La recta final del proceso electoral de este domingo 20 de agosto inició la noche de ayer con el debate presidencial y la participación de siete de los ocho candidatos a la presidencia de la República, pues el CNE aún no autoriza al reemplazo de Fernando Villavicencio. Por casi tres horas, los moderadores del debate interrumpieron a ciertos candidatos que usaron su tiempo para hacer campaña o, en ciertos casos, a aquellos que atacaron a su competencia. Como es común, abundaron promesas sin fundamento en las que algunos prometieron fondos para arreglar todo tipo de problemas, desde la falta de acceso de las mujeres al crédito hasta para prescindir de los ingresos en caso de que en la consulta del 20 de agosto, el Yasuní le diga ‘adiós’ a la explotación petrolera.
Una breve dosis de realidad les haría saber a los candidatos, unos más generosos en sus ofrecimientos populistas que otros, la real limitación que tendrá quien ocupe el sillón presidencial. Las promesas de gastar más y manipular el presupuesto del Estado según sus prioridades o intereses son irreales, pues el nuevo gobierno necesariamente deberá actuar con el mismo presupuesto que definió Guillermo Lasso para 2023, además del actual riesgo país que superó los 2.000 puntos en los últimos días y que dificulta el acceso a créditos externos en buenas condiciones.
La realidad presupuestaria no es una camisa de fuerza, pues entrará en juego la habilidad, eficiencia y prioridades del gobernante. Sin embargo, necesariamente se tendrá que reasignar recursos. Quitar a unos para asignar a otros generará un malestar que solo podrá aplacarse si la política pública es integral, el gobernante es inteligente y está preparado, y si existe voluntad articulada para mover la gigantesca maquinaria estatal.