De concretarse el inminente aumento del Salario Básico Unificado (SBU) en 25 dólares el Gobierno del presidente Guillermo Lasso estaría abandonando su compromiso de construir una economía genuinamente productiva, libre y sincera. Elevar el salario mínimo sería una fuente de inmensa alegría para una reducida minoría, pero en la situación actual se convierte en una medida populista que, por salvar los índices de aprobación del régimen, agrava los problemas económicos estructurales que hostigan a la gran mayoría de ecuatorianos.
Es fácil ser generoso con dinero ajeno. El aumento no golpeará a las arcas públicas, ya que la burocracia goza de sueldos sustancialmente mayores al mínimo. Golpeará apenas a una fracción del sector privado, que hoy hace un esfuerzo titánico para cubrir los costos en salarios de esas 450.000 personas.
Los grandes perdedores serán los trabajadores formales de emprendimientos que apenas alcanzan la subsistencia y, sobre todo, los ecuatorianos que anhelan un trabajo formal, especialmente los jóvenes.
Comparado con la región y otros países análogos, Ecuador es un país con altos costos productivos. Este aumento no ayudará a encaminar la anhelada ‘reactivación’ económica, e impone un nuevo obstáculo a potenciales iniciativas empresariales que hubiesen podido generar empleo.
Sin mejoras de productividad ni crecimiento económico, estos aumentos tienen un mínimo impacto redistributivo y nulo efecto en corregir el desempleo. Si el Gobierno de verdad quiere bienestar y empleo para las 7 de cada 10 personas que trabajan en la informalidad, deberá impulsar la contratación y producción, en lugar de encarecerlas.