Las extorsiones o vacunas se han convertido en una fuente de financiamiento para los grupos del crimen organizado y las micro bandas.
En los últimos dos años, la Fiscalía ha recibido 9.272 denuncias por este delito. Entre enero y octubre de 2022, la Fiscalía ha recibido 6.475 denuncias por extorsión, 1.260 de las cuales fueron tentativas. 5.215 personas denunciaron el delito cuando ya fue consumado. La cifra desarrolla un aumento significativo si se compara con 2021, año en el que se registraron 2.797 denuncias en el país.
Este 5 de enero de 2023, la Asamblea Nacional se reunió para aprobar un proyecto que reforma a nueve leyes en materia de seguridad integral donde se plantea una reestructura al sistema penitenciario, endurece las penas para las llamadas “vacunas.
Fueron 117 legisladores que se pronunciaron a favor de la moción que planteó el legislador, Ramiro Narváez (ID), quien preside la mesa legislativa. Se obliga a las entidades que tienen vinculación con seguridad de coordinar acciones lo que no podrá ser entendido como intromisión o alteración de funciones.
Se anexa un texto al artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tiene relación con el delito de extorsión, donde se establece una pena entre 5 y 7 años y una multa entre 20 y 24 Salarios Básicos Unificados (SBU).
La pena y la multa se intensifican si el delito de extorsión se comete de manera constante y en reiteradas ocasiones, de igual manera si la extorsión a través de “vacunas” se ejecuta con amenaza de muerte, lesión o secuestro.
El delito de robo, también endurece la pena y las multas:
1. Con pena de 5 a 7 años y multa de 20 a 40 SBU si el robo se produce con fuerza en las personas, si se ejecuta con arma blanca, arma de fuego u objetos que la simulen.
2. De 7 a 10 años y multa de 40 a 80 SBU si el delito de robo se comete sobre bienes públicos o incautados que no constituyan material bélico ni sustancias sujetas a fiscalización.
3. Se establece una pena de 10 a 13 años y multa de 80 a 120 SBU, si el delito de robo es sobre material bélico o sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Se replantea la integración del Consejo de Seguridad Pública y del Estado al integrar como parte de ese organismo al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Función de Transparencia y Control Social, al ministro responsable del Sistema Nacional de Inteligencia y al Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de atención integral a adolescentes infractores.
El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Política Criminal formado por quince miembros y presidido por el ente rector de la política criminal y de derechos humanos, responsables de la prevención y combate al delito. Se incluye un representante del frente social.
Para el caso de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre 13 y 16 años de edad, se fija una pena entre 10 a 13 años a quien reclute y los delitos tengan relación con el cometimiento de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo.(EA)