Hace algunos meses, una legisladora de la Amazonía instruyó a sus partidarios, en forma pública y difundido en un video, afirmando que “Si van a robar, roben bien”.
Estas instrucciones de como robar bien y no dejar huellas trascendieron no sólo a nivel nacional, y fueron una mofa a nivel mundial. A pesar de que la incitación constituye de por sí un delito contemplado como tal en nuestra legislación, no pasó de una simple amonestación y se transformó en una burlona anécdota y en una simple leyenda urbana.
Siendo mujer, legisladora de un partido importante, indígena, y amparada en sus limitaciones idiomáticas hizo que a las pocas semanas concluya el tema con explicaciones sobre la falta de experiencia y, la típica acusación de que fue descontextualizada y la permanente acusación a los medios de comunicación como causante de tal desaguisado.
EL LAVADO DE DINERO
Nuestra dolarización definitivamente facilita este delito y más cuando cumpliendo los acuerdos internacionales formamos una institución: la UAFE, que recibe voluminosa información sobre todas las transacciones bancarias, comerciales, financieras así como de todos los registros que existen en el país como de la propiedad, intelectual, de compañías, de bancos y financieras, de cooperativas , venta de inmuebles, muebles vehículos y miles más, pero han servido sólo para incrementar una burocracia que casi llega a un millar y casi ninguna acción se ha iniciado por sus investigaciones ni ha presentado denuncia que se conozca por casos emblemáticos o significativos. Ante su incapacidad optan por convertir en soplones a abogados, contadores y más profesionales privados relacionados. Todo el lavado importante nos llega, en cuenta gotas, sólo de la justicia americana.
Dada la carencia casi absoluta de inversión extranjera nuestra legislación ha venido facilitando estas operaciones al expedir normas legales que legalizan estos dineros calientes.
VIVA LOS DELINCUENTES
Hay que ser muy claros que el país debe alegrarse con la producción de riqueza, con la exportación de sus recursos naturales, con la creación de fuentes de trabajo y por lo tanto los que tienen la valentía de invertir en este país que tengan todas las utilidades y rendimientos que generen sus negocios.
En la última década parece que esto se transformó en un delito y especialmente cuando colocaban sus legítimas utilidades en banco o países llamados paraísos fiscales. Hay que ser terminante en señalar que aquellos que producen, pagan todos sus impuestos y obtiene sus utilidades están en el legítimo derecho de poner su dinero y sus bienes en el país que consideren y gastarlos como a bien tengan.
Diferente es cuando a pretexto de repatriar capitales se expiden normas para que los delincuentes traigan sus ilegitimas ganancias a pretexto de invertirlas en el país. Estos son los que no pagaron sus impuestos, es decir delito de defraudación o los réditos de operaciones ilegales como contrabando, sobrefacturaciones, lavado de activos, coimas y delitos en contra del estado, narcotráfico, trata y similares y por lo tanto su nombre propio es delincuente.
En junio de 2016 el gobierno de entonces, expidió el decreto 1073 mediante el cual por primera vez se permitió blanquear estos capitales y la suma hecha pública fue de más de 3.900, millones, lo que equivalía a más de un cuarto del total del presupuesto de Estado. Pese a los reclamos de algunos legisladores y economistas, y la ley que obliga transparentar las acciones del Estado y del gobierno, jamás se hizo pública la lista de los beneficiados. Ni la tal UAFE dictaminó ninguna operación irregular ni la Corte Constitucional señalo su inconstitucionalidad.
SORPRESAS CONSTITUCIONALES
Ante el pedido de que la Corte Constitucional declare la no procedencia de la llamada Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y el Sostenibilidad Fiscal, aprobada con la complicidad de todos los asambleístas ya que unos votaron por el sí, otros por el no, pero mejor dicho terminó siendo aprobada mediante Decreto Ley. La sentencia expedida deja mucho que desear y nos sorprendieron ya que en su difusión solo se dijo que no era constitucional porque se establecía una tarifa del RIMPE, en beneficio de los sectores pobres que tendrían una tarifa fija para sus actividades y que según el artículo 300 de la Constitución contraviene principios tributarios pese a que existen más de cuatro mil millones de exenciones tributarias a favor de los grandes sectores empresariales y productivos.
También lo hace con los impuestos a la herencia, sin resolver sobre los que ya se beneficiaron y que deberían revertir los valores exonerados y finalmente y con razón la improcedencia de lavar dinero sin demostrar la licitud de los fondos. Estos son los temas que conoce el país, los que difundió la Corte en su comunicado y el resumen de la sentencia, pero existen pronunciamientos mucho más graves y cuestionables con los que fuimos sorprendido y disimulados en un documento complicado y contradictor, la sentencia (110-21-IN/22 y acumulados) que en más de cien páginas pretende diluir otros aspectos básicos.
LLAMADO PUBLICO A DELINQUIR
Que una legisladora llame a que roben bien ya pasó pero que un altísimo funcionarios llame a los delincuentes para que aproveche que el gobierno pedirá recursos horizontales sobre la sentencia expedida y que por tanto tiene aún tiempo para hacer funcionar la lavandería, es inconcebible y puede demostrar que la moral y la tal ética se busca de boca para afuera y que en la práctica con buen sentido financiero y bancario, la ventanilla para lavar estará abierta hasta que la Corte Constitucional expida una resolución sobre las aclaraciones y ampliaciones que según el director del SRI Francisco Briones se solicitará.
Extraoficialmente se sabe que el ingreso de valores por esta vía ya supera los setecientos millones y aspiran que llegue a los mil. Así se ve la moral pública.
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