Ante el alto número de investigadores, jueces y fiscales asesinados en las últimas dos décadas en el país, las conmemoraciones religiosas y los eventos públicos en memoria de compañeros asesinados de las instituciones judiciales tendrían que hacerse a diario. Esto permitiría mantener presente una verdad perturbadora: cualquiera de los funcionarios de la Justicia está en serio riesgo de que le arrebaten la vida.
No se puede reclamar justicia —independiente, objetiva, racional y valiente— cuando los administradores del orden son asesinados a plena luz del día, en una clara muestra de desdén por la fuerza y la legitimidad del Estado. Como país, no podemos exigir comportamiento heroico y temeridad suicida a todos nuestros fiscales, jueces y policías. Existen, sin duda, funcionarios indoblegables e imperturbables, pero sería injusto y pueril esperar que permanezcan inmunes ante la tentación del dinero sucio o amenazas mortales. Urge la aplicación de medidas de protección del personal vulnerable a ataques del crimen organizado.
Esta no es una batalla desconocida que requiera aprender sobre la marcha. Lo que vive Ecuador es apenas un reprise de las macabras tramas que, hace varias décadas, vivieron otros países de la región. El doloroso aprendizaje de esas naciones hermanas dejó un acervo de recomendaciones —como la adopción de un sistema de jueces y fiscales ‘invisibles’ para proteger la identidad de los funcionarios que se enfrentan a estas millonarias organizaciones criminales, o un sistema de indemnizaciones— que deben considerarse cuanto antes.