El futuro ya no es lo que solía ser, decía el escritor inglés Arthur Clarke. Y cuando uno se da el trabajo de leer detalladamente los acuerdos que el Señor Lasso alcanzó con las organizaciones indígenas, esa frase no solo es un cliché sino una condena.
El gobierno del señor Lasso, por una parte, y, la Confederación Nacional de Comunidades Indígenas (CONAIE), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) suscribieron un “Acta de cierre de proceso” con fecha 14 de octubre de 2022. Los dos sectores no representan ni siquiera el sentir del 20 % de la población pese a lo cual se creen embestidos de legitimidad para ceder las facultades estatales. Se renuncia a la jurisdicción y competencia y pasan a cogobernar a vista y paciencia de un país absorto ante la audacia.
Esa acta fue suscrita como consecuencia de un “Acta de Paz” de 30 de junio de 2022 y respondía a una hoja de ruta acordada entre el gobierno del señor Lasso y las organizaciones indígenas.
Las partes han denominado a ese procedimiento como diálogo.
El proceso de negociación fue dirigido y auspiciado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con la facilitación de tres universidades nacionales.
Los antecedentes de dichas mesas de negociación fueron el levantamiento indígena de octubre de 2019, la pandemia del COVID y el levantamiento indígena de junio de 2022.
Las organizaciones indígenas sostienen que el segundo levantamiento, el de junio de 2022, se debió a la falta de atención a las reivindicaciones de las organizaciones indígenas. De forma fehaciente, presentaron evidencia de los intentos de acercamiento de las organizaciones indígenas al gobierno del señor Lasso.
Recordemos que los efectos del levantamiento indígena de 2019 fueron distorsionados por la pandemia del COVID, de modo que la fuerza de la toma indígena de la ciudad de Quito, se diluyó en el COVID.
Sin embargo, tres años y una pandemia no fueron suficientes para aplacar los pedidos de las nacionalidades indígenas, por ello, nuevamente, en junio de 2022, las nacionalidades indígenas cercaron y sitiaron la capital con el apoyo de los barrios de Quito.
En al ámbito político partidista, el señor Lasso no tenía una representación política en la Asamblea Nacional, sus tácticas y estrategias fueron inútiles para aglomerar a su alrededor un grupo político que pudiese llevar adelante una política legislativa coherente.
En el Consejo de la Judicatura, el juego de toma y daca entre diferentes facciones de la política nacional, usaba y abusaba de las acciones de protección para impugnar destituciones o expulsiones que el otro bando había consolidado.
La Corte Constitucional, de su lado, se enorgullecía, y todavía lo hace, de sus jueces militantes que impulsan o impulsaban causas desde dentro y fuera de la Corte y desde antes, durante y después del ejercicio jurisdiccional de ciertos jueces.
En la televisión nacional, se podía observar un piquete de policías ingresando al domicilio de un Contralor General del Estado y los periodistas se regodeaban exhibiendo, en el bolsillo de la chaqueta del acusado, un fajo de billetes.
Los medios de comunicación, los televisivos especialmente, pero sobre todo aquellos que aprovechan las redes sociales, convirtieron las noticias en un espectáculo, en algunos casos, escatológico. Y los medios impresos tradicionales, finalmente se desenmascararon, cuando se reveló el nombre del dueño de la imprenta, un ángel que se negaba a caer. Periódicos y periodistas especializados en el arte del funambulismo, se congraciaban con sus titulares con el gobierno del señor Correa mientras insultaban a la sociedad ecuatoriana, manteniendo un listado de editorialistas que protestaban por la libertad de expresión y que hoy, callan.
En el área financiera, la empresa DECEVALE birló a la Policía Nacional más de 900 millones de dólares. Recuérdese que un grupo de banqueros guayaquileños fue acusado de hacer desaparecer 600 millones de dólares. El caso de DECEVALE bordea los mil millones y los medios de comunicación tradicionales, callan, mientras la Fiscalía, duda.
Todos los días, nuevas denuncias de corrupción aparecen en los medios y la respuesta de la Función Judicial, es la presencia ingenua de la Fiscal General del Estado en la firma de un convenio entre la Corte Permanente de Arbitraje y el Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué tiene que ver la Fiscal General con la Corte Permanente de Arbitraje? ¿Finalmente la Fiscal General va a investigar la contratación de estudios jurídicos internacionales en la defensa en arbitrajes internacionales? ¿Es un preludio de una buena noticia?
