Con su presupuesto para el próximo año, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso se reafirma en una elección ideológica clara: privilegiar la reducción del déficit fiscal, a costa de mantener baja la inversión pública. Como toda decisión, entraña ventajas, pero también tiene un costo.
Un reducción sostenida del déficit fiscal invita a soñar con un futuro de mayor ‘libertad financiera’: menor deuda externa, menos súplicas cada año a organismos multilaterales de dinero para terminar de cuadrar las cuentas y menos maniobras tributarias desesperadas de última hora; un anhelo comprensible en alguien que formó parte de la banca privada.
Una inversión pública deliberadamente baja, a su vez, se asienta en el arriesgado supuesto de que el sector público será capaz, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, de generar iniciativas que traigan el crecimiento económico y la generación de empleo que tan urgentemente se requieren. ¿Está consciente el régimen de cuán dependiente ha sido el sector privado ecuatoriano de la inversión pública y de lo deficiente que siguen siendo en el país los servicios básicos y la infraestructura mínima necesaria para el funcionamiento de una economía moderna? ¿Está convencido de que las Alianzas Público Privadas, empresarios e inversionistas podrán asumir los gigantescos costos que implican proyectos de ese tipo?
Por último, llama la atención que un Gobierno que se suponía distante al estatismo aumente el gasto en sueldos —reducirlos impactaría en una cantidad muy reducida de personas, pero puede resultar políticamente bullicioso y propiciar ineficiencia, a manera de retaliación, de parte de la burocracia—. Así, de cara a 2023, no queda sino cruzar los dedos y esperar, por el bien de todos, que los cálculos del Gobierno resulten correctos.