El pasado sábado 22 de junio culminó el plazo para que las organizaciones políticas que se acreditaron y presentaron candidaturas para las elecciones seccionales 2019, entreguen sus cuentas de campaña de acuerdo con lo que establece el artículo 230 del Código del Democracia.
En aquel artículo, el responsable del movimiento económico de la campaña es quien legalmente se encuentra calificado y registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para conferir la documentación contable de respaldo que evidencie los movimientos económicos realizados, hasta 90 días después de cumplido el acto del sufragio.
La directora de la Delegación Provincial Electoral de Esmeraldas, Ana Caicedo, confirmó que hasta la fecha solo nueve de las 29 organizaciones políticas otorgaron la documentación respectiva, mientras que las que no cumplieron en el tiempo previsto, ayer fueron notificados y tendrán 15 días más para atender ese requerimiento.
Análisis
Alianza Progresista, Unidos Podemos (Atacames), Partido Social Cristiano, Adelante Ecuatoriano Adelante, Alianza Vuelve la Esperanza (Muisne), Izquierda Democrática, Movimiento CREO, SUMA y Movimiento Juntos Podemos 33, son las nueve organizaciones políticas que entregaron sus rendiciones de cuentas.
Esta documentación será verificada por el Consejo Nacional Electoral, haciendo un cruce de datos con la información recopilada de las instituciones del sector público o privado y personas naturales o jurídicas.
“Calculamos que dentro de un mes podríamos tener los análisis, porque tendríamos que pedir información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para también saber el origen y destino de ese dinero”, añadió Caicedo.
De existir observaciones, según el artículo 235, se concederá un plazo de 15 días más para que los actores políticos puedan desvanecer esos errores.
Sanciones
Entre las sanciones para quienes no presentasen la rendición de cuentas, se establece la suspensión de los derechos políticos hasta un año y una multa de hasta diez salarios básicos unificados mensuales, según el artículo 275 del Código de la Democracia.
La directora Ana Caicedo se refirió también a las sanciones que podrían imponerse a los actores políticos que hayan excedido el monto del gasto electoral, con una multa equivalente al doble del exceso del aporte en que se haya incurrido.
Asimismo, quien supere el 30% del total permitido, la multa será equivalente al cuádruple del total de los gastos electorales efectuados en exceso, detallados igualmente en el artículo 293 y 294.
Además, si el Consejo Nacional Electoral considera que el aporte fue ilícito, pondrá este hecho en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, que sancionará con suspensiones a la participación política por dos años y los candidatos electos perderán su cargo.