La Constitución y la Ley, establecen persignaciones de los ingresos para las Universidades y los GADS (Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales). Las Universidades y Escuelas Politécnicas reciben el 11 % del impuesto a la renta y el 10 % del impuesto al valor agregado (IVA). Los GADs reciben el 21 por ciento de los ingresos permanentes (IVA, Renta, Arancelarios, etc.), y el 10 por ciento de los ingresos petroleros. Estas entidades gestionan con absoluta autonomía estos recursos.
La crisis requiere este momento de 10.000 millones de dólares
Presupuesto 2023 sin preasignaciones GADs y Universidades
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Observarotio Fiscal.
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Del cuadro se deduce que al restar de los ingresos y gastos del presupuesto inicial del Estado los $4.528 millones que corresponden a las Universidades y a los GADs, cualquier gobierno cuenta con solo $19.134 millones de ingresos que no cubren ni los $19.692 millones de gasto corriente. Además, se deben contraer créditos para finnciar el déficit y escasas inversiones. Esta perniciosa restricción se profundiza ante la reducción de ingresos e incremento del déficit. En rigor, los gobiernos están limitados a pagar sueldos, bonos de los pobres, transferir fondos a las seguridades sociales cuando alcanzan los dólares, pagar los intereses de la deuda pública, y realizar gastos operativos de las entidades cuando la liquidez fiscal permite hacerlo.
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No obstante, que el presupuesto inicial de 2023 se aprobó con un déficit de
$2.630 millones, a fin de año este saldo rojo se duplicará y será superior a los $5.000 millones, debido a la disminución de los ingresos petroleros y tributarios y al aumento de los gastos corrientes. Este déficit más el pago de amortizaciones de la deuda pública, elevan las necesidades de financiamiento por encima de los $10.000 millones.
La profunda crisis fiscal, con una caja pública en sequía permanente, no conmueve ni es comprendida por los Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales. Una mal entendida autonomía los ubica en un país irreal, que debe a cualquier costo entregarles con puntualidad los recursos asignados, mientras el Ecuador se ahoga en profundas carencias de todo género. Además, en alarde de irracionalidad, reclaman la no reducción de asignaciones, cuando por sentido común y obligación legal, éstas deben reducirse cuando los ingresos tributarios y petroleros disminuyen.
Preasignar la cuarta parte de los tributos a las citadas autonomías, constituye una severa restricción en la gestión de las finanzas públicas. La Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, establece una serie de reglas fiscales encaminadas a la sostenibilidad de las cuentas de todo el sector público. Municipios, Prefecturas, Juntas Parroquiales, Universidades, tienen la obligación legal de someterse a las mismas. Es su deber gestionar con eficiencia los recursos asignados en un entorno de aguda escasez fiscal, e informar a la sociedad la utilización de los dólares que reciben, pues son producto del trabajo de toda la sociedad. Además, su responsabilidad es generar recursos propios que disminuyan su dependencia de las transferencias estatales.
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