La esperanza en el actual Gobierno hizo que tenga un inicio con altísima popularidad. Sin embargo, ha ido perdiendo.
En un Estado democrático, como se supone es el ecuatoriano, cualquier gobierno, entre otras obligaciones, debe defender la integridad territorial; la unidad identitaria, institucional y política; la igualdad de oportunidades y el sometimiento de todos a la Ley, así como la seguridad de sus habitantes, elementos que, al parecer, los estamos perdiendo, debido a ciertas confusiones mentales o políticas de quienes tienen la obligación ineludible de hacerlo. Perder el rumbo
Desde los inicios del actual gobierno, se anunció que uno de sus principales ejes de acción sería recuperar la economía y con ella, la capacidad de empleo y desarrollo, basado en aumentar la producción, racionalización de la carga tributaria, disminución del peso burocrático, modernizar la administración y lograr una mayor presencia del país en el mundo, y más mundo en el país.
Tras los hechos de junio del presente año, cuando los grupos indígenas paralizaron casi todo el país debido al intento del gobierno de retirar los subsidios a los combustibles, el gobierno se comprometió a sentarse en mesas técnicas a procesar esa y otras demandas que los dirigentes de estas protestas habían hecho públicas. En estos días, cuando se acercan los límites temporales que se habían impuesto para lograr los consensos necesarios, los voceros gubernamentales proclaman a los cuatro vientos que se han alcanzado cerca de 200 acuerdos. Aparentemente, este sería un exitoso ejercicio de democracia participativa.
Sin embargo, al conocer dichos acuerdos es posible encontrar que algunos de ellos traspasan los límites de lo razonable para convertirse en un proceso de rendición del gobierno ante las demandas indígenas.
Por imposición de estas mal llamadas mesas de diálogo, el Estado seguirá subsidiando a los combustibles con el consiguiente peso en el presupuesto del Estado.
En todo el tiempo que han durado las mesas de negociación no ha sido posible encontrar un mecanismo adecuado para focalizar dichos subsidios y, por lo tanto, seguirá siendo universales.No se podrá aumentar la producción de petróleo, porque será necesario una autorización de los grupos humanos asentados en el territorio donde estén ubicados los pozos petroleros. Tampoco, el Estado, podrá firmar concesiones mineras a ninguna compañía nacional o extranjera, pues, para ello, las comunidades indígenas y campesinas deberán otorgar los permisos correspondientes mediante una consulta popular. Ante estos acuerdos, no debería sorprendernos que la inversión extranjera no venga al Ecuador.
La modernización de la administración pública sigue siendo una utopía y si bien, aparentemente, no se ha incrementado el número de burócratas, tampoco su reducción ha sido considerable. Y, lo que es más grave, la lucha contra la corrupción que abanderó el presidente desde el primer día de su gestión, en estos días parece detenerse bajo las negociaciones con otros países, lo que ha motivado que el oficialismo no apoye con firmeza dicha lucha en la Asamblea Nacional.
Perder la educación
La rendición del Estado es más evidente en el campo educativo donde el Gobierno ha cedido todas las facultades de dirigir, diseñar los pensum, controlar y vigilar todo lo referente a la Educación Intercultural Bilingüe, a los movimientos indígenas. A partir de ahora, ese importante subsistema educativo estará bajo la tutela total de los indígenas, aunque, claro, será financiado por todos los ecuatorianos. ¿Es, acaso, otro país, dentro del nuestro? Los indígenas son el 7 % de la población del Ecuador, y este sistema será financiado, sin posibilidad alguna de control, por el 93 % restante de la población.
Es que, acaso, este gobierno que ha demostrado poco conocimiento del aspecto cultural en que se desenvuelve una comunidad, no entiende que, al haber entregado ese subsistema, estará permitiendo que otras visiones, otros saberes y otros objetivos se enquisten en el convivir nacional, separando aún más de lo que hasta ahora ha sido, a estos dos mundos: el mestizo y el indígena.
Perder la Justicia
Por otro lado, la dirigencia indígena, siguiendo el ejemplo de ciertos líderes políticos, acusados de actos reñidos con la ley, y auto declarados como perseguidos políticos, exigen una completa inmunidad de los atropellos cometidos en los sucesos de octubre del 2019 y en junio del 2022. Ellos son, a ojos vista, los culpables de delitos contra la seguridad nacional, contra los derechos colectivos de movilidad, de vivir en un ambiente de orden y de justicia, de romper los mandatos de la Constitución y de las leyes, y, sin embargo, en las mesas de diálogo, plantean que la justicia no los acuse de dichos delitos ni de ningún otro, mucho menos que los condene. Ellos pueden proceder con violencia, y el gobierno debe garantizarlos su impunidad.
Ante estos ejemplos, podemos concluir que el gobierno no está negociando la implementación de ciertas medidas económicas y políticas, con la dirigencia indígena, sino que ha reducido su accionar a regalarles parcelas de soberanía con la consiguiente pérdida de identidad, unidad y dignidad nacional.
