En un contexto de amplio descontento entre la población por falta de obra pública, inversión social y endurecimiento de las condiciones de vida, y de un grotesco resurgir del regionalismo en el debate público, el presidente Guillermo Lasso opta, con los cambios en su gabinete, por un pronunciado cambio de rumbo.
Con el nombramiento de Pablo Arosemena Marriott —parte de la tradicional dinastía de eruditos guayaquileños afines al comercio y la democracia liberal, y uno de los principales divulgadores y estudiosos de los fracasos económicos del correísmo—, el Presidente parecería querer poner fin a una época de ordenamiento y austeridad para inaugurar una de crecimiento y prosperidad. Asimismo, se esperaría que los reacomodos en las áreas relacionadas con construcción, obra pública y salud servirán también para, finalmente, ver los resultados abundantes y tangibles que la gente reclama fervientemente en esos ámbitos.
Sin embargo, ni la Constitución ni la composición actual de la Asamblea Nacional —que en teoría representa fielmente al pueblo ecuatoriano en su conjunto y sus preferencias político-ideológicas— permiten la aplicación de un régimen liberal a ultranza como el que el flamante Ministro de Economía y Finanzas ha propuesto a lo largo de su carrera. Igualmente —tal y como aprendió con las matanzas carcelarias y la crisis de seguridad en su antigua gobernación—soluciones teóricamente sencillas no suelen ser de fácil aplicación en la realidad.
Ahora le compete a este renovado Ejecutivo, en nombre de la unidad nacional, sortear estos obstáculos por medio de la negociación y la sensatez, con el mismo apego a la pulcritud de cuentas que ha exhibido hasta ahora.