A políticos y burócratas parece no importarles los atascos administrativos ni las crisis de gobernabilidad; confían en que, al final de cuentas, la Corte Constitucional lo resolverá todo y limpiará los escombros. Una vez más —con la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y el nombramiento de un presidente temporal para el Consejo de la Judicatura— la CC tuvo que hacerse cargo de un impase entre las fuerzas políticas y las funciones del Estado.
Es ya una mala costumbre: sucedió con la evaluación de jueces, que enfrentó a la Corte Nacional, con el Consejo de la Judicatura y el Cpccs; con el aumento salarial de los maestros, en el que el Ejecutivo se midió con la Asamblea; o con el aborto por violación, entre muchos otros casos de estrepitosa parálisis política.
La CC no es un árbitro que resuelve sanas divergencias de criterios jurídicos que nazcan de la actividad pública, sino el habilidoso mecánico que busca mantener andando a un sistema repleto de fallas. A estas alturas —sin caudillos que impongan gobernabilidad ni arreglos bajo la mesa que la compren— ya son inocultables los graves problemas de diseño del Estado que entraña esta Constitución, así como la paupérrima cultura de negociación y construcción de consensos de nuestros políticos. Pero mientras siga la constante intervención tutelar de la CC, eso no cambiará.
Si el país sigue imponiendo a la CC ese rol desproporcionado para el que no fue creada, tarde o temprano esta también se verá halada al torbellino del desprestigio. Hay que enfrentar los verdaderos problemas.