Entre las agredidas existe una menor de 4 años, otra de 12 y una joven de 18, con discapacidad intelectual del 60%
En la última semana, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas logró sentenciar a cuatro personas, por delitos de asesinato y abuso sexual, perpetrados en junio, julio, septiembre y noviembre de 2020.
En las cuatro, se aplicó la más alta pena, una de ellas dispuso treinta y cuatro años y ocho meses de prisión a Anthony Joao R. Q., alias “Chupete”, quien fuese responsable del asesinato de un hombre en septiembre del año anterior.
La víctima se trasladaba en una motocicleta con su sobrino de 10 años, en el sector de la Isla Pianguapí, cantón Esmeraldas, lugar en el que fueron atacados por dos personas que les dispararon, aproximadamente, treinta proyectiles: dieciséis de estos impactaron el cuerpo de Vicente Raúl C. Q.
“Chupete”, fue procesado según el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), más las agravantes del artículo 47, numeral 5, del mismo cuerpo legal. Los testimonios de policías, peritos y el testimonio anticipado de un menor que fue testigo del hecho, sirvieron para que se condenara al homicida.
Abuso
Otra sentencia en firme fue la de Ángel Augusto B. M., por el delito de abuso sexual contra una niña de 4 años, sentenciándolo a diecisiete años y cuatro meses de prisión. El delito sexual ocurrió el 25 de julio del año 2020, en el barrio 4 de Julio, en San Rafael, cerca de las 16:00.
El agresor, quien era vecino de la víctima, invitó a la niña a su domicilio para ofrecerle unos dulces. Cuando la menor se acercó a la puerta, el victimario la empujó al interior del inmueble y la violentó. La dejó marcharse con una moneda, con la que fue a la tienda a comprar.
La propietaria del negocio inquirió a la menor sobre la procedencia del dinero y fue allí donde contó lo sucedido. Las investigaciones precisaron que esa no fue la primera vez que ocurría.
En la audiencia de juicio, la fiscal Patricia Nazareno presentó testimonios de la psicóloga clínica, de la madre, de los agentes de Policía, del médico legista, de la trabajadora, del agente de Criminalística y el testimonio anticipado de la agredida.
Alevosía
Sumado a las condenas, se encuentra Lucas L.M., a quien se le comprobó su responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de una joven de 18 años, con discapacidad. El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas lo sentenció a trece años y cuatro meses de cárcel.
El repudiable hecho se registró el 16 de noviembre de 2020, en la vía Troncal del Pacifico, camino a Las Palmas, de la ciudad de Esmeraldas. La joven, con una discapacidad intelectual del 60%, se dirigía en un taxi junto con su tía, pero antes de partir, la acompañante regresó a casa y se quedó sola durante un momento en el automóvil con el taxista, lo que fue aprovechado por el hombre para violentar a la joven. Las cámaras del sistema Integrado ECU-911 registraron lo sucedido y se solicitó apoyo a una patrulla en el sector.
Además de la sentencia, los jueces dispusieron el pago de una multa de 60 salarios básicos y una reparación integral de 5.000 dólares.
Repudio
Ayer la Fiscalía General de Esmeraldas, reveló la condena de nueve años y cuatro meses de prisión contra Samuel Jonathan G. A., por el delito de abuso sexual cometido en contra de su propia hija de 12 años.
La denuncia señala que la madre de la menor se percató de que su esposo, padre de la niña, salió de la habitación de la víctima en horas de la madrugada. Al preguntarle por lo ocurrido, el ya sentenciado no respondió y la niña confesó que era violentada por su progenitor desde hace más de un año. El hecho tuvo lugar el 11 de junio de 2020.
En el juicio, se presentaron testimonios, informes médicos, entre otros. Aquello logró que los jueces impusieran el pago de una multa de 33,3 salarios básicos y una reparación integral de 50.000 dólares a favor de la víctima.
En las menores de abuso sexual también se ordenaron medidas de protección dispuestas en el artículo 60, numeral 10, del Código orgánico Integral Penal (COIP): prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima o sus familiares por parte del sentenciado.
El artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años por el delito de abuso sexual. En estos casos se aplicaron agravantes dando máximas penas.