absuelto.

Los cargos más comunes que ha presentado la Fiscalía contra los manifestantes son: desórdenes públicos (626), desacato (369), atentado (345), sedición (169) e instigación a delinquir (119).

El informe además da cuenta de al menos 36 personas detenidas que padecen enfermedades crónicas (epilepsia, cáncer, hipertensión, entre otras), discapacidad física o mental, o que reciben tratamientos psiquiátricos. De ellas, 26 han sido juzgadas y sentenciadas con penas de hasta 22 años de privación de la libertad.

El perfil de los detenidos

Cubalex y Justicia 11J han logrado, a través de sus cifras, mostrar un perfil de la mayoría de los enjuiciados y de esta forma se refleja que el grueso de los detenidos por las movilizaciones (93 %) «no pertenece a ninguna organización política».

Además, «1.259 se reconocen como hombres (85 %) y 218 como mujeres (14,6 %)» mientras que el rango de edad más común es de «entre 21 y 35 años, 556 (37 %), y entre 36 y 75 años, 356 (24 %)».

Durante la presentación del informe, realizado de manera telemática, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, señaló que el texto «rescata los patrones que durante muchos años las organizaciones de derechos humanos hemos documentado».

De la misma forma, Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW), destacó que el informe es el «trabajo más exhaustivo» que se ha hecho sobre las detenciones tras el 11J.

«Esto tiene que ser una alerta a la comunidad internacional sobre las graves violaciones de los derechos humanos (en Cuba)», sentenció.

Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, indicó que el nuevo código penal cubano que incrementa las penas y sanciones para quienes «ejerzan su derecho al disenso», además de criminalizar las expresiones de protesta publicadas en internet, para lo que el Estado cubano cuenta con «mecanismos de seguimiento».

A su turno, Alessandra Pinna, directora de programas de América Latina y el Caribe de la organización Freedom House, dijo a Efe que tras las marchas de hace un año ahora en la isla hay «un esquema de represión generalizada» y muchos activistas han sido detenidos o han debido exiliarse.

«El costo político es cero», se lamentó la directiva de Freedom House, al recordar que Cuba actualmente es uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la vez que la comunidad internacional no ha respondido con la misma magnitud que cuando se trata de Venezuela o Nicaragua.

Los comunicados de la Fiscalía

El pasado 13 de junio, la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó que los tribunales han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por el 11J. El 78 % de los sancionados (297) obtuvo penas de hasta 25 años de prisión.

La FGR aseguró en enero que se han procesado 790 personas, de las cuales 55 tienen entre 16 y 17 años.

Familiares de los condenados y ONG han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.

Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. AI solicitó poder asistir a los procesos.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas. (EFE)

EE.UU. confirma que Cuba, Nicaragua y Venezuela no irán a la Cumbre de las Américas

Los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela son acusados de abusos a DD.HH.

La Cumbre de las Américas empieza hoy y termina el viernes. De por medio están los abusos a los DD.HH. de estas tres naciones. 

Estados Unidos confirmó este lunes que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones, dijo a Efe un alto funcionario estadounidense.

«EE.UU. sigue teniendo dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre», explicó la citada fuente.

Hasta ahora, el Gobierno del presidente Joe Biden había evitado confirmar oficialmente qué países habían sido invitados al evento, que comienza este lunes en Los Ángeles y concluirá el viernes. (EFE)

Más de 1.500 denuncias por abusos a Derechos Humanos en El Salvador

Aniversario. Nayib Bukele cumplió tres años de mandato, el 1 de junio.

Amnistía Internacional contabilizó más de 1.500 denuncias por abusos en el estado de excepción, la mayoría por detenciones arbitrarias. 23 muertes se produjeron bajo custodia estatal. 

Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando «graves violaciones» a los derechos humanos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde finales de marzo y que suspende garantías constitucionales, y advirtió sobre la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».

Esta conclusión se da a conocer cuando comienza el cuarto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien la noche del miércoles dio un discurso a la nación con el tema de derechos humanos ausente y en el que nuevamente criticó a las organizaciones nacionales e internacionales.

«Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos», sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador.

Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias.

También han documento la muerte de 23 personas detenidas bajo este régimen y que fallecieron bajo custodia estatal.

Los casos documentados

Guevara Rosas indicó que, en las últimas semanas, AI «documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, que corresponden a 35 personas».

Señaló que entre estos se encuentran «casos de tortura y malos tratos» en los centros de detención y prisiones, además de detenciones indiscriminadas.

«Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores vividos durante el internamiento», sostuvo, y agregó que estos también revelan «el nivel de control y crueldad que poseen las pandillas dentro de las celdas».

Además, dijo que existen «condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal».

De acuerdo con la representante de AI, El Salvador se habría colocado como el país con mayor hacinamiento carcelario del mundo con 1.164 personas detenidas por cada 100.000 habitantes, por arriba del índice de 639 que tiene Estados Unidos.

Esto, subrayó Guevara Rosas, «significa que el 1,7 % de la población mayor de 18 años «está tras las rejas».

Entre los casos conocidos por AI está el de un adolescente de 16 años que estuvo detenido por 13 días, fue encadenado a una pared, golpeado por policías y que pandilleros con los que compartió celda «le torturaron continuamente».

«Este es uno de los niños que en el discurso de ayer (1 de junio) el presidente Bukele se vanagloriaba con proteger», comentó.

