Desde que, en la práctica, el Estado cedió el control y la administración de las cárceles al crimen organizado, los ecuatorianos hemos tenido que habituarnos a lo intolerable. Las investigaciones de los asesinatos por encargo concluyen a lo sumo con alguno de los autores materiales sentenciados y un lapidario “la orden vino de la cárcel”, lo que equivale a decir que es imposible dar con el mentalizador. Terminar tras las rejas, por el motivo que sea, conlleva pagar una elevada cuota extorsiva. Es común que un preso ‘aparezca colgado’, que se incauten armas largas —imposibles de ingresar sin complicidad— o que se produzcan ‘matanzas carcelarias’ de una atrocidad bestial.
En ese entendimiento perverso, las bandas ponen ‘orden’ a cambio de contar con un santuario criminal y de lucrar a manos llenas de la virtual concesión de un servicio público. A su vez, un Estado incompetente y debilitado se libera de la engorrosa tarea de la administración penitenciaria. A largo plazo, las consecuencias son devastadoras. El estallido de violencia de Brasil y El Salvador se gestionó, en los noventa, en las cárceles, y los ‘pranes’ de Venezuela o la ‘Pandilla de los Números’ de Sudáfrica recuerdan el nivel infernal al que se puede llegar.
Recuperar verdaderamente el control de las cárceles no es un problema de recursos, tecnología ni gente, sino de confianza en las instituciones.
La solución es compleja pero la paz en nuestro territorio no llegará hasta que la sociedad, incluyendo sus élites, aborden el problema de manera integral, acompañando la ley del garrote con educación, salud mental, inversión y empleo.