Ese listado de problemas y dolencias palidecen frente a la presencia ineluctable de la violencia en nuestro país. No solo nos referimos a la violencia permanente a los derechos de niñas y mujeres sino, sobre todo, en la conducta cómplice de la Justicia que no condena a nadie. No hablemos de la Policía Nacional que ha demostrado su ineficacia al haber liberado a uno de sus miembros acusado de asesinato. Los generales callan. Los fiscales inundan de papeles al juzgado, pero el policía sigue libre y, ojalá que no, protegido.
Y los militares. La imagen de Don Naza ingresando al Ministerio de Defensa en la Recoleta no se borra de la retina de los ciudadanos que, como varios de mi generación, creían en los héroes del Paquisha, Cenepa y Tiwintza. Los asuntos crematísticos en los que se involucraron algunos militares, que callaron ante el episodio de Don Naza, es solo una raya más a la desinstitucionalización del Estado.
Sin embargo, la violencia no solo proviene de los machos, las organizaciones indígenas o el Estado.
El principal agente provocador de la violencia en nuestro país es el narcotráfico. La carita de Dios está manchada de un polvo blanco que la atraviesa de oreja a oreja.
Ante este panorama, los resultados del diálogo entre el gobierno del señor Correa, perdón, Lasso y las organizaciones indígenas, no sorprenden a nadie.
Analicemos algunos elementos.
En primer lugar, un acuerdo llegado bajo amenaza vicia el consentimiento. Nuestro país protestó por décadas por la violencia ejercida por Perú para firmar el Protocolo de Río de Janeiro. Pero en la actualidad, los medios hegemónicos, los medios públicos, los medios tradicionales y los medios escatológicos, callan ante un acuerdo firmado con amenaza de tomarse nuevamente la capital.
En segundo lugar, la palabra diálogo tiene un origen noble. Diálogo viene de dia, varios y logos, razonar, diálogo significa razonar entre varios. Aquí precisamente es donde radica el principal problema.
Se desconoce quienes fueron los mediadores o facilitadores de los diálogos celebrados entre el gobierno del señor Lasso y las organizaciones indígenas. Sí se conoce que los participantes fueron los delegados del señor Lasso y los delegados de las organizaciones indígenas.
Es decir, participaron en los diálogos los mismos actores que se enfrentaron en las movilizaciones indígenas de octubre de 2019 y junio de 2022. Es decir, grupos liderados por el señor Lasso y por el señor Iza.
El “varios”, de diálogos, de pensar entre varios, desde el punto de vista del señor Lasso y del señor Iza, se limita a dos actores, por un lado, representantes de un gobierno que no llega al 9% de apoyo popular y, por otro, representantes de un grupo indígena que reivindica la recuperación de su cultura y su patrimonio, expropiado durante la conquista española y, según ellos, la mayor parte de la República.
Desde un punto de vista formal, un estado plurinacional, compuesto por una mayoritaria nación mestiza y 21 nacionalidades indígenas quieren imponer una suerte de nuevo contrato social, por el que, el señor Lasso, concede, a esas organizaciones indígenas una serie de ventajas que, en los hechos, benefician a los grupos indígenas y perjudican a la mayor parte de la población, como veremos inmediatamente. Es decir, desde el punto de vista formal, el acuerdo firmado por el dúo Lasso-Iza, no involucra a la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos.
Las conjeturas que se pueden hacer alrededor de la conducta del señor Lasso son abundantes. Algunos atribuyen su decisión de firmar el acuerdo con el señor Iza, a un deseo, íntimo y desesperado, de mantenerse en el poder. Otros, atribuyen la voluntad del señor Lasso, a un apego inconfesable a las delicias materiales del poder. Del lado del señor Iza, las consideraciones son más claras. Los amautas, maestros en quechua, han arribado a la conclusión que la solución a la desigualdad legendaria es la lucha armada, la expropiación de las tierras propiedad de los mestizos y el retorno a una suerte de estado precapitalista, designado como sumak kausay, la vida buena, la dolce vita para algunos líderes, mestizos e indígenas.
