La Corte Constitucional se ha pronunciado en dos ocasiones. En ambas pide al Estado reparar a los jueces, fiscales, secretarios y defensores públicos destituidos en procesos irregulares.
Los 26 jueces y conjueces nacionales, destituidos tras no aprobar un proceso de evaluación en 2019, no están conformes con lo resuelto por la Corte Constitucional (CC). En un dictamen, el máximo organismo de la justicia ecuatoriana ordenó al Estado reparar económicamente a los magistrados cesados, debido a irregularidades en el reglamento que se utilizó para evaluar su desempeño.
Al juez Richard Villagómez le faltaba un año y cuatro meses para completar los nueve años que permite la ley en el cargo de juez nacional. Él se sometió a la evaluación del Consejo de la Judicatura y no alcanzó los 80 puntos requeridos.
Los otros 25 destituidos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad al proceso que terminó con sus destituciones. Dos años después, la CC indicó que la evaluación realizada por la Judicatura no respetó los tiempos establecidos en la Constitución y eso la hizo “incompatible con la seguridad jurídica”.
El Art. 182 de la Carta Magna indica que la Corte Nacional de Justicia estará integrada por 21 jueces, “que serán designados para un periodo de 9 años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años”. Los juristas destituidos indicaron que el CJ no respetó esos tiempos.
La Corte Constitucional ordenó la reparación material a los 26 magistrados, pero Villagómez cree que se lesionaron otros aspectos. “Esto va más allá de la reparación. Por ejemplo, ya es necesario que se cumplan los estándares internacionales para mantener la independencia en la justicia”. El lunes se realizará una rueda de prensa sobre este caso en el que se dará más información, indicó la exjueza Silvia Sánchez.
¿Cómo se los va a indemnizar?
Los exmagistrados no han recibido una llamada de los vocales del CJ para conocer cómo será la reparación material, pero en el propio fallo de la CC se establecen parámetros para la compensación.
“Se tomará en cuenta la remuneración percibida al momento de la remoción y el tiempo que le faltaba a cada reclamante para cumplir tres años en funciones, desde su designación”, indica la resolución.
Villagómez considera que a él no le tocará ninguna reparación porque llevaba siete años en el puesto. Junto con los otros jueces buscarán interponer una acción ante organismos internacionales por las irregularidades cometidas en su contra.
Los sentenciados no podrían reclamar
Desde el correísmo hubo voces que indicaban que con la resolución de la CC, aprobada el 21 de diciembre de 2021, se podrían impugnar las decisiones que tomaron los jueces nacionales. Así se podría declarar nulo, por ejemplo, lo actuado en casos de corrupción en los que fueron sentenciados el expresidente Rafael Correa o el exvicepresidente Jorge Glas.
Sin embargo, en el propio fallo se aclara que la sentencia de la Corte Constitucional no incide en los procesos que se usaron para elegir a los reemplazantes de los jueces destituidos.
El constitucionalista Ismael Quintana, añade que la decisión adoptada por la Corte “no significa que los procesos penales llevados por los jueces de la CNJ sean nulos”
La Judicatura dice que todo lo actuado es válido
La CJ se pronunció sobre la resolución del máximo organismo de justicia en el país. Ahí indicó que la Corte Constitucional reconoció “plenamente las competencias y atribuciones” que la Judicatura tiene para evaluar. Además, indica que “todo este proceso fue resuelto de la voluntad expresada en la consulta popular del 4 de febrero de 2018”. Y que el fallo ratificó la legitimidad, constitucionalidad y resultados de las evaluaciones” del 2019.
208 funcionarios judiciales destituidos en el correísmo
Ecuador ha tenido otras experiencias de intervención en la justicia. El Consejo de la Judicatura destituyó, desde el 2010 hasta el 2018, a 208 funcionarios judiciales por error inexcusable y negligencia.
Ambas figuras fueron criticadas por juristas porque indicaban que daba paso a destituciones de jueces que iban en contra del interés del poder político. La Corte Constitucional se pronunció al respecto el 29 de julio del 2020. En una resolución dijo que ya no se podría destituir a jueces, fiscales y defensores públicos por negligencia, dolo y error inexcusable (aplicación errónea de la ley) sin antes contar con la orden de un juez superior al funcionario denunciado.
Además, indicó en esa ocasión que la resolución tiene efectos retroactivos; es decir, que quienes fueron separados por estas figuras podrían reintegrarse a sus funciones.
| Funcionarios removidos | |
| Periodo | Número |
| 2010-2018 | 208 |
| 2019 | 26 |
| Total | 234 |