Perder la paz y la seguridad
No fue el primero, en realidad se trató del octavo amotinamiento en las cárceles del país, y por ello no causó sorpresa alguna; pero, aunque eso sea verdad, no deja de horrorizar los resultados que, cada cierto tiempo, los medios de comunicación, informen a la ciudadanía los resultados horrorosos traducidos en muertes violentas e innumerables heridos.
Tampoco será el último, porque la leña que alimenta ese fuego es el dinero del narcotráfico, que compra consciencias y fidelidades, así como el poder que corrompe y pretende gobernar la vida al interior de las cárceles y la impunidad que se obtiene cuando el líder de la banda no puede ser acusado de ningún delito: robo, secuestro o asesinato que se produzca fuera de los muros carcelarios, aunque se sepa que de allí partió la orden para su ejecución. La tarde del lunes 3 de octubre del presente años, las autoridades de Gobierno y policiales, en una rueda de prensa improvisada en las afueras de la cárcel de Cotopaxi, anunciaron al país que ese día se había producido el octavo amotinamiento carcelario en el país, con el saldo trágico de la muerte de 16 personas privadas de libertad y 33 reclusos heridos, elevando el número de víctimas mortales a 379 personas.
Dos días más tarde, es decir, el miércoles 5 de octubre, otro amotinamiento, es decir, el noveno, esta vez, en la cárcel del Litoral, en Guayaquil, provocó la muerte de 6 persona y 23 heridos. Ahora ya suman 385 personas fallecidas en estos disturbios.
La sorpresa
Pero la sorpresa no vino del hecho en sí, sino de las palabras del subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral de personas privadas de libertad (SNAI), Jorge Flores, de que entre los fallecidos se hallaba Leandro Antonio Norero Tigua, un personaje muy relevante del mundo delictivo, donde era considerado como presunto financista de algunas de las bandas narcodelictivas que operan en el Ecuador.
Eso solo puede comprenderse por dos razones: la primera es que había ingresado al mundo del narcotráfico donde había escalado posiciones hasta alcanzar un alto grado; y, segundo, tenía muchos contactos con las esferas políticas. Al parecer, ambas razones se juntaban en su historial.
En el 2009, Norero era el líder de los Ñetas, una de las bandas delincuenciales de jóvenes del puerto principal, y, por ello, firmó, un acuerdo con el gobierno de aquel entonces, presidido por Rafael Correa en el que, aparentemente, renunciaban a continuar con sus actividades criminales. De allí en adelante, sus cuentas bancarias y sus propiedades lograron superar cantidades superiores a decenas de millones.
¿Cómo lo hizo? La hipótesis que maneja la Policía es que, durante los siguientes años, Norero, pacientemente, tejió una red de apoyos en los que constaban políticos de turno, lo cual le permitió traficar drogas desde los puertos de Guayaquil y Machala; y, con el con el producto de estas actividades financiaba las acciones criminales de grandes bandas narcotraficantes y criminales como Los Lobos, Los Tiguerones, Lagartos y Chone Killers. Organizaciones que han sido identificadas como los brazos armados del cartel Jalisco Nueva Generación.
El video que marcó su muerte
La suerte de Norero cambió a mediados de 2021, cuando circuló un video difundido en YouTube, en el que el cabecilla de un grupo de unos 20 delincuentes armados, denominado Los Fantasmas, decía: “Los fantasmas van a empezar a hacer limpiezas de Tiguerones, Lobos y Lagartos, con los Zamir y Ben 10, sabemos que son un brazo armado de ti, Leandro, y estás financiando para que hagan destrozos dentro y fuera de las cárceles, si no paran van a ser ejecutados”.
Cae en manos de la Policía
La aprehensión de Norero, junto a su conviviente, Lina R.V. y otras seis personas, en una mansión avaluada en 2 millones de dólares. Ahora se conoce que esa propiedad pertenecía a Xavier Jordán, acusado de lavado de dinero en el caso Gran reparto, y que trabajó de la mano de los Bucaram. Las investigaciones demuestran que, el poder armado y logístico que han alcanzado Los Lobos vino de la mano con el crecimiento económico de Norero, quien tenía 29 cuentas en el sistema financiero del Ecuador; no solo a su nombre, sino de al menos seis empresas y de su pareja. También poseía vínculos en Panamá, Estados Unidos y varios países de Europa. Su poder había sido tan grande que sus enemigos estaban conscientes de que debían asesinarlo, y por ello, en este amotinamiento carcelario. Leandro Antonio Norero Tigua, resultó decapitado.
Las bandas de narcotráfico presentes en las cárceles querían matarlo para obtener su control absoluto y poder imponer sus condiciones en ellas; pero no eran las únicas, las mafias políticas también lo querían muerto para que no “cantara” todas las trafasías que él conocía de ciertos personajes. ¡Qué pena! En el Ecuador de hoy, los gobernantes son los movimientos indígenas y las mafias narcodelictivas y las políticas, que con diálogos y con la violencia evidenciada en paros y balas, demuestran cuan profunda es su presencia en la vida del país, su inmensa voluntad de trastocar el convivir ciudadano y, lo que más preocupante, su capacidad de accionar que supera con creces la capacidad del Estado para garantizar la soberanía, la dignidad y la paz ciudadana.