Es difícil para una sociedad como la ecuatoriana —en la que no existen la pena de muerte ni los juicios sumarios, pero que también vive una angustiante ola de crimen y violencia— juzgar los trágicos eventos del 11 de junio de 2021, cuando dos ciudadanos perdieron la vida a manos del cabo segundo de Policía, Santiago Olmedo.
El caso entraña complicados dilemas para el país, que se han evidenciado en el proceso. La hoja de servicios de Olmedo no revela un hombre de pasado violento ni propenso abusar de su poder. La investigación a nivel administrativo, conducida por la propia Policía Nacional concluyó que el agente respetó en todo momento los procesos y procedimientos para los que fue entrenado. Tampoco se puede ignorar el contexto en el que se dio el hecho —una población indignada por el crimen y la impunidad, y decenas de policías siendo asesinados en su lucha contra el hampa—, ni las simpatías que despierta Olmedo en grandes sectores de la población. Al mismo tiempo, su defensa no ha logrado hasta el momento demostrar que un desenlace tan sangriento como el que se suscitó haya sido verdaderamente inevitable.
Irónicamente, la misma Justicia —laxa y desprestigiada— cuyo accionar errático y dudoso al lidiar con los presuntos delincuentes ha contribuido a la sensación generalizada de impunidad y corrupción, adopta una postura intransigente y de máxima rigurosidad hacia Olmedo. Otros, en cambio, le apuestan a un indulto —irremediablemente polarizante e incendiario— de parte del presidente Guillermo Lasso.
Independientemente de cuál sea la decisión final, este caso debe servir para motivar reformas que doten de coherencia al combate al crimen e impliquen una declaración clara de parte del Estado de los términos en que se librará esta lucha.