Con ese objetivo, han acordado con el señor Lasso, varias medidas, dos de las cuales merecen mencionarse. La primera es la moratoria de la explotación minera y petrolera, suspendiendo por un año, la explotación de varios bloques mineros y la prohibición de emitir nuevos derechos mineros.
Para dejarlo en claro. El Ecuador requiere 700 millones de dólares mensuales para cancelar los suelos de la abultada burocracia creada por el anterior gobierno. Al año cerca de 10.000 millones de dólares.
La veda petrolera y minera afecta directamente la capacidad del Estado de pagar sueldos y salarios de sus empleados públicos.
Es decir, el acuerdo no involucra aspectos relacionados únicamente a las organizaciones indígenas o al gobierno del señor Lasso.
La reducción de ingresos del Estado afecta a los funcionarios públicos mestizos y urbanos.
Por elemental sentido común, no ya según las reglas de negociación usadas globalmente, el acuerdo por el que el señor Lasso se compromete a una veda petrolera y minera debe ser puesto en conocimiento de los principales afectados, los empleados públicos.
Sin ironía alguna nos preguntamos, ¿qué opinará el profesor de antropología o filosofía de una universidad pública, cuando su sueldo no llegue porque el señor Lasso acordó con el señor Iza la veda petrolera?
Más allá de su respuesta, sostenemos que el profesor de antropología merece ser consultado, no solo porque su salario va a ser afectado, sino, sobre todo, porque es un ecuatoriano como usted, lector o como el autor de estas líneas.
El segundo aspecto para mencionar es el enorme beneficio económico que piden y recibirán las comunidades indígenas, no que no lo merezcan, está claro. El mantener el subsidio a los combustibles implica una erogación similar a lo recaudador por IVA. Ese dinero, que podría ser utilizado en la satisfacción de necesidades de toda la población, será encauzado, en beneficio de una parte de la población. Discriminación positiva, dirán los próceres del partido indígena, pero esa discriminación positiva perjudica a mestizos que habitan en los suburbios urbanos y son tan o más pobres que los indígenas.
Es lamentable que el señor Lasso, de quien esperábamos que actúe como un estadista, se conforme con ser el síndico de la quiebra nacional.
El acuerdo firmado entre el señor Lasso con las organizaciones indígenas contiene aspectos que se afectan o benefician al resto de la población, por sentido común, en ese acuerdo debieron estar representados los sectores mestizos y urbanos de la República.
Al señor Iza se le excusa por no invitar a los sectores mestizos y urbanos.
Al señor Lasso, de su parte, hay que recordarle que es el presidente de todos los ecuatorianos, no solo de la oligarquía guayasense que hace mucho olvidó a los grandes patricios guayaquileños que formaron el Ejército Protector de Quito.
Por el fondo y por la forma, el acuerdo alcanzado entre el señor Lasso y el señor Iza, a espaldas de la sociedad ecuatoriana, es ilegítimo y si no lo es, el señor Lasso, debería someter a consulta popular el acuerdo de marras.
La consulta que el señor Lasso envió a la Corte Constitucional está remendada por retazos y parches. Es muy probable que cuando la consulta del señor Lasso sea sometida a votación popular, los escándalos de corrupción y los desaciertos de su gobierno hayan medrado a tal punto su capacidad de gobierno que no le quede más remedio que renunciar. La muerte cruzada es para auxiliar a gobiernos que busquen el bien común, no a aquellos que hacen pactos a espaldas del Poder Constituyente.
El acuerdo que el señor Iza quiere imponer a la sociedad mestiza y urbana no se puede poner en vigencia con la amenaza permanente a la ciudad de Quito.
Lasso e Iza están ahogados en su delirio de poder. El acuerdo Lasso-Iza, alcanzado a espaldas del pueblo ecuatoriano, debe ser puesto en conocimiento del Poder Constituyente puesto que altera no solo la Constitución sino el Contrato Social, el nomos fundamental de la República.
La pregunta que ronda alrededor de este tema es esta: ¿será capaz Iza y la CONAIE de arrastrarnos a los ecuatorianos a una guerra étnica en caso de que el pueblo rechace este acuerdo?
Juan Carlos Mejía