La consulta popular que se avecina, relativa a la explotación del ITT, muestra el pobre debate nacional alrededor del petróleo. El Ecuador de hoy, con todas sus cualidades y defectos, es producto de 50 años de política pública basada en energía barata que permitió su urbanización, su transformación demográfica y su economía. Y, pese a esto, en el país escasean los defensores de la exploración moderna y la explotación eficiente de hidrocarburos, fundamental para la supervivencia del Estado.
Se quiere impedir, en nombre de una malentendida imparcialidad, que el Estado defienda el ‘no’ en la consulta. Sin embargo, durante las últimas dos décadas, el peor enemigo del petróleo —con adoctrinamiento educativo, campañas como ‘La mano sucia de Chevron’, ministerios hostiles e incluso palabras de desprestigio provenientes de las propias autoridades de hidrocarburos— ha sido el propio Estado. ¿Por qué nadie exigió imparcialidad entonces?
El ITT amasa más de 450 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. El presupuesto del Estado se conforma de tal manera que son recursos como estos los que permitirían la necesaria inversión en salud y educación. Aquellos son recursos de todos los ecuatorianos y, a menos de que el Estado plantee consultar al pueblo si está dispuesto a renunciar a todos esos potenciales recursos económicos, que quedarán bajo tierra mientras los mismos ‘protectores del agua y la naturaleza’ se llenan los bolsillos y los de sus descendientes con recursos de la tala y la minería ilegal en las mismas zonas que dicen ‘proteger’, esta consulta nacerá amañada y si resultado estará cantado.