El sector público lo integran el Presupuesto Estatal, GADs, Universidades, Seguridades Sociales y Empresas Públicas. Sin embargo, en el Presupuesto del Estado es donde se refleja con crudeza la insostenibilidad de las cuentas públicas. Su riguroso y constante escrutinio debe ser una tarea obligatoria de toda la sociedad.
Como se observa en el cuadro, cuyos números se expresan solos, entre enero-marzo de 2023, los ingresos del presupuesto fueron $4.649 millones y los gastos $5.382 millones, por tanto, el déficit alcanzó $733 millones. Como en el gasto del 40 % de las pensiones al IESS no se registran $113 millones, el déficit real en el trimestre sería de $846 millones. Los ingresos tributarios de $3.665 millones reflejan una reducción, en relación a igual trimestre de 2022, en las recaudaciones de IVA, ICE e impuesto a la salida de divisas. En el primer trimestre de 2022 los ingresos petroleros fueron $981 millones y en igual período de 2023 alcanzaron $357 millones, $624 MILLONES MENOS.
De los gastos por $5.382 millones, el 82 por ciento fue gasto corriente. Dentro de éste, el 51 por ciento son sueldos, esto es, $2.271 millones. El gasto operativo de las instituciones estatales, las transferencias a la seguridades sociales, los bonos a los pobres y los intereses de la deuda pública, completan el gasto corriente. Si bien como gasto de capital se registran las transferencias a Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales, gran parte de las mismas se destinan a gastos corrientes. El gasto de inversión en este trimestre fue de apenas $52 millones. Además, hubo que reducir las existencias de dólares en la caja pública para pagar las amortizaciones de la deuda. Los saldos del Tesoro al 31 de marzo fueron de solo $515 millones y las cuentas por pagar del presupuesto $816 millones.No resulta difícil inferir, que al término de 2023 no será posible conseguir $16.025 millones de ingresos tributarios y $3.300 millones de ingresos petroleros, tampoco fluirán los $1.018 millones de venta de activos. Además, habrá más gastos por el costo de las inundaciones, el terremoto, carreteras dañadas, más policías, más profesores, más médicos, inseguridad, etc.
De otra parte, las presiones irracionales por incrementos del gasto se expresan en la demanda de protección planteada por el Consejo de la Judicatura para obtener más recursos para una corrupta Función Judicial. ¡Inaudito! Menos ingresos y más gastos llevarán al déficit a magnitudes inmanejables. No habrá dólares para el IESS, y el futuro pago de pensiones tendrá dificultades.Los hogares, las personas, las empresas, los vendedores ambulantes, los trabajadores, los agricultores y todos quienes se esfuerzan por trabajar y producir, controlan y cuidan cada día sus ingresos y gastos para mantenerlos en márgenes de racionalidad y prudencia. Parte de los ingresos de personas y empresas, obtenidos mediante el esfuerzo y sacrificio diario, se entrega al Estado mediante el pago de impuestos. El ingreso petrolero, que es de todos, también lo entregamos al Estado para que lo administre el Gobierno de turno.
Los ingresos citados, nuestros ingresos, cubren los gastos estatales que también son nuestros gastos.
Si al Estado, que somos todos, entregamos parte de nuestros dólares para cubrir los gastos que demandamos como sociedad, y que no pueden financiarse de modo individual, es nuestra obligación ciudadana, así como hacemos con nuestros sueldos, mantener un escrutinio minucioso y permanente de los ingresos y gastos estatales. Por tanto, comprender a cabalidad sus limitaciones y desajustes, nos permitirá tomar conciencia de los esfuerzos que debemos realizar para, como hacemos en nuestros hogares y empresas, mantener finanzas públicas equilibradas y sostenibles.
La secular desconexión de la mayoría de la sociedad con la cruenta realidad económica y fiscal, ha sido y es, el germen de los males económicos, fiscales y sociales que agobian al Ecuador. Desconexión profundizada por la inestabilidad e ingobernabilidad encarnada en la perversa acción antipatria de políticos irresponsables ufanos de su mediocridad. Además, por los intereses particulares de las élites y segmentos individuales e institucionales, que al protegerlos sin denuedo, coadyuvan a la descomposición económica, fiscal y social del país.
*Eco Jaime Carrera.- Director del Observatorio de Política Fiscal