Otro caso es el de William González, de 36 años, quien fue detenido en abril pasado junto con su madre y su hermana, y murió bajo custodia de las autoridades.

El informe de AI también apunta que existen casos de personas que siguen sin conocer el paradero de sus familiares detenidos, por lo que se podría considerar como desaparición forzada.

Los reclamos internacionales 

Recientemente, organizaciones salvadoreñas advirtieron que la situación de los derechos humanos bajo el estado de excepción podría derivar en responsabilidad internacional para El Salvador.

Guevara Rosas dijo que AI realiza este tipo de investigaciones cuando considera que en un país se están dando violaciones sistemáticas a los derechos y que puede derivar en «responsabilidad criminal internacional».

«Estas conclusiones preliminares de AI son graves. La política implementada por el Gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional», indicó.

Añadió que los tres poderes del Estado «tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas».

El régimen de excepción, extendido hasta finales de junio, fue aprobado tras una escalada de homicidios a finales de marzo que se cobró la vida de 87 personas, puso en jaque el plan de seguridad del Gobierno de Bukele y mostró el músculo de estas bandas en las calles. (EFE)

Angela Merkel se pronuncia en contra de la invasión a Ucrania tras meses de silencio

Merkel salió del Gobierno hace seis meses.

Luego de meses de su salida del Gobierno alemán, la excanciller Merkel habla sobre la invasión rusa. «Hay un rayo de esperanza», asegura. 

La ex canciller alemana Angela Merkel ha roto su silencio y ha calificado el ataque ruso contra Ucrania como «una violación flagrante» del Derecho Internacional y una «ruptura profunda» en la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

En su primer discurso público en seis meses, Merkel, quien se ha mostrado reacia a intervenir o comentar en actos públicos, ha expresado su solidaridad este miércoles con el pueblo de Ucrania, que «ha sido atacada e invadida por Rusia», y «merece su derecho a la autodefensa».

La excanciller alemana por cuatro mandatos ha indicado que apoya los esfuerzos emprendidos por el actual Gobierno alemán, liderado por Olaf Scholz, así como el papel de la Unión Europea, Estados Unidos y los aliados de la OTAN, el G7 y también la ONU «para asegurar que esta bárbara guerra de agresión de Rusia se detenga».

Merkel ha hablado frente a 200 invitados en un evento de despedida en Berlín para el dirigente sindical Reiner Hoffmann, quien recientemente renunció como presidente de la influyente Confederación Sindical Alemana, y ha indicado que las consecuencias de la guerra serán «de largo alcance», especialmente para el pueblo ucraniano, pero también para el continente.

Además, ha hecho hincapié en los abusos de Derechos Humanos perpetrados contra civiles en territorio ucraniano. «Bucha es representativo de este horror», ha señalado, refiriéndose a las masacres en cientos de suburbios de Kiev.

Finalmente, Merkel ha precisado que hay «un pequeño rayo de esperanza» en «esta tristeza infinita» debido al enorme apoyo a los ucranianos que muchos países vecinos han mostrado, como Polonia y Moldavia. «Nunca debemos dar por sentadas la paz y la libertad», ha zanjado. (Europa Press)

La Asamblea nicaragüense cancela a la Academia de la Lengua y a otras 82 ONG

Nicaragua. El Poder Legislativo está bajo el control de Daniel Ortega.

El Parlamento de Nicaragua, bajo el control del Gobierno de Daniel Ortega, adoptó esa decisión. Ya son 254 organizaciones y asociaciones eliminadas por el orteguismo.

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado este martes a la Academia de Nicaragua de la Lengua, así como a otras 82 ONG, en el marco de una campaña represiva del Gobierno de Daniel Ortega amparada en una ley aprobada el pasado mes de abril en Nicaragua.

De hecho, la Real Academia Española (RAE) manifestó este lunes su «profunda preocupación» por la posible cancelación de la Academia de la Lengua nicaragüense y pidió el apoyo y la adhesión de las instituciones públicas y privadas de todo el ámbito hispanohablante a fin de evitar su desaparición.

«En solidaridad con los académicos de Nicaragua, la RAE reclama este apoyo para evitar la desaparición de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que supondría un gravísimo perjuicio y una pérdida irreparable para la lengua española, hoy patrimonio común de casi seiscientos millones de personas en todo el mundo», señaló en un comunicado.

Esta decisión por parte de la Asamblea Nacional, aprobada en decreto por 75 votos a favor –de la bancada oficialista del Frente Sandinista Liberación Nacional–, 16 abstenciones y cero votos, supone privar de personalidad jurídica a la corporación centroamericana, así como causar su desaparición después de 94 años de existencia.

«La Academia Nicaragüense es una institución fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país», indicó en un comunicado, agregando que «es una institución fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país».

La Academia de Nicaragua es parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y, entre los autores citados que han pasado por la institución se encuentran Rubén Darío, Alfonso Cortés, Ernesto Mejía, José Coronel Urtecho, Lisandro Chávez, Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra, entre otros.

Entre las asociaciones y organizaciones canceladas –que ya suman un total de 254– se encuentran la Fundación Enrique Bolaños, del expresidente del país, así como la Fundación INDE-Educrédito, según ha recogido el diario ‘La Prensa’.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley en abril que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.

La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. La medida afecta también a las ONG internacionales, según la propia Asamblea.

El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos. (Europa Press)