En el mundo se habla hasta la saciedad de que los datos son el “nuevo petróleo”, la materia prima fundamental que requieren la inteligencia artificial y otros sistemas avanzados de toma de decisiones para elaborar sus productos, educar sus modelos de lenguaje y construir negocios. Pese a ello, Ecuador parece no tomar conciencia de la importancia de este factor.
El marco legal sobre protección de datos se elaboró hace menos de tres años y prevalece una crónica tardanza en la selección y nombramiento de autoridades del ramo. Hay mucho en juego. Una gestión inapropiada de datos implica desaprovechar oportunidades propias de la economía moderna y, al mismo tiempo, la consolidación de amenazas de diversa índole, desde crímenes, extorsiones, estafas o suplantaciones de identidad, hasta fenómenos que amenazan la estabilidad del sistema, como la manipulación política a gran escala o prácticas comerciales reñidas con los principios de competencia.
Es inaudito pero propio del desarme institucional que vive Ecuador, que el Consejo de Participación se tomó casi tres años en designar un superintendente de Protección de Datos. Posesionar a las nuevas autoridades de la Superintendencia, generar reglamentos y jurisprudencia, y educar a la población harían una gran diferencia. Es urgente habilitar cuanto antes los espacios para recibir denuncias ciudadanas. Las empresas, a su vez, deben empezar a tratar a los datos de sus clientes como un activo valioso, que no puede ser compartido a la ligera. No obstante, el cambio actitudinal más importante debe venir de la ciudadanía. La gente debe aprender a valorar y proteger sus datos —información de identificación personal, patrones de consumo, imágenes, historiales, etc.—, en lugar de repartirlos a mansalva. El cambio debe ser a todo nivel, o no servirá de nada.