Ecuador enfrenta una ofensiva del crimen organizado con una Fiscalía atada de manos. Hay un déficit de más de medio millar de fiscales, especialmente en las provincias con mayor incidencia de asesinatos y mayor presencia del narcotráfico. Pese a ello, hace casi una década que no se seleccionan nuevos fiscales. Además, los fiscales comienzan a ser asesinados o intimidados.
La naturaleza de los crímenes que azotan al país se transforma y su complejidad aumenta, lo cual demanda una capacitación y actualización permanente. Sin embargo, la Fiscalía depende de los presupuestos y decisiones de otras instituciones. Todo ello suscita un paulatino desprestigio y desmotivación; es cada vez más difícil que nuevos talentos lleguen a este organismo y se ven casos vergonzosos.
En el ordenamiento actual, el Consejo de la Judicatura debería asumir estas carencias; sin embargo, el CJ está entrampado en su propia crisis.
Ante esto, la consulta popular ofrece la posibilidad de la autonomía para Fiscalía y la creación de un Consejo Fiscal; un halo de esperanza.
Una Fiscalía autónoma será más eficiente, más profesional y más ágil; sin embargo, será también más poderosa y, de caer en malas manos, más perniciosa. La autonomía exige especial atención a la conformación del Consejo Fiscal, así como mayor presión para resolver cuanto antes el embrollo del Consejo de Participación Ciudadana. La elección de Fiscal General, en 2025, se acerca; preparar y fortalecer a la institución será una prioridad si la paz está en la agenda nacional.